Guardia Nacional parte de estigma sobre policías, dicen ONG y urgen a AMLO a detener reforma

martes, 20 de noviembre de 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de un centenar de organizaciones sociales y activistas y académicos hicieron un “enérgico y urgente llamado” al presidente electo Andrés Manuel López Obrador a “detener la reforma constitucional” con la que pretende dar legalidad a la Guardia Nacional. En un comunicado, las organizaciones reprochan al mandatario electo que haya cambiado su discurso de campaña respecto al uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y que, de acuerdo con ellos, van contra la resolución de la Corte de echar abajo la Ley de Seguridad Interior. Defensores y opositores a la Guardia Nacional consideraron que “la primacía militar que pretende el nuevo gobierno no sólo hace caso omiso de las consideraciones recién emitidas por los ministros de la Suprema Corte, sino que romperá los equilibrios entre civiles y militares que han prevalecido durante las últimas décadas”. “Rechazamos la propuesta de crear una Guardia Nacional militarizada con rango constitucional porque significa una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país”, señalaron las 128 organizaciones sociales y las 544 personalidades que firman el comunicado en el que se alienta a “optar por una vía civil”. Recordaron que, durante años, López Obrador y su equipo expresaron que “las Fuerzas Armadas no debían cumplir funciones de seguridad pública, y que la creciente militarización no había dado ni daría resultados” e incluso consideraron públicamente, la necesidad de incrementar el estado de fuerza de la Policía Federal y fortalecer el desarrollo policial a nivel local. Los firmantes agregaron que las posiciones contrarias a la militarización de la seguridad pública tienen “sustento empírico y político”, tras 12 años de “guerra contra el narcotráfico”, lanzada por Felipe Calderón y muy criticada por López Obrador en su momento. “Obviando sus promesas públicas, ignorando consideraciones empíricas y políticas fundamentales, desechando la opinión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de diversos organismos internacionales, el presidente electo y su equipo decidieron optar por la militarización como nunca ha conocido el país en su historia moderna, y anunciarlo justo cuando se conoció que la Suprema Corte de Justicia de la Nación probablemente invalidaría la Ley de Seguridad Interior”, reprocharon. Para los opositores a la Guardia Nacional, el modelo propuesto que deja el mando directo en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la operación local en miembros de las Fuerzas Armadas “va más allá de lo estipulado en dicha Ley, y la intención de elevar este esquema a rango constitucional confirma el propósito de proteger dicha decisión de cualquier posible invalidación, incluida la que ya emitió el más alto tribunal del país respecto a una normativa menos radical que la que hoy se pretende imponer”. Agregan que la propuesta lopezobradorista “parte de una estigmatización injusta y sin sustento de la totalidad de los cuerpos policiales del país”, en los que lo que subsiste son “condiciones precarias, incluidos salarios, prestaciones, infraestructura, equipamiento y profesionalización, con regímenes laborales por demás abusivos, pero ello no implica desechar esfuerzos y recursos invertidos en materia policial durante décadas”. Apuntaron que es “indignante” que en México se asesine en promedio un policía al día y que “ahora se les recrimine por una situación en la que ellos también son víctimas”. Las organizaciones y activistas resaltaron que no es sólo la incapacidad ni la corrupción de las policías lo que las ha hecho ineficientes “sino por la indolencia de actores políticos que las han condenado al abandono”, de ahí que la apuesta por una Guardia Nacional no es “una ruptura con el pasado sino la continuidad de esta indolencia y de esta irresponsabilidad”. Al señalar que el proyecto “representa el colapso final de instituciones que nunca tuvieron oportunidad de desarrollarse”, los firmantes expusieron que, en el caso de la Policía Federal, pese al abandono de los últimos años “se mantienen capacidades de investigación, tecnológicas y operativas que permiten contemplar una opción civil para la atención de delitos de alto impacto”. En defensa de esa institución, los opositores a la propuesta de López Obrador, señalaron que “hay un potencial real de crecimiento y desarrollo”, y que es posible rescatarla para “conformar un cuerpo nacional de policía, bajo un mando civil y sujeto a las leyes civiles”. Puntualizaron que “no es verdad que el país no tenga opciones” ante la crisis de inseguridad. Tras reconocer la labor de las Fuerzas Armadas, organizaciones y activistas consideraron que arraigarlas en funciones de seguridad pública, “representa una afrenta a un régimen republicano y democrático que aspira a consolidar sus instituciones civiles, y los derechos y garantías individuales de todos los mexicanos”. Consideraron que, ante una institucionalidad frágil, una propuesta como la de López Obrador dejará a las Fuerzas Armadas sin contrapesos reales. “Con una Secretaría de Gobernación debilitada y disminuida, con una Secretaría de Seguridad Pública a la que se ordena enviar policías federales a conformar la Guardia nacional, sin fiscalías dignas del nombre y con presupuestos redirigidos a la Sedena, ¿quién o qué limitará, fiscalizará o sancionará la operatividad militar en el país?”, cuestionaron los opositores. Evaluaron que, de continuar con ese proyecto, las consecuencias políticas serán “profundas”, pues con la Guardia nacional “los mandos militares serán, inevitablemente, actores políticos de primer orden, trastocando eventualmente el pacto federal y absorbiendo atribuciones que, hasta hoy, han correspondido a las autoridades civiles”. Encabezan la firma del comunicado los colectivos #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra, que aglutinan a más de 300 organizaciones, activistas, académicos y personalidades.

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