CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que “todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad pertenecen y deben integrarse al sistema educativo general u ordinario”, sin reglas ni excepciones. Al resolver el amparo en revisión 714/2017 contra la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista y la Ley General de Educación, en respuesta a la queja interpuesta por 137 personas con discapacidad, en 2015, la Segunda Sala del máximo tribunal del país resolvió que cualquier exclusión con base en esa condición “resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional”. Añadió: “En el Estado mexicano no se puede concebir la existencia de dos sistemas educativos: uno regular, para todos los alumnos, y otro especial, para las personas con discapacidad”. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) aplaudió la determinación de la SCJN para avanzar hacia la educación inclusiva y el pronunciamiento que hizo al respecto para “combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos”. “Esta determinación es congruente con el Artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en la que se reconoce el derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, para lo cual los Estados Partes deben asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida”, puntualizó. Tras destacar que los Centros de Atención Múltiple (CAM) y las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) no son opciones de educación regular, sino espacios de Educación Especial “que segregan a las personas con discapacidad”, abundó: “La educación inclusiva debe contar con los ajustes razonables para que las personas con discapacidad participen en las escuelas en igualdad de condiciones”.