Objetivo prioritario, la atención humanitaria a las casi 10 mil personas de la caravana migrante: CNDH

lunes, 10 de diciembre de 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que emitió 21 medidas cautelares –una de ellas de manera verbal– dirigidas a autoridades de los órdenes federal, estatal y municipal para que brindaran “apoyo basado en el respeto a los derechos humanos” a las personas integrantes de la caravana migrante que actualmente se encuentra en Tijuana, Baja California. La atención humanitaria a las casi 10 mil personas, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas mayores y con discapacidad, ha sido el objetivo prioritario, puntualizó en un comunicado difundido este lunes. Y para tal efecto, sostuvo, emitió esas 21 medidas cautelares durante los pasados meses de octubre y noviembre, además de que abrió 19 procedimientos de queja. “En todo momento se consideró fundamental recordar que antes de ser migrantes, los integrantes de ese éxodo son personas”, recalcó. La CNDH destacó que mantuvo permanente interacción con organismos internacionales de derechos humanos, Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de Honduras y Guatemala y organizaciones de la sociedad civil, así como colaboración estrecha con las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de las entidades federativas por donde transitó la caravana. Asimismo, en diversas ocasiones se activó el Protocolo de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) en el marco de la caravana migrante. Durante el trayecto de la frontera sur de México hasta la frontera norte con Estados Unidos –abundó-- se dio atención a casos específicos de personas que requirieron apoyo médico, acompañamiento a familiares de personas que sufrieron accidentes o perdieron la vida, asesoría a quienes se vieron involucrados en hechos delictivos o fueron imputados de delitos. Y precisó que al presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe “Situación de derechos humanos de las personas que integran la Caravana de Migrantes”, durante la Audiencia Regional en el marco del 170 Periodo Ordinario de Sesiones que se realiza en la ciudad de Washington, Estados Unidos, sostuvo que la posibilidad de migrar es un derecho humano y que no se opone a las regulaciones migratorias de cada país, “siempre y cuando existan reglas que permitan un trato digno, acceso a la información sobre los derechos para internarse, el derecho al refugio o asilo, el derecho a la no criminalización como persona migrante, así como absoluto rechazo al racismo y la xenofobia”. De acuerdo con el organismo, dicho informe da cuenta de la configuración de la Caravana Migrante y sus etapas; los derechos en aplicación de sus integrantes, tales como a la seguridad de las personas en contexto de migración, integridad personal, niñez, debido proceso legal en las detenciones, protección a la salud, a solicitar y recibir refugio y al retorno voluntario, entre otros. Al considerar la alta probabilidad de que ocurran otros fenómenos migratorios como éste, la CNDH solicitó a la CIDH, entre otras acciones, desarrollar un análisis que permita identificar y atender desde una óptica de derechos humanos los factores que producen la migración de amplios grupos de personas en sus países de origen, para ofrecer alternativas a la migración. De igual manera, realizar una visita de monitoreo a la frontera de México con Estados Unidos y México con Guatemala para identificar las condiciones de acceso y situación en general que prevalecen, y prever un mecanismo de seguimiento y acción inmediata por el cual puedan trabajar de manera coordinada la CIDH y las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de los países involucrados. También, elaborar una guía, lineamientos o protocolo para regular el uso de la fuerza cuando sea requerido, guardando la proporcionalidad y atendiendo la vulnerabilidad de las personas migrantes; considerar la necesidad de acciones inmediatas de respuesta y atención ante eventuales sucesos de flujo intenso como el de una caravana y evaluar la adopción en esos momentos de medidas cautelares por la CIDH; emitir lineamientos para proporcionar asistencia humanitaria y que los agentes estatales actúen con responsabilidad. “Ese gran flujo migratorio representó para nuestro país la oportunidad de hacer vigentes los derechos fundamentales de esas personas en contexto de movilidad y ejercer el principio de congruencia plasmado en nuestras propias leyes migratorias, además de constituir una situación de emergencia que demandó una acción regional coordinada, que no resultó exitosa en todos los aspectos necesarios”, subrayó la CNDH.

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