CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La suerte de la polémica Ley de Seguridad Interior, que regulariza el uso de militares en las tareas de seguridad pública, se decidirá el próximo lunes 12 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) presentó un amicus curiae para que la máxima autoridad judicial del país la declare inconstitucional. En el documento, dirigido a los ministros de la SCJN, la organización sostuvo que “los mecanismos civiles de supervisión, control y rendición de cuentas para los militares en la LSI son insuficientes y no garantizan el respeto de los derechos humanos”, pues sostuvo que el 97% de los abusos militares contra civiles quedan impunes, y que las instituciones castrenses operan sin rendirle cuentas al Poder Legislativo. La organización envió su amicus curiae en reacción al proyecto de resolución que esbozó el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo a finales del pasado mes de octubre, la cual plantea que “no sólo es constitucional la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio o apoyo de las autoridades civiles, sino necesaria para salvaguardar el orden jurídico emanado de la propia Ley Fundamental”. En el documento, WOLA recordó que el Ejército estuvo involucrado en sonados casos de violaciones a los derechos humanos a pesar de los cuatro lineamientos sobre el uso de la fuerza que entraron en vigor desde el 2009. El informe cita, entre otros, los ejemplos de las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la ejecución extrajudicial de Calera, en Zacatecas, o la reciente desaparición forzada de 23 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por parte de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar). La organización también recalcó que la LSI hará todavía más difícil que los militares cooperen con las autoridades civiles en la investigación sobre los abusos militares, y que en los hechos las instituciones castrenses ponen muchas trabas a las autoridades civiles para proteger a sus integrantes involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos. En las 501 páginas del proyecto de resolución de Pardo Rebolledo se plantea la inconstitucionalidad de siete artículos y la modificación de cuatro más, pero se validan 23 de los 34 artículos que integran la ley. Su publicación generó reacciones adversas en el sector de la defensa de los derechos humanos. El jueves pasado, el colectivo #SeguridadSinGuerra –que aglutina a 300 organizaciones- consideró el proyecto como “deficiente y también un mensaje de impunidad”, pues invisibiliza a las víctimas y a la guerra misma”, además de que “los riesgos de mantener al Ejército en las calles, sin mecanismos efectivos de control, subsisten. El mismo día, el Observatorio Internacional de México –integrado por WOLA y con otras 7 organizaciones internacionales- repudió públicamente el proyecto de resolución de Pardo, entre otros porque “significa que la participación de militares en tareas reservadas a fuerzas civiles es una solución aceptable para combatir la violencia y la delincuencia”, a pesar de que “tales políticas tuvieron resultados desastrosos en México y América Latina”. Añadió: “También es preocupante que el gobierno mexicano siga enfocándose en buscar las vías legales de mantener la presencia de soldados en las calles a cualquier costo, y de militarizar las políticas de seguridad del país”. Y ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió un “respetuoso llamado” a los integrantes de la SCJN para que declaren la inconstitucionalidad de la ley.