En Guanajuato, las víctimas no titubearon para exponer sus historias de desaparición ante equipo de AMLO

jueves, 4 de octubre de 2018
LEÓN, Gto., (apro).- No fue circunstancial que el estado de Guanajuato, en particular esta ciudad, fueran elegidos como sede para uno de los foros articulados por integrantes del próximo gobierno federal para la reconciliación y la pacificación nacional. Si esta entidad ocupa hoy el primer lugar en la escala nacional de homicidios dolosos y violencia, el camino para llegar a esa funesta cumbre se comenzó a andar hace años, y así lo dejaron de manifiesto, fuerte y claro, las voces que resonaron en este foro, celebrado en un recinto de la Universidad de Guanajuato, armado por organizaciones de la sociedad civil, activistas y académicos. A la par de los testimonios sobre la desaparición de guanajuatenses en diversas circunstancias, también se puso en evidencia la falta de capacitación, herramientas legales, protocolos y voluntad de los distintos niveles de autoridad para investigar los casos, interactuar con los ofendidos, víctimas o familiares. Bueno, a veces ni para recibir una denuncia o abrir una carpeta de investigación, dijeron personas afectadas. A convocatoria del Observatorio Ciudadano de León y su presidente, Luis Alberto Ramos, activistas y académicos se involucraron en el acercamiento a familiares de personas desaparecidas y víctimas de delito. “No ha habido espacios en Guanajuato para que las víctimas cuenten su historia, y menos de manera colectiva”, reconoció Raymundo Sandoval, académico y defensor de derechos humanos que participó por invitación del Observatorio, y en la organización también se sumó el Consejo Coordinador Empresarial de León. “Hubo un taller preliminar para escuchar los testimonios y generar condiciones para que las familias tuvieran confianza y decidieran si querían o no participar. Más allá de resultados o metodología, fue muy importante que las familias se sintieran involucradas en estos espacios y tuvieran contacto con movimientos similares o civiles en el estado y a nivel nacional”, explicó Sandoval. Con este preludio, en el encuentro de hoy no hubo titubeos para quienes dieron sus testimonios y encararan sus propias historias; relataron cómo sus vidas y las de sus familias cambiaron desde 2010, 2011, 2017, o en este mismo año. Sin una Ley estatal de desaparición forzada de personas, una comisión estatal de atención a víctimas o un fondo de reparaciones, o medidas integrales de reparación, los familiares y ofendidos se encuentran en Guanajuato con “una múltiple victimización durante los meses y años en los que nuestras vidas se han convertido en un calvario de burocracia, indolencia, falta de interés por parte de las autoridades y satanización por parte de los gobernantes, en sus discursos antes los medios de comunicación”, como dice una carta que en ocasión del foro, entregaron a Loreta Ortiz, coordinadora de las consultas públicas en esta transición gubernamental federal, dirigida al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. “El Congreso (del estado) no lo ha hecho (la armonización con la Ley general de desaparición forzada de personas); por tanto, no se ha creado la comisión estatal de búsqueda, lo que dificulta el acceso a la justicia a nuestras familias”, exponen en esta carta enviada al presidente electo. Micrófono en mano, se presentaron tres casos que involucran a decenas, quizás cientos de personas en distintos rumbos del territorio guanajuatense: San Luis de la Paz, en el norte; León, en la región centro-occidente, y Acámbaro, en el sur. El 21 de marzo de 2011, 23 migrantes salieron en autobuses de Dolores Hidalgo y San Luis de la Paz con rumbo a Estados Unidos para buscar trabajo y no se volvió a saber de ellos en estos municipios que forman parte de la región más pobre del estado. Desde entonces, como en cada caso –los que se saben y los que no-- similar en cada punto del país, esposas, padres e hijos de los desaparecidos esperan saber de ellos, mientras se topan con intervenciones de las autoridades que a veces les saben a burla. Pasaron cinco años y se necesitó de la intervención de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fundem) para que la mayoría de los familiares directos fueran incorporados al Registro Nacional de Víctimas, con las consabidas trabas burocráticas para gestionar apoyos. “La Procuraduría General de la República ha hecho esperar durante siete años a los familiares de estos 23 migrantes desaparecidos; sus esposas y madres presionan en las investigaciones, que son inconsistentes y contradictorias. Fue hasta la tercera ocasión que acudieron a iniciar la denuncia, que se abrió el expediente por parte de las autoridades”, se relató. Sobre este caso, la carta dirigida a López Obrador consigna que en una ocasión “el agente investigador nos citó para 'entrega de cuerpos'. Cuando nos presentamos los familiares a la cita, primeramente, nos pidió reconocer algunas prendas de vestir, sin embargo, nuestra pregunta hacia él fue: 'si nos van a entregar cuerpos supuestamente calcinados, ¿cómo es que las prendas de vestir existen y no están carbonizadas?'". El notable nerviosismo del agente nos hizo deducir que solamente estaba buscando la forma de dar “carpetazo” al caso, la diligencia se canceló y el caso aún sigue sin resolverse”. A este testimonio siguió el de un familiar del grupo de comerciantes de calzado leoneses que un día de diciembre de 2010 viajaron a Zacatecas a practicar la cacería; fueron interceptados por policías del municipio de El Plateado de Joaquín Amaro y presuntamente entregados por éstos a un grupo criminal en una gasolinera cerca de la capital. Y los desaparecieron. Del grupo original de 10 cazadores, dos lograron regresar –uno de ellos fue liberado por ser menor de edad--. “Hasta la fecha, más de siete años después, no se ha dado con el paradero de los desaparecidos, a pesar del apoyo del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez AC y peticiones directas al entonces gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, inclusive la entrevista en marzo de 2013 por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que visitó el país”. Las procuradurías guanajuatense y zacatecana dieron algunos indicios y hablaron de una investigación coordinada, que en los hechos no dio respuesta a las familias. El siguiente testimonio habló en presente. Se sitúa en Acámbaro, municipio del sur colindante con Michoacán, donde en los últimos años los casos de desapariciones y asesinatos se han multiplicado exponencialmente. Una representante del Observatorio Acambarense de Derechos Humanos “Fray Raúl Vera” narró cómo desde fines de agosto, el párroco del templo de la colonia San Isidro ha instaurado “misas callejeras” para llamar a la paz y acompañar a las víctimas de violencia, visitando puntos específicos de la colonia San Isidro, donde se han registrado la mayoría de eventos de violencia que han dejado 80 muertos en el último año. “Ahí, familiares han expresado su dolor, acompañados por un grupo interdisciplinario a raíz del crecimiento exponencial de casos”, formado por el propio observatorio. Y es que en los últimos meses –contó la representante del observatorio-- Acámbaro ha vivido una serie de enfrentamientos entre delincuentes, al menos cuatro víctimas colaterales: una mujer comerciante, una pequeña niña, un panadero muy conocido y una joven, recientemente asesinados en vía pública. “El número de homicidios ha crecido y han aparecido cuerpos enterrados en algunos puntos de la ciudad; los enfrentamientos han escalado en violencia, narcomantas, tiroteos”, por lo que ante los representantes del próximo gobierno pidió la intervención de las autoridades. Al final, nombró algunas de las personas desaparecidas en esta región, de una lista “que crece al paso de los días”: Carlos Antonio Ramírez García, de 40 años, desapareció hace aproximadamente un año; Julio César Gasca Mata, de 25, en abril; Rogelio Antonio Martínez Ávila, de 25, del 24 de octubre de 2017 en Apaseo el Grande; Mayté Trujillo Hernández, de 19, desapareció en abril de este año; Esperanza Moreno Ortiz, de 33, originaria de Jerécuaro, pero con familiares en Acámbaro, tiene un tatuaje con la leyenda “Siempre habrá esperanza”; Mario Arturo Aboytes López, Chacho, de 27 años, de Salamanca, desaparecido el 29 de agosto de este año. “Deseamos –dijo la mujer, y desde el auditorio las cabezas asintieron-- que regrese la paz a nuestros hogares y a nuestros pueblos”.

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