CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Santiago Nieto Castillo, el futuro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), criticó hoy las actuaciones y declaraciones recientes de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre algunos de los casos más sonados de corrupción que mancharon el sexenio de Enrique Peña Nieto, entre ellos Odebrecht, Ayotzinapa, Javier Duarte de Ochoa o César Duarte. “Han sido muy desafortunadas las últimas salidas de la PGR”, deploró el exfiscal electoral, después de concluir una presentación sobre el lavado de dinero en México. En el caso de la empresa brasileña, Nieto sostuvo que “en todo caso no se puede responsabilizar a Brasil si hay malas peticiones por parte de México”, y recordó que en la próxima administración se enviará un mensaje de “cero tolerancia y cero impunidad”. -¿(Emilio) Lozoya puede estar tranquilo…?, se le preguntó. “…de que se aplicará la ley”, contestó Nieto, quien denunció presiones por parte del exdirector de Pemex --señalado por exdirectivos de Odebrecht por recibir 10.5 millones de dólares de sobornos-- cuando dirigía la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). Aunque anunció que no haría declaraciones sobre el caso de la empresa brasileña –“van a decir que estoy ardido”, dijo--, Nieto saludó la decisión del del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de obligar la PGR a transparentar los avances sobre la investigación. Respecto a la desaparición forzada de los 43 normalistas de la escuela normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Nieto criticó la negativa de la PGR en integrar una Comisión de la Verdad, como le ordenó un tribunal colegiado de Reynosa, en Tamaulipas. “Es no entender el sentido del voto ciudadano mexicano el señalar que no exista esta comisión de la verdad”, dijo. Cuestionado por Apro sobre la actuación de las autoridades respecto al exgobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, Nieto deploró que la PGR haya solicitado resolver el asunto mediante un proceso abreviado, con lo que renunció a la posibilidad de llegar a un juicio oral. Gracias a este procedimiento abreviado, el priista fue sancionado con una multa irrisoria de 58 mil pesos y el decomiso de una cuarentena de inmuebles. “Me parece que es insuficiente para garantizar la reparación del daño de 34 mil millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado”, opinó Nieto. Respecto a los desvíos durante la administración de César Duarte Jáquez en Chihuahua, Nieto recordó que la fiscalía estatal emitió 14 órdenes de aprehensión y la FEPADE otra, pero echó la responsabilidad a Alfredo Elías Beltrán, el titular de facto de la PGR –aunque sin título formal—sobre la falta de avances. “Que no lo haya hecho el encargado de despacho de la PGR (Elías Beltrán), él tendrá que ser el responsable por sus omisiones. Tendrá que decir por qué no lo ha hecho, o por qué no lo ha hecho del conocimiento público”. Lavado generalizado Minutos antes, durante una conferencia que dio en la sede del INAI, Nieto recordó que, en México, el lavado de dinero permanece en la impunidad casi absoluta, y ello a pesar de que se lavan más de 56 mil millones de pesos en el país. Explicó que, entre 2017 y 2018, la PGR sólo abrió 22 carpetas de investigación por este delito, y recuperó apenas 800 millones de pesos; y subrayó que la falta de recursos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) limitan sus capacidades de investigación, pues vigiló apenas al 0.2% de las empresas registradas en el país. Nieto resaltó que, para combatir la corrupción y el lavado de dinero, la atención debe centrarse en las empresas fantasmas, que fueron utilizadas para desviar decenas de miles de millones de pesos del erario en las administraciones estatales de Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo o Nayarit, pero también en las gestiones de Rosario Robles Berlanga al frente de la Sedesol y la Sedatu. “Son las que se usaron en los gobiernos estatales corruptos para financiar campañas electorales”, insistió. Para luchar contra el lavado, Nieto propuso incorporar la UIF, la FEPADE y el SAT en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero también a redoblar esfuerzos para identificar a los llamados “beneficiarios finales” de las estructuras de lavado; es decir, los titulares de las cuentas bancarias en las que el dinero lavado termina su camino.