CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin la presencia de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó la recomendación sobre los hechos ocurridos en septiembre de 2014, y la consideró como un “punto de partida” para que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegue a la verdad. CNDH recomendación a Peña A sólo tres días de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto, el ómbudsman nacional resaltó que con la recomendación 15VG/2018 no se da por terminada la investigación del caso, pero el documento de más de un millón de páginas, dijo, “permitirá tener certezas sobre el destino de los normalistas desaparecidos y lograr que la justicia llegue en este caso”. En conferencia de prensa, González Pérez apuntó que corresponderá a las nuevas autoridades “enderezar y continuar las investigaciones penales del caso, para lo cual la presente recomendación constituye un punto de partida y una guía clara de lo que falta por hacer”. Tras admitir que es el caso más complejo que le ha tocado analizar a la CNDH, advirtió que las condiciones de “ilegalidad, corrupción e impunidad” que dieron lugar a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa están presentes en diversas zonas del país, por lo que subsiste la posibilidad de que pueda reproducirse un caso similar. “Lo sucedido en Iguala no debe verse como un caso aislado, sino como un reflejo de la situación por la que atraviesan diversas regiones del país, y en las que la posibilidad de que se vuelva a generar un episodio de dimensiones y características similares es un riesgo latente”. Añadió: “Un crimen de las dimensiones que se presentó en Iguala sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de gobierno”, en tanto que “diversas autoridades, tanto a nivel federal como local y municipal, sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas, pero nadie hizo nada para actuar. Con ello se hubiese evitado un desenlace como el que se presentó”. Durante su participación, previo a que el encargado de la oficina para el Caso Iguala, José Larrieta, detallara la recomendación, González Pérez explicó que en su investigación la CNDH identificó a seis personas fallecidas, 42 lesionadas y 43 víctimas de desaparición forzada. Y destacó que en la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR) se subestimó “el hallazgo de 38 porciones petrosas de huesos temporales detectados por dicha instancia, así como el que se haya ignorado que en el material contenido en la bolsa recuperada del río San Juan se encontraban otras tres porciones petrosas, además de 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que serían susceptibles de someterse a pruebas de ADN para avanzar en la determinación del destino de los 43 normalistas desaparecidos al precisar, científicamente, si los huesos corresponden a ellos o a personas diversas”. El presidente de la CNDH reprochó que no se investigara a autoridades de distintos niveles y órdenes de gobierno que, “pese a advertir de manera directa --mediante la información que llegaba al denominado Centro C-4 de la zona-- que algo muy grave sucedía en Iguala en perjuicio de estudiantes normalistas, no dieron parte al Ministerio Público y se abstuvieron de ordenar una intervención directa e instrumentar acciones que, de haberse realizado, hubiesen producido otro desenlace de los hechos”. Asimismo, señaló que la investigación demostró “que las autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad al formular o difundir declaraciones sesgadas o información parcial o falsa, lo cual desorientó, confundió y generó incertidumbre en la opinión pública, propiciando que las víctimas fueran revictimizadas”. Durante la presentación del documento, se indicó que se formularon más de 200 recomendaciones a 16 autoridades, entre ellas el presidente de la República Enrique Peña Nieto y los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina.