Ignacio Morales Lechuga, el procurador del sexenio salinista mencionado en el juicio del Chapo Guzmán como una de las autoridades corrompidas por narcotraficantes en 1991, niega en entrevista toda imputación al respecto y afirma que entonces “la delincuencia organizada todavía no rebasaba al Estado”. A decir del ahora notario, la postura del gobierno mexicano ante las presiones de Estados Unidos era firme y el único tema bilateral difícil era el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.   CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- “El Estado mexicano renunció a su derecho a juzgar nuevamente a Joaquín Guzmán Loera por los delitos que hubiese cometido antes y después de fuga y recaptura. Si a mí me hubiera correspondido, yo no hubiera aceptado la extradición sin que previamente México lo enjuiciara y condenara”, sentencia el exprocurador general de la República Ignacio Morales Lechuga, quien volvió a estar en el ojo del huracán en los últimos días, tras la mención de su nombre en la sexta semana del juicio contra el exjefe del Cártel de Sinaloa en un tribunal federal de Brooklyn. Bajo el interrogatorio de Jeffrey Lichtman, uno de los tres abogados de la defensa del Chapo Guzmán, el narcotraficante colombiano Jorge Milton Cifuentes Villa, testigo protegido de la DEA en este juicio, afirmó que en la década de los noventa sobornó a Morales Lechuga. La nota informativa, retomada por varios medios nacionales y extranjeros, señaló que Cifuentes “confesó tener en nómina” al entonces procurador, “quien a cambio de sobornos le daba protección familiar”. Morales Lechuga reaccionó el mismo día que circularon las declaraciones de Cifuentes. Negó conocer al presunto estratega financiero del cártel del Valle del Norte, Colombia, y le solicitó al tribunal de Brooklyn las “versiones completas de las declaraciones vertidas contra Guzmán Loera que me permitan valorar y, en su caso, presentar denuncias o demandas en defensa de mi buen nombre”. “No se puede soslayar que de las declaraciones de Cifuentes se desprende la comisión de varios delitos, entre otros el homicidio de tres personas al parecer de nacionalidad mexicana en territorio nacional, por lo que se impone la necesidad de iniciar la carpeta de investigación respectiva”, solicitó el exprocurador en una denuncia de hechos entregada el pasado martes 18 en la oficina de Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la Fiscalía General de la República. “A mí no me han acusado de nada. Citan mi nombre de manera despectiva, peyorativa, como si yo fuera una persona corrupta, como si me hubiera prestado a recibir sobornos, cosa que es absoluta y totalmente falsa”, subraya en entrevista. También recuerda las dificultades que tuvo con la DEA por las presiones derivadas del secuestro y posterior repatriación del médico Humberto Álvarez Machain, involucrado en la tortura y muerte del exagente antidrogas estadunidense Enrique Camarena Salazar, y revivió el episodio del enfrentamiento entre militares y policías judiciales federales en la pista clandestina de Llano de la Víbora, en Tlalixcoyan, Veracruz, en noviembre de 1990. Actualmente notario público y exrector de la Escuela Libre de Derecho, Morales Lechuga argumenta que Cifuentes “no da ningún elemento de fecha o de lugar de entrega que me involucre. Ni siquiera le consta algo porque él mismo reconoce que acudió a un tercero, Juan de Dios Rodríguez Valladares, alias El Flaco, que después fue asesinado en Monterrey. Es la estrategia perfecta para difamar y calumniar porque al que le consta ya está muerto”. –¿Esta acusación es personal o forma parte del contexto del juicio del Chapo? –se le plantea. –Desde el momento que se metieron con mi persona, es personal, atendiendo al sentido literal de su pregunta. –Usted presentó el 18 de diciembre una solicitud ante el encargado de despacho de la Fiscalía General de la República para que le entreguen la versión certificada y completa de las declaraciones de Cifuentes. ¿Es esto algo inédito? –Creo que pocas personas han reaccionado en defensa de su dignidad y de su nombre y pocas personas han solicitado ante la Fiscalía General de la República que intervenga. –¿Por qué cree que se revivió este periodo de usted en la procuraduría general? –No especulo, estoy pidiendo la información. Hasta donde entiendo, el propio fiscal induce mi nombre. Quiero ver cuál fue exactamente la declaración y de ahí partir. –La nota en la que nos basamos casi todos los reporteros cita una pregunta del abogado del Chapo a Cifuentes. –Yo entiendo que muchas veces, en estos juicios, la defensa y la fiscalía acuden a lugares comunes para buscar, uno la responsabilidad y el otro la inocencia. Y en un caso el actor central, que es el procesado, o lo ponen como víctima de su país, de sus políticos, o lo ponen como parte de un poder corruptor sin límites, perverso, que incluso ha dañado la estructura política de su país. Entonces, pareciera ser muchas veces que los juicios son contra México y no contra el procesado. Esa es la imagen que se presenta. (Adelanto de la entrevista publicada en Proceso 2199, ya en circulación)