Son casi 5 mil los migrantes centroamericanos que se apiñan en Tijuana, donde se toparon con una realidad que no esperaban: el muro fronterizo, alambres de púas, bloques de concreto y, peor aún, miles de soldados, policías y agentes migratorios que están del otro lado y que tienen instrucciones de tirar a matar. La situación es crítica para la ciudad fronteriza, donde ya se habla de una “crisis humanitaria”. Y más caravanas vienen en camino... TIJUANA, BC (Proceso).- Ahora que llegaron a Tijuana, luego de 3 mil kilómetros de camino y dos fronteras atrás, más de 4 mil 700 integrantes del llamado éxodo centroamericano se toparon con la realidad del muro. Frente a ellos se erige la barrera militarizada que divide el continente desde hace tres décadas y que Donald Trump reforzó en semanas recientes: altas bardas con alambres de púas y bloques de concreto; 5 mil 900 soldados y miles de policías y agentes migratorios que ya tienen permiso de disparar a matar; helicópteros que sobrevuelan constantemente la línea y el campamento donde se albergan los centroamericanos; y las cámaras, drones y sensores térmicos que anulan la opción de cruzar clandestinamente. Poco a poco se instala en el éxodo la conciencia de que esta situación tardará meses en resolverse y que la mayoría de ellos, sobre todo los varones, no obtendrán el asilo ni la oportunidad de resolver su miseria.  Muchos rechazan esta realidad. Confían en que Dios les enseñará el camino. Esto se hizo evidente el jueves 22, cuando un centenar de centroamericanos salió del campamento y acudió al puerto fronterizo de El Chaparral, donde realizó una protesta pacífica para pedir una audiencia con Trump. Agotados física y emocionalmente después de haber pasado una noche fría y con lluvia a la intemperie, oraron para que “Jesucristo tocara el corazón” del magnate. “(Trump) es humano; si nos ve así, no nos puede dejar aquí”, dice una mujer que empuja una carriola. “Yo de aquí muerta me voy”, agrega llorando y con una mueca nerviosa.  Algunos pernoctaron en el lugar; los demás regresaron, resignados, al campamento. “Mucha gente de la caravana nunca había visto a una frontera, vieron Guatemala y cruzaron, vieron México y cruzaron, hasta que llegaron aquí. Y no ven un río Suchiate. Ya topamos con el muro. Todavía dicen ‘¡Vámonos, vámonos!’, pero, ¿para dónde? Y la solución, ¿cuál es?”, pregunta Irineo Mujica, director de la organización Pueblos Sin Fronteras (PSF), que acompañó a la caravana durante su paso por México. “Se trata de resolver el éxodo de manera responsable y de buscar una solución que no sea el caos. Que ellos se alboroten y traten de dar un portazo sería el regalo de Navidad de Trump, para que pueda tener su muro y ganar políticamente. Él no trata de complacer al mundo, él trata de complacer a su base, que estaría más que contenta con que a tres o cuatro les dieran bala”, abunda. Meses de espera La única opción legal de los centroamericanos es agregar sus nombres a la larga relación de personas que esperan una cita con las autoridades de Estados Unidos para pedir asilo. Pero no fueron los primeros: cuando llegaron a Tijuana, cerca de 2 mil 500 personas ya estaban en esa lista que administran voluntarios desde el pasado marzo. El trámite se lleva a cabo bajo una carpa azul instalada en las afueras de El Chaparral: una voluntaria escribe en un libro los nombres de las personas que aspiran al asilo, y a cada grupo de 10 personas le asigna un mismo “número”, que determinará el día de su cita. A lo largo de la semana pasada, Proceso observó que las autoridades estadunidenses recibieron por día entre ocho y 10 “números” –es decir, entre 80 y 100 personas–. Tras anotar los nombres en el libro, los voluntarios aconsejaban a los migrantes regresar “dentro de cuatro semanas” sólo “para ver cómo avanzó la lista”. Los primeros integrantes del éxodo tardarán meses en pedir asilo, lo que muchos no habían previsto cuando salieron de sus países. Las autoridades mexicanas estiman que permanecerán en Tijuana por lo menos seis meses. Como salida inmediata a la crisis, el gobierno federal habilitó una carpa del Servicio Nacional de Empleo cerca del campamento, donde ofreció a los migrantes documentos y ofertas para ocupar las 7 mil vacantes en la ciudad, principalmente en la industria maquiladora. La actuación del gobierno de Enrique Peña Nieto –en colaboración con el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador– fue tardía, pues “en un inicio se mostró renuente ante el tema; decían que ya tenían prácticamente cerrada la llave, que estaban en un proceso de transición y que no tenían recursos que aportar”, recuerda César Palencia Chávez, director de Atención al Migrante del ayuntamiento. En entrevista, el funcionario sostiene que el ayuntamiento no recibió ayuda el martes 13, cuando llegaron a Tijuana los primeros autobuses con 357 integrantes del éxodo. Al día siguiente llegaron 303 más, por lo que las autoridades municipales transformaron la Unidad Deportiva Benito Juárez en un campamento. Al paso de los días llegaron más grupos, hasta provocar un colapso en el albergue: al cierre de esta edición, más de 4 mil 700 personas –entre ellas 862 niños y 904 mujeres– se amontonaban en el deportivo. En ese lugar, a 15 minutos a pie de la garita, la arena se vuelve polvo cuando hay sol, y lodo cuando llueve. Sólo hay un espacio techado y los migrantes instalaron sus refugios –tiendas de campaña y carpas fabricadas para algunos; simples colchonetas en el piso para otros– donde cupieron. Adentro se afanan funcionarios municipales y estatales, así como algunos voluntarios. El ayuntamiento exige recursos federales para atender la situación: el jueves 22, el alcalde panista, Juan Manuel Gastélum Buenrostro –quien demanda 81 millones de pesos–, aseveró que se trata de una “crisis humanitaria”. “Todos los que llegamos aquí traemos nuestra historia”, señala Deysi Arita, hondureña de 32 años.  Sobran los motivos para abandonarlo todo. Por ejemplo, Antonia, de 56 años, dice que salió con su familia para evitar que los pandilleros violaran a su hija adolescente; Kenneth, de 20, fue baleado por la policía durante una protesta en su colegio en demanda de útiles escolares; decenas de mujeres huyeron de los golpes de sus esposos y cientos de jóvenes buscan empleo. A una semana de su llegada, los centroamericanos no vieron ningún avance en su situación. La desesperación y la impaciencia se apoderaron del campamento, sobre todo entre los más jóvenes. “Muchos ya no aguantamos”, afirma uno recién salido de la adolescencia. Otros expresaron su enojo, se sintieron “abandonados” y hasta “manipulados”. “Los de la caravana dicen que hasta aquí llegó. Nos engañaron”, afirma un joven hondureño. “Nos dijeron: ‘Vamos para Tijuana’, pero no nos dijeron que era para quedarnos parqueados aquí”, añade. Bajo presión La llegada del éxodo no se hizo en las mejores condiciones. Un primer grupo de hondureños se instaló en la zona de Playas de Tijuana pero fue expulsado por residentes de la zona. En las redes sociales circularon rumores y mensajes que tachaban a los centroamericanos de delincuentes; el alcalde los calificó de “mariguanos”. Algunos videos virales dañaron mucho la imagen del éxodo y desataron una ola de hostilidad en Tijuana. La tensión alcanzó su clímax el domingo 18, cuando cientos de “nacionalistas” marcharon en rechazo a los migrantes. Después de la marcha, los hondureños colocaron en un árbol del deportivo una manta en la que expresaron su agradecimiento: “Gracias pueblo de México”, decía. En las entrevistas, los migrantes insisten en el apoyo de México, mientras voluntarios barrieron las calles y recogieron la basura. Las autoridades, por su parte, suavizaron el discurso y resaltaron el carácter de emergencia humanitaria de la situación. El gobierno de Trump desplegó alrededor de 6 mil soldados en su frontera sur –por 72 millones de dólares, según reportó The New York Times–, quienes junto con agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza colocaron alambres de púas en las bardas y en una pequeña zona de las playas, que ahora parece zona de guerra. El magnate también autorizó a los militares a usar la fuerza letal contra los migrantes y amenazó con cerrar toda la frontera. “Parece que somos Corea del Norte y Corea del Sur”, observó Tonatiuh Guillén, futuro titular del Instituto Nacional de Migración, en una visita a la ciudad fronteriza. Y no sólo eso: en la mañana del lunes 19, el gobierno estadunidense cerró durante cinco horas el cruce fronterizo de San Ysidro –lo que impidió a cientos de tijuanenses acudir a tiempo a su trabajo–, y clausuró 10 de los 25 carriles de esta caseta.  La tarde del jueves 22 las autoridades estadunidenses realizaron un “simulacro” en el mismo lugar, y en una puesta en escena dramática dispararon gases y desplegaron efectivos armados. Las acciones de Washington y las constantes amenazas de Trump ejercieron una presión intensa sobre la caravana: cualquier protesta o intento de cruce sería castigado con el cierre de la frontera, lo que de rebote provocaría enojo entre los habitantes de Tijuana. Durante las asambleas, los integrantes de la caravana buscaron estrategias para protestar sin causar molestias a la población local ni generar un cierre de la garita. Una de ellas consiste en manifestarse por el bordo fronterizo en domingo, día libre para muchos de los tijuanenses que trabajan del otro lado de la frontera. Evitar el caos Mujica insiste en que Pueblos Sin Fronteras no dirigió la caravana, sino que se limitó a acompañarla. El sacerdote y activista Alejandro Solalinde declaró que la organización actuó con “pocos escrúpulos” y dijo, en una entrevista publicada por el portal SinEmbargo el viernes 22, que “acarrea” gente, fomenta el tráfico de personas y pone “a los niños y a las mujeres por delante”; además, sostuvo que la integran “algunos extremistas”. Autoridades municipales y actores de la migración consultados por este semanario también expresaron críticas hacia los métodos que a veces empleó la organización durante la caravana. Mujica se entrevistó con Proceso el jueves 22, durante la protesta que se llevó a cabo en la garita. Desalentó a las personas que querían intentar un cruce por la fuerza: “Nunca hemos tomado las decisiones por ellos. Nunca vamos a avalar una situación donde la gente se alebreste, donde Donald Trump los esté esperando para balearlos, donde los golpeen. Yo sé que ellos quieren algo que ni tú ni yo, ni nadie en México, les podemos dar, que es el cruce a Estados Unidos. Por el lado de la ley hemos hecho todo lo posible”. Considera que “es lo mínimo que se vengan a manifestar. Llegan con una bandera blanca, pacíficamente. La intención de este grupo no es cerrar la garita. Se manifiestan para que sepan que estamos aquí, que no tenemos comida, que está haciendo mucho frío, que la solución es darles documentos de regularización, y la gente se retira. Pero la opción que les han dado es: ‘Quédate aquí y trata de esperar’. Pero, ¿esperar qué?”. –La gente tenía esperanza de que la caravana cruzaría a Estados Unidos. ¿No era la labor de ustedes avisarles que esto sería muy difícil? –se le pregunta. –Lo hicimos desde un principio, desde el río Suchiate –revira–. La solución estaba en la Ciudad de México, pero se esperaron seis, siete días, y la respuesta del gobierno fue demasiado lenta e irresponsable. Por eso el éxodo siguió. –¿Pueblos Sin Fronteras ha acompañado esta caravana de manera responsable? –Lo único que hicimos fue acompañar. ¿Qué podíamos hacer nosotros? ¿Tratar de impedirla? No avalamos que vengan al puente hoy, pero ellos toman sus decisiones; nosotros nunca tomamos decisiones por ellos. Son cerca de 10 mil y nosotros apenas 20, ni siquiera la mitad nos conoce. Asevera que algunos saben que no cruzarán a Estados Unidos “y no lo quieren procesar”, y que “otros de alguna manera tenían esperanzas porque nunca habían venido a la frontera”. Este reportaje se publicó el 25 de noviembre de 2018 en la edición 2195 de la revista Proceso.