CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió una recomendación al actual secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por detenciones arbitrarias y retención, por hechos ocurridos en abril de 2013 en el estado de Durango. Fechada el 19 de diciembre, la recomendación también está dirigida al gobernador José Rosas Aispuro, ante el involucramiento de la Fiscalía General estatal en hechos de tortura y violaciones al acceso a la justicia, y abusos cometidos contra tres expolicías municipales a quienes se les involucró en el secuestro y la muerte de dos personas. La recomendación 74/2018 se refiere las quejas presentadas por familiares de tres policías municipales de Tlahualilo, Durango, quienes fueron detenidos por cuatro elementos de la Secretaría de Marina (Semar), sin indicarles el motivo, para después ser trasladados a los separos de la Vicefiscalía de Lerdo, Durango, el 21 de abril de 2013. De acuerdo a la información recabada por el organismo, “los marinos y diverso personal de la Dirección General Estatal golpearon e interrogaron a los agraviados sobre un secuestro y la muerte de dos personas, sin que tuvieran calidad de probables responsables, para luego entregarlos a la autoridad ministerial que consintió actos de tortura antes de ser internados en el Centro de Reinserción Social de Durango”. La investigación de la CNDH determinó que, pese a que la Semar emitió un informe negando la participación de su personal en la detención de las tres víctimas, informes de los superiores jerárquicos de los policías y de agentes de la Fiscalía General, confirmaron la participación de los elementos navales. Para el organismo “el personal naval no actuó bajo los principios de legalidad al omitir poner a los agraviados de manera inmediata a disposición de la autoridad ministerial y realizar actos de investigación sin instrucción”. Agregó que, por los agravios contra las tres víctimas, la autoridad deberá deslindar responsabilidades por la participación en detención arbitraria, retención ilegal e indebida procuración de justicia y tortura, de dos médicos forenses, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General y tres servidores públicos de la Dirección Estatal de Investigación, y de un oficial no identificado. En tanto, la CNDH recomendó al titular de la Semar que se coordine con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Durango para “reparar integralmente el daño a las tres personas agraviadas, en los términos de la Ley de Víctimas de la entidad, y se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas, así como coadyuvar con la CNDH en la presentación y seguimiento de la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control” de la dependencia castrense contra los marinos involucrados, así como anexar a sus expedientes personales la recomendación emitida. A ello se suma la petición para que el titular de la Marina colabore con la CNDH en la presentación de la integración de la averiguación previa que inicie la Procuraduría General de la República (PGR) contra los elementos que incurrieron en actos ilegales. También pide capacitar a su personal en materia de derechos humanos, en especial sobre detención arbitraria, retención ilegal y detención en casos de flagrancia. En cuanto a los puntos recomendatorios dirigidos al gobernador de Durango, la CNDH, instruyó a la reparación del daño en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la entidad, y que se les inscriba en el Registro Estatal de Víctimas. A Rosas Aispuro, el organismo le pidió su colaboración para presentar y dar seguimiento a una queja en contra de siete servidores públicos responsables de los hechos que se presente ante el Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Durango y ante la misma Fiscalía, así como integrar la recomendación en sus expedientes laborales. También se solicitó capacitar al personal de la Dirección Estatal de Investigación de la Fiscalía en derechos humanos.