MADRID (apro).— Al reabrir la investigación por blanqueo de capitales contra el expresidente nacional del PRI, Humberto Moreira, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordó girar una petición de asistencia judicial a México para que investigue todas las pruebas que el político aportó en 2016 al magistrado sobre el origen de los recursos investigados, incluidas sus empresas, informaron fuentes judiciales consultadas este jueves por Apro. La razón es que dos testigos procesados en Texas aportaron nuevos elementos que robustecen la pesquisa sobre el presunto uso de “empresas fantasma”, registradas legalmente en México, pero que no tienen operación real ni trabajadores, y que sólo son usadas para la triangulación de los recursos con el fin de blanquearlos. Por la misma razón, Pedraz acordó otra comisión rogatoria a Estados Unidos para poder contar con el testimonio judicial de dichos testigos que aportan los nuevos elementos sobre esa línea de investigación. Esta petición de asistencia judicial a España, obligaría a México a hacer una investigación minuciosa sobre todas las pruebas presentadas en enero de 2016, cuando el expresidente del PRI fue detenido al arribar a Madrid vía aérea y luego recluido en el penal de Soto del Real, acusado por varios delitos como blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, organización criminal y cohecho. La detención se produjo por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de una investigación que seguía la Audiencia Nacional. En España no se proporcionó el nombre de los dos testigos, sin embargo, en el comunicado que el exgobernador Moreira emitió desde México para anunciar que va a recurrir la reapertura de la investigación, se dan los nombres de Héctor Javier Villarreal y Rolando González Treviño. El primero fue titular del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC) durante el gobierno de Moreira, que se declaró culpable por la transferencia a bancos de Estados Unidos y Bermudas de unos 35 millones de dólares robados del erario de Coahuila, y el segundo, también declarado culpable en una corte de Estados Unidos, es un empresario de medios de comunicación electrónica implicado en la misma trama. Los testimonios que Villarreal y González Treviño han emitido a las autoridades estadunidenses son parte de una investigación en curso por fiscales de Texas para acusar por lavado de dinero a Moreira. La petición para que México investigue y proporcione a España todas las pruebas que la defensa de Moreira proporcionó a la Audiencia Nacional en enero de 2016, incluye la documentación por la que la PGR exoneró al exgobernador de Coahuila del millonario desvío de recursos. Las fuentes consultadas señalaron que la investigación se centra en los 200 mil dólares de operaciones que se realizaron en España, y que una eventual pesquisa sobre corrupción no corresponde a España en todo caso a México. De los testimonios que obtuvieron los investigadores españoles se desprenden señalamientos muy directos de los vínculos de Humberto Moreira con los Zetas, sin embargo, la reapertura de la investigación española no tiene en cuenta el delito de pertenencia a organización criminal, que sí se incluyó en la acusación original contra el político mexicano. El abogado defensor de Moreira, Manuel Ollé, aportó documentación sobre las empresas de su cliente, Unipolar y Espectaculares del Norte, S.A. de C.V., y Negocios, Asesoría Publicidad S.A. de C.V., ambas radicadas en Coahuila. Unipolares y Espectaculares del Norte aparecía con dos direcciones: Quintas 25900, en Ramos Arizpe, y Calle 20 número 388, colonia Lomas de Lourdes, en Saltillo, publicaron los diarios del Grupo Reforma. En Ramos Arizpe encontraron una quinta deshabitada entre predios vacíos, mientras que en Saltillo estaba un centro de lavado de autos en la dirección de la compañía. Mientras que la sociedad Negocios, Asesoría Publicidad no pudo ser ubicada en ningún directorio especializado, ni en página web. Los periodistas solo encontraron una firma con nombre similar en Torreón, la cual brinda servicios a los gobiernos estatal y municipales de Coahuila.