Aprueban en el Senado nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República

jueves, 15 de noviembre de 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con 70 votos a favor de las bancadas de Morena, PT, PES y Partido Verde, 47 en contra de los legisladores del PAN, PRI, MC y PRD, y cero abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que sustituye a la actual Procuraduría General de la República (PGR), y crea cuatro fiscalías especializadas: de Derechos Humanos, Delitos Electorales, Combate a la Corrupción y Asuntos Internos. La nueva ley establece que serán funciones del fiscal general investigar y perseguir los delitos, ejercer acción penal, procurar la reparación del daño a las víctimas, adoptar y, en su caso, promover la adopción de medidas de protección a favor de las víctimas, testigos u otros sujetos procesales. También podrá intervenir en el proceso de ejecución penal, en acciones de extradición activa y pasiva, así como en acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. El nuevo fiscal general deberá elaborar un Plan de Persecución Penal que establecerá prioridades nacionales establecidas en la política criminal para orientar las atribuciones institucionales, así como los objetivos de la Fiscalía en el corto, mediano y largo plazo. Su nombramiento quedará sujeto a lo estipulado en el artículo 102, Apartado A, de la Constitución, es decir, el Senado contará con 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos que enviará al Ejecutivo federal, quien tendrá 10 días para formular una terna que regresará al Senado para que el pleno elija al fiscal general. La nueva Ley Orgánica establece que el titular de la Fiscalía General sólo podrá ser removido por el presidente de la República por incumplir de manera reiterada los fines institucionales; por participar, tolerar, consentir o apoyar graves violaciones a los derechos humanos, o cometer violaciones graves a la Constitución. Se creará una coordinación general de la Fiscalía General, que faculta a este coordinador para suplir al fiscal general en sus ausencias, y representará legalmente a la Fiscalía en los asuntos jurídicos de acciones promovidas en su contra. Este coordinador tendrá el poder de coordinar y colaborar con entidades gubernamentales, nacionales e internacionales, para esquemas de seguridad de las víctimas, testigos y otros sujetos procesales. La Fiscalía General contará con un Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes. Durará en su encargo cuatro años y podrá ser designado para un periodo inmediato posterior. Tendrá un Consejo Ciudadano como órgano especializado de consulta, de carácter honorífico, y emitirá recomendaciones. Será integrado por cinco ciudadanos que desempeñarán este encargo por cinco años. Además de las cuatro fiscalías especializadas, la Fiscalía General tendrá tres coordinadores: de Investigación y Persecución Penal; otra de Métodos de Investigación, y una de Planeación y Administración. Debate Legislativo En la discusión, las bancadas del PRI, PAN y PRD argumentaron que no se le otorga plena autonomía al futuro titular de la Fiscalía General porque dependerá del próximo presidente de la República, quien mantendrá la facultad de remover al titular. Por su parte, los legisladores de Morena, PT y Partido Verde insistieron en la necesidad de contar con un fiscal general con un ejercicio profesional de carrera y sentar las bases para una lucha contra la inseguridad y contra la corrupción, ya que este debate se retrasó durante cuatro años. En tribuna, la exministra y actual senadora Olga Sánchez Cordero, de Morena, afirmó que aprobar esta nueva ley es restablecer el Estado de Derecho, y que en el proceso de deliberación del dictamen se escuchó a las instituciones académicas, a las organizaciones civiles y a los especialistas. La exministra fue aplaudida de pie por la mayoría de los legisladores cuando afirmó que “la nación ya no tolera más indiferencia ni negligencia en esta institución, sumamente sensible para nuestro país”. Subrayó que no se podía dar prioridad a negociaciones políticas, ignorando las necesidades del país y sin escuchar a la sociedad civil. Sentenció que la nueva Fiscalía General no será instrumento “de persecución contra adversarios políticos”. El senador Emilio Álvarez Icaza, independiente, insistió en la necesidad de ir a una reforma al artículo 102 constitucional, “porque si no tenemos una fiscalía federal y autónoma, sin la intervención del presidente, se va a reproducir este modelo en los estados”. A nombre del Partido Encuentro Social, la senadora Sasil de León aseguró que este nuevo modelo de fiscalía es “flexible”, y consideró que los argumentos en contra no tienen argumentos de fondo. El excandidato perredista a gobernador del Estado de México y actual senador, Juan Zepeda, afirmó que no se puede aprobar esta ley orgánica sin reformas al 102 constitucional. Consideró la iniciativa como “una simple simulación”. En su turno, Miguel Ángel Mancera, exjefe de Gobierno capitalino y actual senador del PRD, reprochó que no hay autonomía porque el presidente de la República podrá remover al titular de la Fiscalía General. Lamentó que no se tomaron en cuenta las recomendaciones del Instituto Nacional de Ciencias Penales y que no existe claridad en cómo van a regular la relación con la policía de investigación. El Partido Verde apoyó la iniciativa, y en tribuna Israel Zamora afirmó que ya hay un retraso de cuatro años en este nuevo modelo y que el dictamen establece un plan de persecución penal que reorientará los recursos humanos, materiales y financieros para dar prioridad a las situaciones que más transgreden a la sociedad. En contra del dictamen, el senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano, afirmó que se traslada el personal de la PGR a la Fiscalía General “con vicios, cuotas y compadres” y que sólo cambia el nombre. Criticó que no se incluyan las nuevas tecnologías, tratados e intercambio de datos. En nombre de la bancada del PRI, Claudia Anaya consideró que el fiscal general no debería tener la atribución de remover a los fiscales especiales ni a los coordinadores e integrantes del Consejo Consultivo. Recordó la demanda de las organizaciones ciudadanas que querían plena autonomía. Por su parte, el panista Damián Zepeda consideró que la Fiscalía General es la institución “más importante” para combatir la inseguridad, la corrupción e impunidad, y para que realmente funcione requiere “blindar todo el andamiaje institucional con independencia”.

Comentarios