CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador aceptará en todos sus términos las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) el pasado fin de semana en relación con los casos de las mujeres de Atenco víctimas de tortura y abusos sexuales por parte de la policía del estado de México y de la familia Alvarado, este último registrado, en 2009, en el estado de Chihuahua. Así lo dio a conocer este día el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, durante su participación en la conferencia de prensa mañanera de López Obrador en Palacio Nacional. El funcionario de la Secretaría de Gobernación comentó que el Estado mexicano ha iniciado el proceso de revisión de dichas sentencias, en particular la de las mujeres de Atenco, la cual, anticipó, "cumpliremos de manera muy puntual", atendiendo cada uno de los aspectos que de ella se deriva. Encinas mencionó que, en los próximos días, una vez desahogado ya el análisis de la sentencia, darán a conocer las fechas, mecanismos e instrumentos, a partir de los cuales se ejecutará plenamente esta sentencia. En el caso de las mujeres de Atenco, la CoIDH encontró responsabilidad internacional del Estado mexicano en los actos de tortura física, psicológica y sexual contra 11 mujeres detenidas arbitrariamente en San Salvador Atenco, Estado de México, durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador. La CoIDH notificó a las partes la sentencia adoptada el 28 de noviembre pasado, en la que se certificó que “el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales al momento de detenerlas no fue legítimo ni necesario, pero además fue excesivo e inaceptable por la naturaleza sexual y discriminatoria de las agresiones sufridas” contra las 11 mujeres de Atenco que han sostenido su lucha por justicia durante más de 12 años. En este caso, las víctimas son Yolanda Muñoz Diosdada, Norma Aidé Jiménez Osorio, María Patricia Romero Hernández, Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Ana María Velasco Rodríguez, Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, Bárbara Italia Méndez Moreno, María Cristina Sánchez Hernández, Angélica Patricia Torres Linares y Claudia Hernández Martínez. El mismo jueves 20, la CoIDH encontró “intencionalmente” responsable al Estado mexicano de la desaparición forzada de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Alvarado durante la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua realizado en el Ejido Benito Juárez el 29 de diciembre de 2009. En dicho operativo, señala la resolución, participaron directamente las fuerzas armadas en labores de seguridad. En tanto, organizaciones que representan a las familias de Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado, desaparecidos a manos de miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en diciembre de 2009, exigieron a Andrés Manuel López Obrador “cumplir con su compromiso de respetar los derechos humanos” así como al Congreso de la Unión a “no adoptar una reforma constitucional que sea contraria a los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de seguridad ciudadana”.