CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 328 votos a favor de Morena, PES y PT, 118 abstenciones del PRI y el PAN, y 18 votos en contra del PRD, la Cámara de Diputados aprobó facultar al Ejecutivo federal para que conforme “comisiones presidenciales” que investiguen, fiscalicen o den seguimiento a hechos donde se hayan violentado los derechos humanos. La reforma de ley aprobada modifica el artículo 21 de la Ley Orgánica de la administración Pública Federal, y con ello Andrés Manuel López Obrador podrá crear tres tipos de comisiones: presidenciales, consultivas e intersecretariales. En dichos entes podrán participar especialistas y representantes de la sociedad civil o de reconocida experiencia “designados por el presidente de la República”. También se incluirá a exservidores públicos y en activo de otros poderes u órdenes de gobierno. Por ejemplo, en las comisiones presidenciales se dará paso a la creación de una comisión de la verdad para esclarecer qué ocurrió con los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. Las consultivas tendrán como tarea resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema especificado en el objeto de su decreto de creación. “Estas comisiones podrán ser ubicadas dentro de la estructura de una dependencia del Ejecutivo y sus conclusiones no serán vinculantes”. En este caso podrían caber consultas como la anunciada para la construcción del Tren Maya. Por su parte, las comisiones intersecretariales serán creadas por el presidente de la República para despachar asuntos en los que deberán intervenir varias secretarías de los distintos estados. Este tipo de comisión ya las contemplaba el artículo 21 de la citada ley, por ejemplo, la que se creó para la pacificación en Chiapas o la que buscó esclarecer el magnicidio contra Luis Donaldo Colosio. También la que se conformó para pacificar Michoacán o la encargada de organizar el bicentenario del inicio de la Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana. Al argumentar en contra, el panista Jorge Galván dijo que ningún poder, “ni el Legislativo, ni el Judicial, deben estar supeditados al presidente de la República”. Manifestó su acuerdo en el esclarecimiento de hechos, pero la reforma, añadió, tiene inconsistencias. “No es, ni debe el Ejecutivo la cabeza del Legislativo. No podemos ser subordinados del Poder Ejecutivo ni tampoco el Poder Judicial lo debe ser. Estamos a favor de la verdad, pero en contra de la subordinación, por eso el PAN votará en abstención. Nosotros nos somos subordinados de López Obrador ni de Enrique Peña Nieto”. En forma similar se pronunció la fracción del PRI en voz de Ricardo Aguilar Castillo, que también se abstuvo: “Estamos a favor de la democratización, sin embargo, queda claro que las organizaciones de la sociedad civil y los demás serán instrumento de legitimación. Por decreto acatarán las decisiones del presidente. Ésta es una más de las contradicciones que ha propuesto el partido político mayoritario, donde aprueban una ley para la austeridad, pero con esto demandarán más recursos públicos”. El PRD fue más directo y el único partido que votó en contra. Claudia Reyes Montiel expresó que las comisiones de la verdad deben ser encabezadas por la sociedad civil y no por el Ejecutivo Federal. “Aquí se abre la puerta para que los amigos del presidente tengan derecho a recursos federales y no ser sujetos de investigación, pues no están bajo la ley de los servidores públicos. Amiguismo a cambio de influir en licitaciones. Es lamentable que el grupo mayoritario se imponga, por eso el PRD votará en contra, no a favor de que los integrantes tengan influencia alguna sin ser funcionarios”, apuntó. Movimiento Ciudadano (MC), a través de Martha Tagle, respaldó la reforma, pero presentó modificaciones que fueron rechazadas. En defensa de los cambios, Pablo Gómez subió a tribuna y aclaró que comisiones siempre ha habido, pero hoy lo que se pretende es la base legal para crear comisiones y esclarecer hechos. El Ejecutivo estaba a la defensiva cuando lo criticaban y actuaba como tapadera, pero ahora “queremos poner las cosas al revés”. El presidente, abundó, “está obligado a esclarecer y a traer especialistas que contribuyan a ello. Entiendo que les cause escozor”. Y cerró adelantando que la Comisión de Puntos Constitucionales darán un paso más: hacer que las comisiones de investigación de la Cámara de Diputados también tengan facultades de investigación como los ministerios públicos. “Y el presidente Andrés Manuel López Obrador no será tapadera de nadie”, lanzó Gómez. Al final se rechazaron todas las propuestas de cambio que presentó la oposición y se avaló la modificación al artículo 21 de la citada ley, con 328 a favor, 118 abstenciones y 18 en contra.