'No necesitamos dinero, necesitamos compromiso para combatir la corrupción”: SFP sobre presupuesto

martes, 18 de diciembre de 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, quien como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) supervisa el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), justificó hoy los recortes al presupuesto del organismo con esta frase: “No necesitamos dinero, necesitamos voluntad, necesitamos compromiso para combatir la corrupción”. Minutos después de recibir oficialmente la propuesta para una nueva política nacional anticorrupción, elaborada por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA, Sandoval alabó la “austeridad republicana” promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, basada –dijo-- “en la sobriedad de la vida pública y privada y en la entrega abnegada al cumplimiento del mandato popular”. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, presentado por el gobierno federal el sábado 15, plantea una reducción de 23% de las erogaciones en la Secretaría Ejecutiva del SNA, es decir, de 173 millones a 132 millones de pesos. El documento también contempla un recorte a los presupuestos asignados a prácticamente todas las instancias que conforman el organismo, como la propia SFP, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Procuraduría General de la República (PGR). La activista Mariclaire Acosta Urquidi, presidenta del SNA y del CPC –cuyo presupuesto sería recortado en un 10% el próximo año--, entregó a Sandoval su propuesta de política nacional anticorrupción, que consiste en una amplia investigación realizada con base en consultas ciudadanas, estudios académicos y foros regionales, y una serie de propuestas para encontrar una solución al problema. “La causa fundamental de la corrupción es la impunidad (…) se debe combatir a partir del funcionamiento de un Estado de Derecho en el que imperen la transparencia y la rendición efectiva de cuentas”, sostuvo la activista. Según el documento, los mexicanos interpusieron 144 mil denuncias por hechos de corrupción en 2016 –un promedio de 400 por día--, lo que representaría apenas el 1% de los actos de corrupción que realmente sufre la ciudadanía y que no se denuncian por considerarlo una pérdida de tiempo. En la Ciudad de México, la tasa de denuncia de actos de corrupción alcanzó la impresionante cifra de 3% de la población. Según el documento, no sólo la impunidad fomenta la corrupción, también lo hace la “persistencia de amplios márgenes de discrecionalidad en el servicio público, que abren la puerta a la arbitrariedad”, y la escasa interacción entre gobierno y ciudadanía. El plan enumera una serie de medidas para combatir la corrupción, entre ellas una mejor coordinación entre dependencias, la elaboración de un “plan estratégico de persecución” de estos delitos y un protocolo de denuncia, la protección a testigos y denunciantes, o la intensificación de los esfuerzos para detectar los llamados “beneficiarios finales” de los esquemas bancarios. La política, articulada alrededor de cuatro ejes, implicaría la creación de un “Modelo de Seguimiento y Evaluación de la Corrupción”, que con base en indicadores mediría los avances del combate a la corrupción. “Analizaremos y revisaremos de forma responsable la propuesta que hoy se nos entrega”, sostuvo Sandoval, quien llamó a que “el SNA se ciudadanice aún más”. Como otras grandes promesas del sexenio de Enrique Peña Nieto, el SNA terminó incompleto e incapaz de obligar a las instituciones a castigar algunos de los casos más sonados de corrupción del sexenio, como Odebrecht o los desvíos multimillonarios operados por el equipo de Rosario Robles Berlanga en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Para que el SNA opere como se planificó, se requiere el nombramiento de un fiscal anticorrupción –como parte de la Fiscalía General de la República-- y 18 jueces encargados de sancionar la corrupción administrativa, mientras que gobiernos locales todavía no adecuan sus sistemas locales. “En algunos estados no se ha logrado implementar este sistema (…) las cabezas han sido designadas a modo por poderes políticos, fácticos o por intereses privados, lo cual implica un gran riesgo para el SNA”, concluyó Sandoval.

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