CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No es lo mismo el borracho que el cantinero”, expresó en forma jocosa René Juárez, coordinador de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, ante la decisión del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de mantener la participación del Ejército en materia de seguridad. “Ya sabrán qué hacer, no es lo mismo ser el borracho que el cantinero”, comentó, para luego celebrar la determinación del próximo gobierno y sostener que ello demostró que Enrique Peña Nieto no estaba equivocado al mantenerlas en la calle. — ¿Porque dice que EPN no se equivocó? “A ver…la realidad es terca. A poco creen que era una ocurrencia. ¡Era una necesidad! Y la seguridad y gobernabilidad son fundamentales para la nación. Qué bueno que el nuevo gobierno rectificó y volteó a ver a dos instituciones que son fundamentales en la vida de la República (el Ejército y la Armada de México). Ahora hay que regular y darles un soporte legal: certeza certidumbre y basamento jurídico”, dijo. Quien fuera subsecretario de Gobernación y tuviera como cabeza de sector la seguridad nacional del país a su cargo, se refirió también a la posibilidad de que la Corte eche atrás la Ley de Seguridad Interior al considerarla inconstitucional. “Habrá que trabajar y construir un marco jurídico. No podemos seguir en la anarquía. La realidad es terca, hay que regular a las Fuerzas Armadas, tienen todo el derecho”. Dijo que el PRI está a favor de que se cumpla la ley y regular la participación de todas las instancias (que participen en seguridad) y que se respete la soberanía. Para dar resultados en combate contra la inseguridad, añadió, debe existir coordinación entre los tres órdenes de gobierno, pero sustentada en la ley. “¡Este no es un asunto de buenos deseos! Vamos a acompañar todo lo que sirva al país, pero que todo se soporte en el Estado de derecho”. El PRI propuso en noviembre de 2016, a través del entonces coordinador en San Lázaro, César Camacho Quiroz, la Ley de Seguridad Interior que justifica jurídicamente la participación de las Fuerzas Armadas en materia de combate a la inseguridad y que la Corte invalidó hoy.