CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre casos ocurridos en Quintana Roo y la Ciudad de México serán cumplidas a cabalidad, indicó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este jueves, la CNDH detalló las recomendaciones 40/2018 y 41/2018. La primera se refiere a un caso de violación al derecho a la protección de la salud, ocurrido en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1, en Chetumal. La segunda-41/2018- es sobre un caso de violación al derecho al trato digno, a la información veraz y oportuna, así como a la seguridad jurídica de una mujer, sucedido en la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México. Ante mencionados casos, el IMSS recalcó que, al tener conocimiento de lo ocurrido, tomó diversas medidas preventivas, a fin de evitar hechos similares. La dirección general del Instituto instruyó a las oficinas centrales, a la delegación en Quintana Roo y a la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, el cumplimiento de todos los puntos de su competencia contenidos en la recomendación. Además, reforzar la capacitación al personal institucional en la unidad médica involucrada, en materia de derechos humanos, con apego a las normas nacionales e internacionales. Los casos Según la CNDH, en 40/2018 se consideraron violaciones al derecho humano a la protección a la salud, a la afectación y pérdida del producto de la gestación, a la integridad personal, a la libertad y autonomía reproductiva, a una vida libre de violencia obstétrica, al acceso a la información en materia de salud y al acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia, atribuibles a servidoras públicas del IMSS en Chetumal y de la Fiscalía General de esa entidad. En la segunda, violaciones al derecho al trato digno e información veraz y oportuna, de seguridad jurídica en agravio de la víctima y la falta de respeto y consideración del producto en gestación atribuible al personal médico del Hospital La Raza. Las recomendaciones fueron dirigidas al director del IMSS, Tuficc Miguel Ortega, y al fiscal interino de Quintana Roo, Gustavo Salas Salgado. En cuanto al expediente 40/2018, el organismo refiere que servidores públicos que atendieron a la víctima durante su control prenatal, a partir de marzo de 2014, “condicionaron las complicaciones que presentó en el último mes de embarazo”, agravado por la negación del personal médico a realizarle una cesárea desde su ingreso, para garantizar la vida de la madre y el producto, en noviembre de ese año. Las omisiones del personal médico ocasionaron que la víctima presentara “desprendimiento prematuro de placenta y la subsecuente pérdida de producto de la gestación por el trabajo de parto prolongado”, indicó el organismo. El caso fue denunciado en su momento ante la entonces Procuraduría Estatal de Justicia de Quintana Roo, pero el personal no remitió la averiguación previa a la Procuraduría General de la República (PGR), sino hasta dos años después “de inactividad procesal, aunado a que no les reconoció a los denunciantes su calidad de víctimas, lo que les generó perjuicio al haber hecho nugatoria la posibilidad de justicia a su favor”. La recomendación 41/2018 está relacionada con la queja presentada el 14 de octubre de 2015 por un hombre, a cuya esposa de 26 años, con embarazo de 26 semanas, “no se le dio atención médica adecuada en el Hospital La Raza”, y quien falleció el 19 de octubre del año anterior. De acuerdo con la investigación, la mujer falleció de neumonía atípica, por lo que perdió a su hija, ante lo cual “el padre autorizó la necropsia; sin embargo, no le fueron aclaradas sus dudas ni se le explicó el contenido del documento ‘autorización de estudio post mortem’”. Medidas En cada una de las recomendaciones, la CNDH instruyó al director general del IMSS a “reparar de manera integral los daños a las víctimas (…) que incluya compensación justa y suficiente, así como atención psicológica y tanatológica, y que sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas”, todo en apego a la Ley General de Víctimas. Al funcionario se le recomendó que “diseñe e imparta capacitación al personal médico y de enfermería del Hospital General 1 (de Chetumal) sobre derechos humanos, ‘mala praxis’, emergencias obstétricas, responsabilidad profesional, trato digno a las pacientes, atención del recién nacido y observancia de las Normas Oficiales Mexicanas, cuyos manuales y cursos deberán estar disponibles en forma electrónica y en línea para ser consultados con facilidad”. La CNDH sugirió que se “adopten medidas para garantizar que los expedientes clínicos que se generan con motivo de la atención médica se encuentren debidamente integrados y se exhorte al personal médico de ambos nosocomios, se sometan al proceso de certificación y recertificación ante los Consejos de Especialidades Médicas para brindar un servicio médico adecuado y profesional”. En el caso del hospital de Chetumal, se pide que se gestione con las autoridades correspondientes para que “cuente con instrumentos, equipo, medicamentos, personal médico que garantice el disfrute de derecho a la protección de la salud de las y los derechohabientes con calidad”. Al director del IMSS, la CNDH le pidió su colaboración para que prosperen la quejas que el organismo presente ante el Órgano Interno de Control del instituto, “contra el personal médico involucrado en ambos casos, así como en las denuncias de hechos, ante el Agente del Ministerio Público de la Federación en contra del personal médico involucrado y quien resulte responsable”. El organismo pidió la colaboración del fiscal interino de Quintana Roo “en la presentación y seguimiento de la queja que se formule ante la Fiscalía General Adjunta de la Visitaduría contra un agente del Ministerio Público y el personal que integró la carpeta de investigación” relacionada con la recomendación 40/2018. A la Fiscalía estatal se le pide capacitar al personal “sobre derechos humanos en materia de procuración de justicia, derechos de las víctimas y competencia, para prevenir hechos similares”, y que el material respectivo esté accesible en forma electrónica y en línea. El organismo notificó a las autoridades a las que van dirigidas las recomendaciones, los nombres de los servidores públicos involucrados, en un documento anexo.