CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los jueces deben contar con las garantías mínimas de autonomía e independencia para garantizar una tutela efectiva de los derechos de las personas, subrayó este viernes el ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La existencia de pesos y contrapesos en una nación es parte de la configuración del Estado de derecho, recalcó el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) al encabezar la Ceremonia por el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el derecho a un recurso efectivo. De igual manera, recordó que, desde su creación en el siglo XIX, el juicio de amparo funcionó como límite real al poder del Estado, de acuerdo con 31 expedientes de la época registrados por México en el Programa Memoria del Mundo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). “Dichos documentos muestran el actuar del Poder Judicial de la época para consolidarse frente al poder político y a los intereses económicos de las grandes corporaciones. Este legado documental es evidencia de la evolución de la impartición de justicia en nuestro país, y de cómo el amparo fue fortaleciéndose como un elemento jurídico paradigmático, que cubre una gama amplia de efectos para la protección, restitución y reparación real y objetiva de los derechos de las personas”, detalló, de acuerdo con un comunicado de la SCJN. El ministro destacó que la SCJN, creada para asegurar los derechos de las personas contra los abusos de poder en el ámbito interno, se trasladó al ámbito internacional para introducir la Declaración Universal del derecho a un mecanismo judicial que garantice la protección de los derechos humanos. Al crear el juicio de amparo en 1847, abundó, México fue vanguardista en la protección de los derechos de las personas, pues no se limitó a proteger determinados derechos, sino todos los contemplados en la Constitución Federal y las leyes. Y explicó que, en 1948, durante los trabajos para redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en París, Francia, la delegación mexicana propuso incluir en el artículo 8º del proyecto final el derecho a un recurso efectivo, inspirado en la figura del amparo, siendo el único texto dentro del documento que garantiza el respeto de los derechos humanos en el ámbito nacional. Las consideraciones que hace 70 años tuvieron los representantes de los Estados para incluir el derecho a un recurso efectivo llevan hoy a la responsabilidad de los juzgadores de proteger los derechos y libertades consagrados en los textos constitucionales y las leyes, porque esa es parte de la labor sustantiva que despliegan cada día los órganos del Poder Judicial de la Federación, apuntó. “El Poder Judicial de la Federación al ser responsable directo de la encomienda constitucional de impartir justicia, asume diariamente esta responsabilidad y refuerza su compromiso con la sociedad por hacer que la tradición jurídica del juicio de amparo siga su desarrollo a fin de que continúe siendo un bastión para la observancia de los derechos y ejercicio de las libertades en nuestro país”, remató. Al acto asistieron Rosa Wolpert, encargada de la Oficina de la UNESCO en México; Andrés Lira González, profesor emérito de El Colegio de México; Jan Jarab, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, y Magdalena Acosta Urquidi, directora del Canal Judicial.