CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A seis días de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, presente su Plan de Seguridad, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) exigió derogar la Ley de Seguridad Interior (LSI) porque “profundiza la estrategia fallida contra el crimen organizado” en la que niñas, niños y adolescentes han resultado los más afectados. Luego de entregar en la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un amicus curiae que impugna la LSI, Alicia Vargas Ayala urgió al nuevo gobierno y al Congreso de la Unión a tomar en cuenta las voces de niñas, niños y adolescentes en el proyecto de seguridad, ya que es el sector más sensible en la guerra contra el crimen organizado. Como prueba de impacto que ha tenido la estrategia fallida de combate al narcotráfico, la defensora destacó que, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), a abril de este año, “6 mil 614 niñas, niños y adolescentes están desaparecidos, y representan el 17%  de los más de 37 mil víctimas de ese flagelo en el país”. Apuntó que del total de menores desaparecidos, “tres de cada cuatro desaparecieron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto”. Las más vulnerables aún de la militarización de la estrategia, “son las niñas y adolescentes que suman 3 mil 900 desaparecidas, producto de que no hay una ley que armonice con la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, ni mucho menos una ley que las proteja”. Al recordar que los legisladores de Morena son mayoría en el Poder Legislativo, la defensora pidió “al nuevo gobierno y al Congreso instalado que efectivamente deroguen esta Ley (de Seguridad Interior) y que haya espacio y apertura para dialogar con sociedad civil”. Agregó que con diez años como Redim, que cuenta con 77 organizaciones en el país, ha podido recabar “datos duros” que permitirían al nuevo gobierno y a los legisladores, “posicionar el proyecto de seguridad desde una perspectiva de niñez”. Tras recordar que a Loretta Ortiz, integrante del equipo de transición de López Obrador, se le entregó documentación puntual, Vargas Ayala insistió en que las niñas, niños y adolescentes deben ser escuchados, “ellos tiene su propia voz, ellos son las víctimas ellos tienen elementos que pueden ofrecer como información y tienen propuestas”. La representante de la Redim lamentó que el presidente electo proponga integrar a las filas de las fuerzas armadas a unos 50 mil jóvenes, crear una Guardia Nacional así como que su partido no sea congruente con su posición de la anterior legislatura de impugnar la LSI. “Nos resulta sumamente preocupante que se esté buscando fortalecer a través del reclutamiento de 50 mil jóvenes al sistema de seguridad interior; lo que queremos que haya una revisión con perspectiva de derechos de niñez, con perspectiva de derechos de género, ya que sabemos que las principales víctimas mortales son los niños y adolescentes”, apuntó Vargas Ayala. Al señalar que la LSI propone una condición de grave vulnerabilidad para la niñez, la defensora reprochó a Morena: “al parecer, ahora que son gobierno, no piensan echar para atrás la ley, pareciera que les conviene mantenerla, y esto obligaría a la sociedad civil a posicionarse fuertemente”. Vargas Ayala consideró que “sería fabuloso” que la SCJN se abriera al debate sobre la LSI, “y que se nos permitiera posicionar la perspectiva de niñez y de género”. El amicus curiae presentado este miércoles está dirigido al ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien ha convocado a la SCJN a analizar su proyecto de resolución de las impugnaciones de la ley, a partir de este lunes 12. De acuerdo con el documento, la Redim considera que la LSI “representa un desafío al orden constitucional ignorando los llamados que hicieron organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como la  voz de la ciudadanía, de niñas, niños y adolescentes y las organizaciones de la sociedad civil en contra de esta ley que pone en peligro los derechos humanos, la seguridad y desarrollo sin violencia de niñas, niños y adolescentes”. Sostiene que la LSI “debe ser derogada (porque) profundiza la estrategia fallida contra el crimen organizado, el papel y despliegue de las fuerzas militares en seguridad pública y operativos contra organizaciones criminales en el país por órdenes del entonces presidente Felipe Calderón”. La estrategia de militarización, se agrega, “no mejoró la situación de seguridad; al contrario, llevó a un incremento de violaciones a derechos humanos que impactó la vida de niñas, niños y adolescentes, lo cual se ve reflejado en la tasa de homicidios, desapariciones y fenómenos criminales nunca antes vistos en el país”. En su documento la Redim puntualiza que “de 2006 a 2018, alrededor de 50 mil efectivos militares llevaron a cabo tareas de seguridad; en 2016 se duplicó el presupuesto para el Ejército y la Marina, sin incrementar el presupuesto para la Procuraduría General de la República o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, y  pese a la alta presencia de Policía, Ejército y Marina,   “según datos del INEGI, el 76% de la población vive con miedo e inseguridad”.