CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La suspensión de la ley que limita los salarios de los servidores públicos fue reclamada hoy por la Presidencia de la República a partir de aspectos de procedimiento que, según el Ejecutivo, hacen improcedente la decisión asumida por el ministro Alberto Pérez Dayán. El desencuentro entre los poderes Ejecutivo y Judicial ha marcado el arranque de la administración, a partir de que las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión atendieron una serie de reformas que fijaron un tope salarial máximo de 108 mil pesos mensuales, cantidad que gana el presidente y que no debe ser superada por ningún otro servidor público. A través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), este miércoles se presentó un recurso de reclamación a la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que entró en vigor el pasado 5 de noviembre, provocando un cisma en el Poder Judicial, los organismos públicos autónomos y ciertos ámbitos de la administración central. Dicha medida, considerada la base de la “política de austeridad republicana” planteada por Andrés Manuel López Obrador, se expresó en la mencionada ley, así como en el Código Penal, pues se considera punible al servidor público que pague y al que reciba emolumentos superiores a los percibidos por el mandatario, un principio establecido en el artículo 127 constitucional, pero que carecía de reglamentación. El nuevo marco legal es combatido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de una acción de inconstitucionalidad, a la que se acumuló la de un frente opositor a Morena en el Senado de la República, bajo la misma figura. El pasado viernes 7 –una semana después de iniciada la administración lopezobradorista-- el ministro instructor Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión al admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad que promovieron los senadores del PRI, PAN y PRD, por lo que las percepciones de 2019 no se deben ver afectadas por la mencionada ley de remuneraciones. La CJEF argumenta en su reclamación a la SCJN que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada. Asimismo, considera que se desatendieron requisitos procedimentales establecidos en la Ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, que regula los juicios en materia constitucional. Además, considera que la suspensión se fundamentó incorrectamente en el artículo 59 de la misma ley reglamentaria, donde se establece que aquello imprevisto en las acciones de inconstitucionalidad se debe resolver conforme a los procedimientos de las controversias constitucionales; en tanto, el artículo 64 del mismo ordenamiento prevé la figura de la suspensión y dispone que no es procedente en acciones de inconstitucionalidad. El recurso interpuesto hoy por la CJEF se propone revertir la suspensión decidida el viernes 7, que mantendría los salarios de juzgadores, incluidos los propios ministros de la Suprema Corte, pero también de todo servidor público que perciba más de 108 mil pesos mensuales.