CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Familiares de personas desaparecidas pidieron al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador no cometer los mismos errores que sus antecesores y aceptar las 264 recomendaciones emitidas al Estado mexicano durante el Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En una conferencia de prensa transmitida desde Ginebra, Grace Fernández del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, clamó al próximo Presidente, a quien le corresponderá dar respuesta al EPU, escuchar a las víctimas de la violencia y de la guerra contra el narcotráfico. “Le pedimos trabajar realmente, que no cometan los mismos errores que la administración actual, que acepten toda la ayuda internacional y, sobre todo, que no dejen de escuchar a las víctimas”, puntualizó Fernández, también integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Tras participar también en el diálogo de seguimiento convocado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), Fernández lamentó que funcionarios que participaron en las audiencias con expertos de la ONU encabezados por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, hayan asistido en “modo ya me voy” y que respondieran que corresponderá al siguiente gobierno atender las inquietudes sobre la crisis humanitaria. “No nos queda más que hacer un llamado al equipo del licenciado López Obrador porque el reto va a ser enorme y las familias, al igual que lo tratamos de hacer con Felipe Calderón y lo hicimos con Enrique Peña Nieto, hicimos a un lado nuestra frustración y coraje, y ofrecimos nuestro trabajo para mejorar las condiciones de seguridad en el país”, destacó Grace Fernández, quien agregó que las familias que asistieron a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos regresan a México decepcionadas. La hermana de Jeremeel Fernández Morán, desaparecido por militares en 2008, dijo que “indigna y preocupa el hecho de que diga la Procuraduría General de la República (PGR) que de los mil expedientes que tienen integrados, 114 están clasificados como desaparición forzada, 186 como desaparición por particulares y el resto como no localizados”. En materia de desaparición de migrantes, “informaron que tienen 380 expedientes, cuando como Movimiento, en el que participan colectivos de países centroamericanos, tenemos más de 800 casos de migrantes desaparecidos”. Para los familiares de desaparecidos, “la esperanza que nos queda es que ya se van, y exigimos que el 1 de diciembre, en su discurso, el presidente López Obrador se pronuncie para aceptar la competencia del CED para que pueda aceptar casos individuales, que les ayude a fortalecer las capacidades” para encontrar a las víctimas, puntualizó Grace. Michelle Quevedo, hermana de Gerson, desaparecido en 2014, agregó que en la audiencia del CED, los representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) sostuvieron que había 44 sentencias por desaparición, sin especificar el fuero al que corresponden. Los colectivos de familiares de víctimas dijeron que “no tenemos información, (no sabemos) a que se refieren las autoridades con esas 44 sentencias, dónde se ejecutaron, además de que frente a 37 mil casos de desaparecidos esa cifra es una burla”. La integrante de Familiares en Búsqueda María Herrera lamentó que, ante la pregunta a los representantes del Estado mexicano de por qué no se había aceptado durante el gobierno de Peña Nieto la competencia del CED para llevar casos individuales, “se dijo que eso le tocaba a decidir al nuevo gobierno, ellos se enfocaron en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda”. Michelle Quevedo, también integrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, destacó que durante la sesión del CED, el comisionado Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera sostuvo que había contado con presupuesto para la implementación de la CNB, contrario a la información que como órgano de vigilancia tuvieron de que “no había podido acceder al fondo”. Al señalar que en la audiencia Cabrera afirmó que parar el año próximo se asignaron 60 millones de pesos para la CNB, hasta ahora “no hay registros completos, no existe un banco forense y, sobre el Plan Nacional de Búsqueda, lo que se afirma es que ya avanzaron en el índice”.   Ley contra desapariciones no se aplica A casi un año de decretada la Ley General, la activista lamentó que “no hay búsquedas inmediatas, que es el propósito de la Ley, y lo que hay es una desorganización y no hay coordinación, porque ni la fiscalía ni la CNB buscan a las personas, los plazos se están venciendo y no podemos esperar más tiempo”. Durante la conferencia de prensa, Olga Guzmán, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), resaltó que la fiscalía autónoma y el mecanismo internacional fueron algunas de las recomendaciones plantearon representantes de los Estados miembro del Consejo de Derechos Humanos a México. Afirmó que las organizaciones van a seguir insistiendo al gobierno de López Obrador para que atienda las observaciones en esos puntos, “porque sin fiscalía autónoma no vamos a poder avanzar en ninguno de los temas pendientes, mucho menos en superar la impunidad”. Advirtió que se mantendrá la demanda por la creación de un mecanismo con participación internacional para que colabore con México en el combate a la impunidad y la corrupción, “para que haya garantías de imparcialidad”. En la transmisión en vivo desde Ginebra, conducido por Ricardo Muñoz, de la Red Internacional de Derechos Humanos, estuvo presente la embajadora de México ante la ONU, Socorro Flores, quien señaló que las 264 recomendaciones emitidas por 102 países en el EPU, versaron “sobre temas que el Estado mexicano había previamente identificado, y son recibidas de manera positiva, pero la decisión final de aceptación será de la siguiente administración”.