CIUDAD DE MÉXICO (apro).-  A once días de que concluya la administración de Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, por hechos que involucran a miembros del Ejército mexicano en la muerte de un civil inocente en Reynosa, Tamaulipas, ocurridos en los primeros días del gobierno peñista. El organismo dio a conocer la recomendación 51/2018 relacionada con la muerte de un civil registrada el 14 de julio de 2012, considerada como “uso ilegítimo de la fuerza” por parte del personal militar que participó en una persecución contra presuntos delincuentes. De acuerdo con la narración de la queja interpuesta el 9 de agosto de 2012, el día de los hechos el quejoso conducía su vehículo en compañía de dos de sus hijos, en dirección al municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, sobre la carretera conocida como “La Ribereña”. En el trayecto, el vehículo fue rebasado por dos camionetas pick up que transitaban a exceso de velocidad, y detrás de ellas “vehículos de la Sedena, desde los cuales efectuaron disparos hacia la camioneta que conducía” el quejoso, quien optó por detener la marcha y orillarse. Al continuar los disparos contra el vehículo de los civiles ajenos a la persecución, el hijo del quejoso, que viajaba en el asiento del copiloto, decidió salir con las manos en alto “al tiempo que gritaba que había familia en el vehículo”. Lejos de atender la advertencia, personal militar, adscrito a la 8/a Zona Militar, efectuó al menos cuatro disparos más y después los soldados “rodearon la camioneta apuntándole a él (al joven que salió con brazos en alto) con sus armas de fuego”, momento en el que el quejoso notó que uno de los disparos hirió a su hijo en el cuello privándole de la vida. Momentos  después, la hija del quejoso salió del vehículo a reclamar a los soldados por la muerte de su hermano, pero “los elementos de la Sedena indicaron que no les habían disparado, que las personas de las camionetas que salieron delante de ellos fueron quienes los agredieron con sus armas de fuego”. Los familiares de la víctima interpusieron una denuncia formal en la Agencia del Ministerio Público Federal en Tamaulipas, cuyos resultados no han sido satisfactorios para los deudos. De acuerdo con la investigación de la CNDH se acreditó que “el vehículo en que viajaba la víctima no estaba en medio de las camionetas de los supuestos agresores y los elementos militares, ya que había salido de la carretera para ubicarse en una zona de terracería y evitar la agresión, no hubo fuego cruzado por lo que no se justificó que el personal militar accionara sus armas contra las víctimas”. Para la CNDH no hay duda de que en este caso los elementos de la Sedena “ejercieron uso letal de la fuerza, no atendieron los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad y oportunidad, ya que en todo momento tuvieron conocimiento de la posición de las camionetas involucradas en los hechos”. El organismo puntualizó que “en lugar de abstenerse de disparar cuando la víctima tenía las manos alzadas fuera del vehículo”, los soldados continuaron accionando sus armas, “lo que derivó en su fallecimiento”. Por estos hechos, el organismo instruyó al secretario Cienfuegos Zepeda a reparar el daño a los agraviados,  así como que reciban atención psicológica y tanatológica y sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas. Al secretario se le solicitó entregar una copia de la recomendación 51/2018 a la Procuraduría General de la República (PGR), “para que se valore como medio de prueba en la averiguación previa y se tomen en cuenta las evidencias, observaciones y consideraciones en que se sustenta, para que se resuelva conforme a derecho corresponda”. Se pide al funcionario que colabore con la CNDH “en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que formulará ante la PGR, para que inicie una carpeta de investigación e investigue a los militares involucrados, así como en la que presente ante el Órgano Interno de Control de la Sedena”, y en caso de que el proceso administrativo haya prescrito, “se deberá anexar copia de la misma al expediente personal de los militares responsables”. Las recomendaciones anteriores están acompañadas de la sugerencia de capacitar al personal de la 8/a Zona Militar en Reynosa, sobre el Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común a las tres Fuerzas Armadas”, así como en uso de la fuerza pública y derechos humanos, “que incluya el acatamiento de las disposiciones jurídicas vinculadas con el desempeño de sus funciones”, así como designar un funcionario de alto nivel como enlace del organismo para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.