Cómo se gestó el multitudinario "desplazamiento forzado"

lunes, 5 de noviembre de 2018
Un mensaje en Facebook dio pie a la salida de 300 personas de San Pedro Sula, Honduras, el 12 de octubre; ahora son miles de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños los que llenan los caminos en su afán de llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Son personas que huyen de las amenazas de las maras, del desempleo y el hambre, y forman lo que el obispo Arturo Lona llama “éxodo de dimensiones bíblicas”.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Todo comenzó por un mensaje en Facebook –una convocatoria abierta en una cuenta con 200 hondureños inscritos– para reu­nirse en San Pedro Sula a las 08:00 horas del 12 de octubre: “A diario salen 300 personas de Honduras, mejor hagamos una caravana, como una sola familia, para correr menos riesgos al emigrar hacia el norte”. El gobierno de Juan Orlando Hernández, incapaz de enfrentar al crimen organizado o coludido con las múltiples maras (bandas) que persiguen a la población, trató de desacreditar esta iniciativa y acusó al periodista Bartolo Fuentes de instigarla. La estación televisiva HSH la calificó como “una farsa”. Fuentes pidió derecho de réplica. Al aire cuestionó al gobierno de Hernández e hizo un llamado para sumarse al movimiento. “Cuando nos dimos cuenta, gracias a la entrevista en este noticiario, se nos dejaron venir 3 mil personas. En vez de afectarnos, lo que hizo HSH fue unir a más gente”, recuerda Walter Coello, uno de los 18 coordinadores originales que partieron de la citada localidad. “Cuando salimos de San Pedro Sula, el señor Bartolo Fuentes nos guiaba, y yo ahí, apoyándolo como coordinador. Dijimos que somos una sola familia y que nadie iba a dividir el grupo. Si no pasábamos todos, no pasaba nadie”, explica Coello en entrevista con Proceso en el albergue temporal de Santiago Niltepec, Oaxaca. El régimen hondureño fracasó en su intento de frenar la caravana. Entre el 17 y el 20 de octubre trató de convencer a los migrantes de retornar al país. Detuvo a Bartolo Fuentes en Esquipulas, Guatemala, acusado de instigador y de violar leyes fronterizas, pero no pudieron detener la marcha de los más pobres. Se les sumaron cientos de mujeres y jóvenes salvadoreños y guatemaltecos. Nadie les pidió dinero, afirma Coello. La mayoría llegó sin pertenencias. No pudieron reunir ni 50 dólares. Hay jóvenes que piden dinero para comer, para comprar un refresco. Las mujeres salieron con sus hijos e hijas “porque las maras los están reclutando. Si ellas se oponen, matan a toda la familia. A los varones los usan como mulas para que lleven y traigan dinero; son a los que matan, a los que agarran, a los que meten presos. A las jóvenes las violan”. En menos de dos semanas la caravana se transformó en un éxodo nunca antes visto en la última década en Centroamérica. Los organizadores y organismos de derechos humanos calculan que llegaron 7 mil personas al puente fronterizo entre Guatemala y Chiapas el pasado 19 de octubre.  Su ejemplo ha cundido. Tres caravanas más se formaron en la última semana: una que acampa en Huixtla, Chiapas, y que tuvo ya un hondureño muerto; otra de casi 500 salvadoreños que llegó a Tecún Umán, Guatemala, el 30 de octubre, y otra, con más de 2 mil hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. En un mes, cerca de 10 mil migrantes centroamericanos habrán tratado de ingresar a territorio mexicano en su marcha hacia la Ciudad de México y de ahí a la frontera con Estados Unidos. “Nunca había visto algo así” “Estamos ante un éxodo de dimensiones bíblicas”, advierte el obispo Arturo Lona Reyes. “Es un salir de sus tierras porque su presidente es un monstruo moral. Son como los judíos que huyeron de los tiranos. Están ilusionados con llegar al país del norte creyendo que es el paraíso. Es un proyecto de esperanza y de vida”, reflexiona Lona, el jerarca católico que más ha apoyado a los migrantes. En sus 47 años al frente de la diócesis del istmo, Lona confiesa a Proceso que nunca había visto algo similar. Ni en los ochenta, cuando 46 mil mayas guatemaltecos que huyeron del exterminio de los gobiernos militares se asentaron como refugiados en 89 campamentos que administró la entonces Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar). Ante la ausencia de un plan coordinado de ayuda de los gobiernos federal y estatales, Lona destaca que los habitantes pobres del istmo oaxaqueño los han ayudado. Se acercan a darles agua, a transportarlos, a entregarles alimentos. “¿Qué hace la ONU ante este problema? ¿Qué van a hacer los multimillonarios de México que ganan en un día más que todos estos migrantes?”, se pregunta Lona. “No digo que les den dádivas. Nada de asistencialismo, porque eso ha perjudicado a los pobres. Digo que les den promoción humana, que les den trabajo, que los enseñen a ser productivos. Aquí en Tehuantepec tenemos dos cooperativas de café y de ajonjolí, con 2 mil y 3 mil socios, respectivamente. Algunos les han dado trabajo”, relata Lona en entrevista vía telefónica. En asambleas ante los defensores de derechos humanos y la misión de observación de organizaciones no gubernamentales, los integrantes de la primera caravana decidieron llegar a la Ciudad de México y rechazar el programa “Ésta es tu casa”, que anunció por televisión el presidente Enrique Peña Nieto pero del que nadie les ha informado oficialmente. “Sabemos que habrá un nuevo presidente en México. Por lo menos que nos den empleo. Queremos llegar a la Ciudad de México y hablar con los diputados. El planteamiento de Peña es de deportaciones. Hay algunas personas que quieren ya regresar a su país. Se han ido como 80 o 100 personas nada más”, dice Coello. Cuenta: “Fui 15 años taxista. Tuve que vender mi taxi. Ya no era rentable tener un negocio. Últimamente tenía que pagarles a cuatro maras. Todo es para ellos. Si uno va y pone la denuncia, no pasa mucho y ya te están matando. Las autoridades se prestan a todo esto”. “Desplazamiento forzado” Otro actor fundamental en el paso de la caravana por Oaxaca ha sido Arturo Peim­bert, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). Dictó seis medidas cautelares a las autoridades estatales para salvaguardar la integridad de los migrantes, brindarles atención médica, para que el DIF distribuya ayuda humanitaria y las autoridades de Protección Civil de la entidad adopten medidas de prevención. El 27 de octubre le envió dos cuartillas a Renato Sales Heredia, titular de la Comisión Nacional de Seguridad, para advertirle que “la condición jurídica del migrante, su nacionalidad, su pertenencia a un grupo étnico, su condición económica, entre otras, no es causa para ser discriminado y negado su derecho; por tanto, su paso y estadía por el Estado mexicano no debería significar un riesgo latente de abuso de sus derechos humanos ni probables afectaciones a su integridad, patrimonio y su libertad”. Peimbert solicitó a Sales que “todos los cuerpos de seguridad dependientes de esta comisión se abstengan de realizar actos que atenten contra el derecho de los migrantes a transitar por el territorio nacional” y que la intervención de elementos de la Policía Federal se realice “bajo el enfoque de derechos humanos, brindando especial atención a niños y adolescentes”. También pidió a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y a la coordinación estatal de la Policía Federal que “se abstengan de cualquier acto de molestia consistente en hostigamiento e intimidación en agravio” de los migrantes y de los defensores de derechos humanos. La Defensoría oaxaqueña desplegó un equipo de 20 visitadores especializados en pueblos indígenas, mujeres y niños. Hasta el 31 de octubre tenían censados 780 menores de 17 años, de los cuales 500 son niños que presentan problemas broncorrespiratorios, infecciones en la piel, fiebre, deshidratación y estrés por las condiciones precarias y el constante acecho de las policías. “Estamos pidiendo al gobierno federal y al estatal que diversifique su modelo de intervención. Están pendientes muchas medidas de salud y es urgente que determinen su estatus como extranjeros en el territorio nacional”, señala Peimbert, para quien no se trata de una caravana, un éxodo o una diáspora, sino “de un fenómeno de desplazamiento forzado causado por razones políticas en su país de origen”, y “al gobierno y a la sociedad mexicana no nos corresponde juzgar sus razones, sino definir una estrategia coordinada de atención”. Subraya que “deben ser atendidos con calidez y calidad” y “el Estado mexicano no tiene que salir a actuar como gendarme o policía de Trump”, sino garantizarles condiciones seguras. En Tepantepec, cuenta Peimbert, miembros de la Policía Federal fueron quienes les explicaron “la oferta” del gobierno: “Fue un grupo policiaco, en funciones de cuerpo antimotines, el que se acercó a informar a los migrantes del proyecto ‘Ésta es tu Casa’, de Peña Nieto. Fue un despropósito total. Ahora el Instituto Nacional de Migración envió a integrantes del Grupo Beta para informarles sobre los mecanismos de deportación, pero la mayoría no quiere eso”. “Piden llegar a la Ciudad de México para dialogar ahí con representantes del Congreso, con autoridades del gobierno actual y del gobierno electo. ¿Qué debemos hacer? Reconocerles un estatus jurídico, si no es como desplazamiento forzado, al menos como trabajadores migrantes o internacionales, según lo que indica la Organización Internacional del Trabajo”, sugiere el ómbudsman oaxaqueño. Peimbert admite que este tipo de diáspora crecerá y México necesita urgentemente la intervención de la OEA o de otras instancias internacionales. Descoordinación federal Édgar Corzo Sosa, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, indicó que la Comar actualmente está “desmantelada”, con 70% de rezago, y que entre las autoridades federales “sube y baja” la tensión para atender el desafío de la caravana migrante. “Debe ser más determinante la actitud del gobierno federal a favor de los derechos humanos. Antes que ser migrantes, son personas. El gobierno tiene una descoordinación total entre intereses: los federales, los estatales, los municipales. Se requiere un gabinete de coordinación”, subraya Corzo en entrevista con  Proceso. Responsable de 10 oficinas en el territorio nacional para atender a desplazados y migrantes, Corzo admite que “la magnitud de este éxodo es excepcional. Ahora hablamos de 7 mil personas”.  Los únicos que se han adelantado para atender a los integrantes de la caravana son los brigadistas del Gobierno de la Ciudad de México, tanto de la administración de José Ramón Amieva como de la jefa electa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.  A Santiago Niltepec llegó el 29 de octubre una comisión formada por los dipu­tados federales Rosalinda Domínguez, Juan Enrique Farrera Esponda y Julieta Kristal Vences Valencia, para entrevistarse con los dirigentes de la caravana y organizar un “puente humanitario” en su trayecto hacia la Ciudad de México. La comisión fue enviada por el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, al tiempo que su par en el Senado, Ricardo Monreal, emitió un comunicado para resaltar el apoyo de la Cámara alta a los integrantes de la caravana. Sin embargo, la Misión de Observación, integrada por seis organizaciones sociales del istmo oaxaqueño, destacó en su comunicado del jueves 1 la ausencia de servicios médicos y de salud, que “sigue siendo de alta prioridad en este éxodo”. “Es lamentable que no existan servicios médicos las 24 horas del día, dificultando la atención de personas, sobre todo niñas y niños, durante la noche; momento en el que los cuadros de enfermedades respiratorias (con alta incidencia en la población infantil) se agudizan”, destacó el informe de la misión. Subraya la necesidad de ambulancias así como temas de sanidad, prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, atención a mujeres embarazadas, a niñas y niños, y la inclusión de actividades recreativas para los menores. También destacaron la necesidad de completar el censo iniciado por la DDHPO, porque los datos que arroje “serán de vital importancia para estimar las necesidades que deben ir cubriendo las autoridades, instituciones de derechos humanos y de salud”. Mientras esto sucede, a Chiapas ya llegaron integrantes de otras dos caravanas y en Tapachula la alcaldía calcula que llegarán más de 3 mil personas en los próximos días. Este texto se publicó el 4 de noviembre de 2018 en la edición 2192 de la revista Proceso.

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