[caption id="attachment_562608" align="alignright" width="702"] Gráfico: Zeta[/caption]   CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El número de asesinatos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto superó a los registrados en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra al narcotráfico. [caption id="attachment_562611" align="alignright" width="197"] Ejecuciones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por estado.[/caption] Del 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto asumió la Presidencia, al 31 de octubre de 2018, 30 días antes de que dejara el poder, se registraron 150 mil 992 muertes violentas, la mayoría vinculadas al crimen organizado, señala una investigación de la revista Zeta. En los seis años de guerra contra las drogas de Felipe Calderón se reportaron 121 mil 35 muertes violentas. Es decir, el sexenio de Peña Nieto superó al de su antecesor por 29 mil 957 ejecuciones más que la de su antecesor. Y tan sólo 2017 batió cualquier registro de muertes violentas, con 32 mil 79 homicidios dolosos, según datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Académicos y expertos en el tema de seguridad aseguran que la estrategia de Peña Nieto al combatir la violencia fue un fracaso rotundo. Para Froylán Enciso, profesor del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el fracaso se debió a tres factores. Primero, que el gobierno priista centró su estrategia en capturar a objetivos estratégicos. “Tenían una lista de 120 criminales clave y pensaron que metiéndolos a la cárcel iban a debilitar a las organizaciones criminales, pero resultó falso. Lo que ocurrió es que mientras más detenían líderes, más aumentaba la violencia”, dijo el historiador sinaloense a la revista Zeta. Además, el descabezamiento de organizaciones criminales causó una fragmentación en esos grupos y provocó un aumento de organizaciones delictivas. “Las organizaciones se pelean internamente para sus liderazgos, y cuando organizaciones rivales veían un pleito, lo tomaban como una oportunidad para competir por ese negocio. Entonces, hubo incentivos para incrementar la violencia intra e inter cartel”, señala. El doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York señala, como tercer factor, la diversificación del mercado ilícito: “El negocio de las drogas que antes era mucho más centralizado, se diversifica en esas organizaciones fragmentadas para poder sobrevivir en el mercado clandestino, entonces se agregan otras actividades como el cobro de piso –que Los Zetas introdujeron hace casi 20 años–, el huachicoleo, el secuestro de migrantes y la trata de personas”. Una consecuencia de ello fue la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). “El proceso de diversificación criminal que afectó principalmente a las organizaciones tradicionales como el Cártel del Golfo y Los Zetas contra el Cártel de Sinaloa, hizo un hueco que aprovechó el Cártel Jalisco para apoderarse de los negocios grandes y aumentar su presencia territorial en todo el país”. Dicho cártel se consolidó a tal grado que actualmente tiene presencia en 22 de los 32 estados del país. [caption id="attachment_562614" align="alignright" width="702"] Gráfico: Zeta[/caption] Estados cómplices Otro factor a considerar para explicar el aumento de la violencia en el país fue la actuación de los gobiernos locales. [caption id="attachment_562610" align="alignright" width="199"] Ejecuciones del 1 de enero al 31 de noviembre de 2018 por estado.[/caption] Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, destaca el caso de Baja California, el segundo estado con mayor número de homicidios dolosos este año, después de Guanajuato. “No hay instituciones locales para enfrentar el reto, el principal que enfrenta Baja California es un abandono principalmente estatal y luego evidentemente municipal. Los delincuentes tienen una pugna por territorios que se da en un contexto de una autoridad que no le puede poner freno. Me espanta ver al alcalde de Tijuana (Juan Manuel Gastélum) que constantemente minimiza el problema y nunca es momento de hablar de la seguridad porque, sin liderazgo local, difícilmente va a haber las otras condiciones necesarias para que se pueda”, destacó. Baja California y Guanajuato, ambos gobernados por el Partido Acción Nacional (PAN), sobresalen en el mapa del crimen, pues a pesar de tener entre 13 y 11 millones menos de habitantes, respectivamente, en comparación con Estado de México, registran más homicidios violentos en el transcurso de 2018. Guanajuato encabeza la lista con dos mil 759 asesinatos en lo que va de 2018, mientras que Baja California le sigue con dos mil 588. En tercer sitio nacional está el Estado de México, con dos mil 241 homicidios dolosos. Es en este caso donde se refleja la fragmentación de los grupos criminales y la diversificación de mercado que explicó Froylán Enciso. El aumento de la violencia en Guanajuato está directamente relacionado con el huachicoleo y no con las drogas. En la Península de Baja California, se debe a la expansión del consumo de drogas y narcomenudeo como un negocio local, mientras que en Colima hay una disputa por el control del puerto para el trasiego de grandes cargamentos. “La herencia que nos deja Peña Nieto es un crimen fragmentario, diversificado de acuerdo a condiciones locales, con gran poder de corrupción y pactos con diferentes niveles de gobierno, y se tiene que atender desde lo local”, opina Enciso. Por esta razón, el académico apuesta no a una gran estrategia nacional para el combate del crimen organizado, sino que se construyan diferentes planes basados en las condiciones locales de cada estado o municipio. Es por ello que considera equivocada la guardia civil militarizada propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. “El trabajo policiaco y de inteligencia que se necesita para este tipo de crimen no es el mismo que se hace para problemas de seguridad nacional, se necesita un conocimiento muy fino, organizaciones de inteligencia muy flexibles y agentes policiacos que puedan atender localidades específicas, que tengan capacidad de despliegue territorial y de inteligencia para comunidades muy específicas”. “Pueden volver a mandar dos mil militares a Tijuana, pero si el problema son las ‘tienditas’, las redes de distribución en barrio populares o zonas marginales, no va a alcanzar para frenar el problema”, agrega Enciso. En tanto, Carlos Galindo, demógrafo e investigador en el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, pide buscar una forma inteligente para ganar este conflicto.

“Si el enfrentamiento frontal militarizado en contra del narcotráfico ocasiona que entre 2007 y 2010 se triplican los homicidios y ahora estamos peor que en 2010, es mejor explorar opciones como la regulación del mercado de drogas para que sea el Estado quien ponga reglas distintas con distintos tipos de sustancias, no dejar esta caja oscura en manos del narcotráfico y no intentar ganar esta guerra a balazos”.