CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas del sometimiento de México al Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil pretenden visibilizar la situación de violencia que viven niñas, niños y adolescentes en México, y la ausencia de una política pública para atender al sector, que comprende casi la tercera parte de la población en el país. En conferencia de prensa previa a la revisión que se llevará a cabo en Ginebra este miércoles 7, defensores de derechos humanos advirtieron que a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos les corresponderá revisar el cumplimiento de los convenios internacionales en la materia durante los últimos cinco años, prácticamente lo que corresponde al gobierno de Enrique Peña Nieto. De igual manera, destacaron que, si bien Peña Nieto clasificó como iniciativa “preferente” la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, no ha sido posible su aplicación de manera trasversal, alegando temas presupuestarios y dejando a la niñez mexicana en estado de indefensión. Tras resaltar que al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador le corresponderá dar respuesta al EPU en febrero de 2019, Rafael Castelán, de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), urgió al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a “aceptar las recomendaciones, considerando que no va a haber cuarta transformación si no se prioriza la atención de niñas, niños y adolescentes”. Castelán destacó que como “la tercera parte de la población en México, son las niñas, niños y adolescentes quienes viven con mayor intensidad la inseguridad, la impunidad y la violencia”. Recordó que la infancia en México no ha estado exenta de uno de los flagelos más graves que atraviesan al país, como es la desaparición. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), hay 6 mil 330 menores desaparecidos, de los cuales 74% se extraviaron en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Al señalar que pese a la gravedad del problema no se ha podido implementar en su totalidad la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Castelán resaltó que los menores sometidos al sistema penal han sido también víctimas de un sistema que “no los ve como titulares de derechos”. Expresó que, de acuerdo con cifras oficiales, al cierre de 2017, 50.2% de los adolescentes procesados en el sistema penal sufrió algún tipo de violencia física, mientras que 31.3% de los jóvenes sometidos a medidas de internamiento fue violentado de alguna manera. Lamentó que por cada cien delitos que se cometen, en los que están relacionados niñas, niños y adolescentes, “sólo tres llegan a sentencia, lo que indica que no son vistos como titulares de derechos”. La intención de poner sobre la mesa los temas de la niñez surgen de la falta de atención que han tenido incluso en las recomendaciones de organismos internacionales, advirtió Olga Arnaiz, de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT). Luego de señalar que por protocolo México no puede rechazar las recomendaciones y en todo caso puede “anotarlas”, Arnaiz recalcó que en las dos revisiones a las que se ha sometido al país, en 2009 y 2013, se le han hecho 366 recomendaciones, de las cuales 27 las ha anotado. Del total, dijo, “la mayoría de las recomendaciones que se han hecho se refieren a derechos de mujeres, 69 de ellas; en materia de Justicia, 60, y en pueblos indígenas, 42”. Mónica Llerena, de Educando en los Derechos y la Solidaridad (Educadys), manifestó que en febrero de este año un grupo de organizaciones dedicadas a la atención de los derechos de la infancia decidió entregar al EPU un informe sombra con recomendaciones para que sea comunicado al Estado mexicano. “Los temas torales que se abordaron tienen que ver con la infancia, niñez migrante, niños afectados por sismos, adolescentes con discapacidad, jóvenes defensores de derechos humanos, niñas y adolescentes víctimas de feminicidio y niños indígenas afectados por la contaminación y niñez privada de cuidados parentales”, explicó la defensora. Sarahi Estrada, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, pidió que en el próximo EPU “se analice como línea prioritaria a la niñez y juventud mexicana”, tomando en cuenta que la violencia contra ese grupo etario se ha acrecentado. Estrada expuso que de 2015 a 2017 se abrieron mil 640 carpetas de investigación por feminicidio, delito en el que las niñas y adolescentes son preponderantemente las víctimas, cifras que no reflejan la realidad ante “la resistencia de las autoridades por clasificar los homicidios de mujeres como feminicidios”. Al señalar que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ibegi), la población de 12 a 29 años concentra el 26% del total de mexicanos, explicó que en la precarización los jóvenes llevan las de perder en el país, ya que 53.2% de los desempleados tienen entre 14 y 29 años; siete de cada 10 adolescentes y jóvenes trabajan en el sector informal, y del total de pobres, 44.9% son jóvenes. Mauricio Pineda, de “Dignidad y Justicia en el Camino. FM4. Paso Libre”, explicó que en los últimos nueve meses su organización ha atendido a 400 personas menores de edad en condición de migración, siendo este sector “los que sufren la mayor vulnerabilidad”. Finalmente, recordó que a pesar de que Peña Nieto decretó como “preferente” la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, “no ha sido posible la armonización con la Ley de Migración, por motivos presupuestales; al menos ese es el argumento”. De compaginarse ambas legislaciones, explicó, el Estado estaría obligado a generar las condiciones para que de ninguna manera los menores de edad migrantes sean sometidos a encierro en estaciones migratorias, o en instalaciones del DIF bajo el resguardo de población del Instituto Nacional de Migración (INM).