TIJUANA, B.C. (apro).- El gobierno municipal despotricó este jueves contra la labor de “organismos defensores de derechos humanos” que acompañan el llamado éxodo centroamericano, pues –afirmó-- “obstruyen” la política de “cero tolerancia” que se aplica en la ciudad fronteriza. De acuerdo con Leopoldo Guerrero Díaz, secretario de Gobierno de Tijuana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y “otras asociaciones defensoras de los migrantes” impidieron que las autoridades municipales entregaran al Instituto Nacional de Migración (INM) a centroamericanos detenidos por “consumir alcohol o drogas dentro del refugio”. El gobierno municipal calificó como “crisis humanitaria” la situación que impera en esta ciudad fronteriza, donde actualmente se encuentran más de 4 mil 700 integrantes del llamado éxodo centroamericano, y deploró el nulo apoyo de la Secretaría de Gobernación (Segob) para atender la emergencia. En conferencia de prensa con integrantes de su gabinete, el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro –quien tuvo expresiones de rechazo hacia los integrantes de la caravana-- recalcó que la atención a los migrantes cuesta más de medio millón de pesos cada día, y urgió los organismos internacionales a actuar. “No voy a gastarme el dinero de los tijuanenses, no voy a endeudar a Tijuana porque no lo hemos hecho en estos dos años”, sostuvo el panista, quien desembolsó más de 212 millones de pesos en “servicios profesionales, científicos, técnicos y otros”, y 65 millones de pesos más en comunicación este año, entre otros gastos realizados en partidas extrañas que documentó el semanario tijuanense Zeta. En la Unidad Deportiva Benito Juárez, donde pernoctan los más de 4 mil 700 centroamericanos –muchos de ellos a la intemperie, pues el espacio tiene una capacidad máxima de 3 mil 500 personas, según el municipio--, trabajan 740 funcionarios municipales y estatales, junto con 150 activistas y 20 organizaciones de la sociedad civil. Pero la situación se puso difícil la noche del miércoles al jueves, porque al frío se sumó la lluvia, que empapó a centenas de personas. La policía municipal, por su parte, detuvo a 108 centroamericanos desde que la caravana arribó a Tijuana, la mayoría de ellos por consumo de mariguana o de alcohol; sólo cuatro de ellos fueron turnados al Ministerio Público, acusados de robo, riñas o ultrajes a la autoridad. Ayer, durante una sesión del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, jefe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal, indicó que el objeto del robo era un pantalón.