Informe Prodh: 'Mujeres con la frente en alto”, sobrevivientes de tortura sexual

miércoles, 21 de noviembre de 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hace diez años que Jazmín Vargas de la Cruz espera que su voz sea escuchada y reconocida como víctima de tortura sexual, infringida por elementos del Ejército Mexicano desplegados en Tijuana, Baja California, y de una injusta reclusión por delitos que no cometió. El 25 de noviembre de 2008, Jazmín, de 26 años, fue sacada con violencia por soldados de un domicilio donde pernoctaba con su pareja. Del lugar fueron sustraídas tres personas, Jazmín, su novio y una persona a la que ella desconocía. Los militares la llevaron a las instalaciones del cuartel “Morelos”, perteneciente a la Segunda Zona Militar, donde “fue torturada física, psicológica y sexualmente por los elementos castrenses. Fue víctima de tocamientos, golpes amenazas y violada sexualmente por vía vaginal”. La joven después sería presentada ante los medios de comunicación junto con otras personas, sin saber por qué delitos se le acusaba ni rendir declaración ante una autoridad federal. Tras ser arraigada por más de 62 días, Jazmín fue obligada a firmar una declaración autoinculpatoria, y pese a existir certificados médicos emitidos por el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros, Tamaulipas, que revelan afectaciones físicas al momento de ser internada, así como la denuncia de las agresiones sufridas en su declaración preparatoria, la joven fue sentenciada a diez años por delincuencia organizada, por delitos contra la salud y secuestro. “No deben violarse nuestros derechos humanos. Me interesa que la gente conozca que soy sobreviviente de tortura. Me fui apagando, empecé a perder mi esencia, quiero que vean que también soy valiente y estoy luchando”, sostiene la joven desde su reclusión, en espera de que un Tribunal Colegiado de Circuito resuelva su solicitud de amparo directo. Este caso es uno de los 29 que el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez documentó a profundidad luego que en los últimos cuatro años hubiese conocido 110 historias de mujeres sometidas a reclusión que denunciaron ser sobrevivientes de tortura sexual. La historia de Jazmín fue incluida en el documento “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”, producto de la campaña “Rompiendo el silencio” y que más allá de ser un registro de los casos, el Centro Prodh pretende generar “la incidencia judicial mediante comunicaciones dirigidas a las juezas y jueces que conocen sus casos, formulando conclusiones en torno a la acusación, y por tanto elaborando argumentos sobre su inocencia y debido proceso legal”. Después de dos años de trabajo con las internas que fueron detenidas entre 2006 y 2015, en plena “guerra contra el narcotráfico, el Centro Prodh pudo confirmar que “en un contexto en el que la tortura es generalizada, es perpetrada con excesiva frecuencia en contra de ellas por parte de las fuerzas de seguridad civiles y castrenses”. El tema es de gravedad si se considera que por el delito de tortura en México, prácticamente no hay castigo a los responsables, además de que persiste poca información al respecto. Impunidad El documento destaca que de en 2014 se presentaron 10 mil 462 denuncias por tortura, en tanto que la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura de la Procuraduría General de la República (PGR) sólo integró 8 mil 335 expedientes, de los cuales sólo 17 se tradujeron en consignaciones, y entre 2016 y 2015 sólo se registraron 15 sentencias condenatorias. Frente a una situación de tortura generalizada, las mujeres sufren una violencia descomunal expuesta en recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en cuyos registros de 2006 a 2016 resalta que “el 72% de las recomendaciones emitidas por violación a la integridad personal en casos de mujeres incluyendo actos de índole sexual”. Como antecedentes del estudio, el Centro Prodh cita el informe elaborado por Amnistía Internacional en 2017, que documentó 100 casos de mujeres presas, de las cuales 72 afirmaron haber sufrido violencia sexual en su detención y 33 denunciaron haber sido violadas. La muestra es importante si se toma en cuenta que en 2007 había 63 internas en Centros Federales de Readaptación Social y diez años más tarde la cifra fue de dos mil 731. De acuerdo con el documento, las 29 mujeres que aceptaron participar en el estudio, enfrentan acusaciones de delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. En 27 casos, es decir el 93% de las entrevistadas, sostuvieron haber sufrido violencia sexual, de los cuales en 16 caso se consumó la violación, en 12 de ellos fue tumultuaria de dos o más agentes aprehensores y en dos la agresión se perpetró frente a familiares. En 11 de los 27 casos, se identificó a efectivos de la Policía Federal como agentes aprehensores; en seis a miembros del Ejército Mexicano, en una cifra igual a policías estatales; dos a elementos de la Secretaría de Marina, en uno a policía municipal y otro a policía ministerial estatal. Informe meticuloso Los estados donde ocurrieron los hechos fueron Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Quintana Roo, Michoacán, Guerrero, Estado de México y la Ciudad de México. La investigación del Centro Prodh determinó que en esos 27 casos “se utilizó la figura de la flagrancia para justificar la detención”, y en ningún caso las mujeres fueron puestas a disposición inmediata de la autoridad competente. Las mujeres fueron retenidas ilegalmente entre seis y 12 horas, en 14 de los expedientes, y entre 12 y 72 horas en 15 casos, siendo que en 12 “las mujeres identificaron que la tortura ocurrió en instalaciones oficiales”, cuatro de ellas en instalaciones militares. El informe del Centro Prodh es meticuloso en la descripción de las distintas formas de tortura sexual a las que fueron sometidas las mujeres, de las cuales siete denunciaron que las sesiones fueron videograbadas por sus agresores, una que fue mutilada en sus genitales, además de que en cuatro casos la tortura sexual ocurrió en instalaciones del ministerio público y cuatro “a manos de médicos y ministerios públicos de la PGR”. A la violencia en razón de género, las mujeres fueron torturadas con los métodos tradicionales como “golpes reiterados en distintas zonas del cuerpo, asfixia seca y/o húmeda, cortaduras, quemaduras, descargas eléctricas en otras partes del cuerpo, privación sensorial y/o de movimiento, posiciones forzadas, amenazas de desaparición y/o muerte, simulacros de ejecución y ser obligadas a presenciar la tortura y/o la ejecución de alguien más, entre otras”. Secuelas Tras la experiencia de tortura sexual “las mujeres sobrevivientes enfrentan impactos físicos que van desde deformaciones en órganos o partes del cuerpo y desprendimiento de matriz, hasta dolores permanentes”, destaca el estudio. A nivel psicológico, las mujeres presentan miedo y “alteraciones de sus relaciones con los hombres y las afectaciones económicas o en el desarrollo personal de personas dependientes”. En cuanto a los procesos penales contra las mujeres, el Centro Prodh es enfático al señalar que “ningún caso supera el mínimo control ministerial sobre la legalidad de la detención y la puesta a disposición inmediata”, agravado porque “en los 29 casos el Ministerio Público pasó por alto indicios claros de graves violaciones a los derechos humanos”, como que en 21 de ellos hubo una falta de puesta a disposición inmediata, lo cual fue ignorado por la autoridad ministerial. Al señalar que hubo también intimidación hacia familiares, el informe detalla que en seis casos las mujeres señalaron las circunstancias en que fueron detenidas al agente ministerial sin que se tomaran en cuenta sus declaraciones en tanto que once de las víctimas fueron exhibidas públicamente por la PGR “principalmente en aquellas supuestamente vinculadas a la delincuencia organizada, incluso antes de ser acusadas”. En 21 casos las mujeres “firmaron una declaración autoinculpatoria como consecuencia de la tortura sexual”, en tanto que en 23 “existen inculpaciones a las mujeres de personas coprocesadas, la mayoría obtenidas bajo tortura y no ratificadas ante el Ministerio Público”. Pruebas ilegales validadas Pese a las deficiencias en las consignaciones, “en ningún caso la autoridad jurisdiccional excluyó pruebas ilícitas con motivo de alguna violación a derechos humanos pese a existir evidencia de ello”, ni mucho menos se invalidaron los partes informativos y de puesta a disposición “de los que se desprendía un actuar ilícito”. Por el contrario, los jueces dieron validez absoluta al dicho de los aprehensores y “en ningún caso las o los jueces juzgaron los asuntos con perspectiva de género” e incluso hubo algunos que “refirieron verbalmente que la erradicación de la tortura es una ‘moda’ y que no verificarían el alegato hasta que la autoridad ministerial calificara los hechos como tortura”. Al señalar que en ningún caso se inició una averiguación por el delito de tortura de manera inmediata y que ningún perpetrador ha rendido cuenta por los abusos, el Centro Prodh destaca que el tratamiento que organismos públicos como la Comisión Nacional de derechos Humanos (CNDH) y sus contrapartes en los estados no fue mejor. De 14 quejas presentadas ante la CNDH sólo dos se convirtieron en recomendación y en los estados sólo las comisiones de Veracruz y Coahuila emitieron un documento recomendatorio cada una. En el informe se sostiene que no hay “señales de una investigación diligente por parte de los organismos públicos”, que dieron por concluidos la mayor parte de los expedientes de queja “por una ilegal reversión de la carga de la prueba a las víctimas y/o dar absoluta credibilidad a los informes de las autoridades”. Como parte del informe, el Centro Prodh elabora 33 recomendaciones encaminadas a erradicar la tortura sexual, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas, así como dar garantías de no repetición. Las recomendaciones están dirigidas al Consejo de la Judicatura Federal y locales; a los operadores de justicia; a los defensores públicos y privados; a las procuradurías o fiscalías a nivel federal y estatales; a los organismos públicos de derechos humanos; a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); a los titulares de las secretarías de Defensa Nacional y Marina y la Policía Federal; y al Congreso de la Unión.

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