CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de aceptar que México se convierta de hecho en “Tercer País Seguro” para Estados Unidos fue “soberana”, aseveró esta mañana Alejandro Alday González, el consultor jurídico de la Cancillería. En un mensaje a medios improvisado de último minuto, apenas hora y media después que la administración Donald Trump notificó al gobierno mexicano su decisión de devolver a México los extranjeros no mexicanos que busquen asilo en Estados Unidos, Alday sostuvo que las autoridades mexicanas se encuentran “frente una realidad que nos impone la aplicación de la ley de Estados Unidos”. “Esta medida, hay que decirlo con toda claridad, existe con base en el derecho de los Estados Unidos, en el derecho soberano de dictar su política migratoria, y el gobierno de México ha estado atento durante mucho tiempo a su implementación”, insistió el funcionario. Sin embargo, nada obliga el gobierno mexicano a aceptar que las autoridades estadunidenses le devuelvan personas que no son mexicanas durante el tiempo que dure su proceso de asilo; además, Proceso reveló desde el pasado mes de mayo que los gobiernos de Trump y de México –primero de Peña Nieto y luego de Andrés Manuel López Obrador-- estaban negociando un acuerdo de “Tercer País Seguro”. Funcionarios del gobierno actual descartaron de manera reiterada que esta opción sea viable; tan solo ayer, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, negó de manera categórica que el gobierno mexicano aceptaría convertirse en Tercer País Seguro. Por ello, tanto la Cancillería --en un boletín emitido por la mañana--, como Alday, aseveraron que la medida dictada por Washington no convierte el país en sala de espera de Estados Unidos, aunque ni uno ni lo otro supieron explicar por qué. “No quiere decir de ningún modo que estemos frente a un acuerdo de Tercer País Seguro, que es un tema sobre el cual se ha hablado en las últimas semanas, la Cancillería quiere dejar claramente que no es el caso, hay diferencias muy importantes en un esquema de Tercer País Seguro al que estamos enunciando”. Sin embargo, todo indica que sí: en palabras del propio consultor jurídico. “el Departamento de Seguridad Interna (DHS) pretende que estas personas ingresen a México después de haber sido evaluadas por las autoridades estadunidenses y que permanezcan en nuestro país hasta la fecha en la que deban regresar a Estados Unidos para sostener un encuentro, una audiencia con el juez migratorio”. “Por nuestra parte determinamos de manera soberana e independiente poner en práctica la legislación mexicana (…) para darle acogida y recibir a estos migrantes no mexicanos que enfrenten un proceso migratorio en Estados Unidos”, sostuvo. “Esta medida unilateral les pone en una situación de enorme vulnerabilidad y el gobierno mexicano tiene la convicción de proteger los derechos humanos de las personas que se encuentran en este momento enfrentando esta situación”.