CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó sus reservas respecto del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 presentado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sobre todo lo relativo a la Guardia Nacional. En un comunicado, la CNDH demandó que el proyecto del futuro gobierno desarrolle la prevención y el fortalecimiento de las instituciones civiles como responsables de la seguridad pública, al señalar que el plan presentado el miércoles enfatiza acciones reactivas, basadas en el uso de la fuerza y con la intervención de las Fuerzas Armadas. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, consideró positivo que el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 incluya diversos puntos de carácter preventivo en materia de seguridad pública y reconozca como premisa el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, declaró, es preciso que se enfatice el papel esencial que las autoridades civiles deben tener al respecto y se prevenga la subordinación de autoridades civiles a militares. González Pérez fijó su postura al término de la inauguración del congreso nacional “Logros y Retos de los Derechos Humanos. A 70 años de la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, que se celebra en Querétaro. Señaló que en el documento que se hizo público se enfatizan acciones de carácter reactivo y sustentadas en el uso de la fuerza “como la creación de una Guardia Nacional que, mayoritariamente, estaría conformada por elementos de las Fuerzas Armadas, lo cual sería incompatible con la intención que se ha declarado en reiteradas ocasiones de fortalecer a las instituciones civiles de seguridad pública y dejar en manos de las mismas esta materia”. González Pérez planteó que el abatimiento de prácticas violatorias a los derechos humanos  –como ejecuciones arbitrarias, desapariciones y tortura–  no se puede garantizar con la sola creación de nuevos organismos como sería la Guardia Nacional que se propone. Consideró necesaria una política integral que, de conformidad con lo previsto por la Constitución y los estándares internacionales, haga que la seguridad pública sea responsabilidad, tanto administrativa como operativa, de autoridades civiles. Al respecto, el presidente de la CNDH llamó la atención sobre la necesidad de que se considere un plan específico para la revisión, capacitación y operación de las policías civiles en los distintos ámbitos y órdenes de gobierno, cuestión que el Plan Nacional no incluye. “Privilegiar esquemas reactivos sustentados en el uso de la fuerza no contribuirá a la pacificación del país ni al abatimiento de la violencia. La paz no se puede construir con sustento en el uso de la fuerza y el debilitamiento de las autoridades civiles”, aseveró González Pérez, de acuerdo con el comunicado. Apoyan invalidación de la Ley de Seguridad Tanto la CNDH como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) expresaron su reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la invalidación de la Ley de Seguridad Interior. La Comisión destacó que el máximo tribunal hiciera eco de los argumentos contenidos en las acciones de inconstitucionalidad que se promovieron contra la ley, entre ellas la de la propia CNDH, así como de las opiniones de grupos civiles. En un comunicado aparte, el comisionado del Inai, Francisco Javier de Acuña Llamas, recordó que ese instituto también impulsó la acción de inconstitucionalidad y saludó que la SCJN les haya dado la razón. Recordó la preocupación sobre las potestades que esa ley daba a las autoridades policiacas para recabar información de particulares sin controles precisos.