CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el sexenio que termina, 161 personas defensoras de derechos humamos y 40 periodistas fueron asesinados, informó la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). En un comunicado, destacó que Guerrero, Oaxaca y Chihuahua son los estados más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos. “Esto demuestra de manera contundente que el sexenio que termina fue letal para las voces disidentes: datos dolorosos, que se vuelven vidas desgarradas para un país que se ostenta democrático y que, oficialmente, no se encuentra en guerra”, denunció la red. “Queremos dejar constancia clara de la impunidad que el Estado ha ofrecido a estas víctimas. Según solicitudes de información hechas a Procuradurías/Fiscalías, solo el 3% de los casos de personas defensoras asesinadas se encuentran judicializados. Las investigaciones por asesinato de personas defensoras, activistas, líderes sociales suelen ignorar su actividad como causa del asesinato”, detalló. La Red TDT acusó que a lo largo de este sexenio el Estado mexicano no ha sido capaz de responder a la crisis de violencia contra las personas defensoras de derechos humanos. “Su respuesta se ha limitado a la acción del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas operado por la Secretaría de Gobernación, que tiene sólo medidas reactivas y no obedece a las necesidades específicas de las personas beneficiarias. “Este año, incluso, el Fideicomiso que dota de recursos al Mecanismo se quedó sin recursos, colocando en mayor situación de riesgo a 727 personas defensoras y periodistas”, acusó. En su informe titulado “Desde la Memoria…la esperanza”, detalla que por lo menos 42 de 159 personas defensoras asesinadas pertenecían a un pueblo indígena, entre los que se encuentran yaqui, rarámuri, wixarika, purépecha, nahua, zapoteco, mixe, mixteco, tzotzil y triqui. “Según la documentación los estados más peligrosos para defender los derechos humanos son Guerrero (28% de los casos), Oaxaca (20%) y Chihuahua (11%). “El 40% de las personas asesinadas eran defensores/as comunitarios/as, es decir, ejercían su derecho a defender derechos humanos en su comunidad o entorno más cercano”, subrayó la red. Gran parte de estos se enfocaban en la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), así como en tierra y territorio. “El saldo de este sexenio es de más de 37 mil personas desaparecidas y casi 120 mil asesinadas, ocho feminicidios diarios, una crisis migratoria sin precedentes, más de 500 conflictos socioambientales, así como casos emblemáticos de violaciones graves de derechos humanos (Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán) y de corrupción en las altas esferas de gobierno (Casa Blanca, Odebrecht, Estafa Maestra)”, aseveró.