CIUDAD DEL CARMEN, Camp. (apro).- Con una protesta en esta ciudad, extrabajadores de Oceanografía rechazaron la convocatoria lanzada por el dueño de la naviera, Amado Yáñez Osuna, para que él mismo abandere sus litigios contra el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). En febrero de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) intervino Oceanografía y ocho meses después apresó a Yáñez Osuna, quien fue liberado bajo fianza en abril de 2017. En junio siguiente se levantó el aseguramiento de Oceanografía, y el SAE la devolvió a su propietario en proceso de quiebra, con la flota en grave deterioro, multimillonarios pasivos y una larga cadena de demandas de pago. El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto acusó a Yáñez de falsear sus estimaciones a Citigroup para obtener créditos bancarios por más de 500 millones de dólares, y de desviar recursos bancarios por 55 millones dólares para fondear al equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro. Aún sujeto a proceso por un presunto fraude de 500 millones de dólares contra Citigroup-Banamex y violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, el pasado 1 de diciembre el dueño de Oceanografía denunció el quebranto a la nación en que incurrieron exfuncionarios del gobierno de Peña mediante el aseguramiento de su naviera y su equipo de futbol. Yáñez Osuna, encumbrado por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, presuntamente al cobijo de los hermanos Bribiesca Sahagún, hijastros del primero, delató en su cuenta de Twitter (Amado Yáñez IV @AmadoAyanez) a los “corruptos”: El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin; el director del SAE, Héctor Orozco Fernández; el tío de Peña Nieto, Alfonso Maza Urueta, designado como administrador de Oceanografía durante el tiempo que la PGR mantuvo asegurada la naviera, y el conciliador José Antonio de Anda Turatti. El empresario reveló que durante el tiempo que el SAE administró Oceanografía cobró a Pemex 2 mil 197 millones 331 mil 410 pesos, ingresos que en gran parte no fueron reportados, como tampoco el dinero que generó la venta de Los Gallos de Querétaro. El 1 de diciembre, tras la asunción de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, Yáñez se desató a “tuittazos” festejando el fin de su “pesadilla”, y convocó a extrabajadores y proveedores de Oceanografía, a quienes el SAE les quedó a deber, para que lleven sus documentos a las oficinas de la naviera con el fin de que la compañía enarbole sus demandas contra el organismo. Durante el lapso que administró Oceanografía, el SAE despidió a más de 11 mil trabajadores, la mayoría sin liquidación. Y a quienes sí lograron cobrarla, los líderes del sindicato charro les quitaron 30% del monto que recibieron. Un grupo de exempleados respondió hoy con un plantón para acusar a Yáñez de victimizarse, y lo retaron a que les pague sus liquidaciones y acate los laudos judiciales que ya se emitieron a su favor para rematar bienes de la naviera con el fin de que puedan cobrarse lo que les deben. “Que lo haga, si es que de verdad quiere ayudarnos”, subrayaron. En un documento que hicieron llegar a la corresponsal, los afectados fijaron su postura, donde denunciaron que el senador morenista Pedro Haces Barba “firmó hace un año un contrato colectivo de trabajo con Amado Yáñez, dueño de Oceanografía, acusado de actos de corrupción en Pemex y de fraude a Banamex, proceso que sigue bajo fianza y donde Banamex ya ganó un amparo en contra del irregular y por consiguiente ilegal convenio aprobado por Felipe Consuelo, juez del concurso mercantil 265/2014, convenio que desde principio de año, los trabajadores han señalado que viola sus derechos”. Yáñez, subrayaron, “está tratando de orquestar una campaña para aparentar ser víctima del gobierno de Peña Nieto, acusando a funcionarios del SAE y al tío del expresidente de haber quebrado la empresa y dañado el patrimonio de Pemex, cuando existen las pruebas de corrupción de funcionarios de Pemex y Oceanografía durante los sexenios de Fox y Calderón. “Los directivos de Oceanografía y los empleados más cercanos a Yáñez lo saben, e incluso intercambiaron favores con supervisores, subgerentes y gerentes de Pemex”. La realidad es que Amado Yáñez estuvo siempre de acuerdo en todo lo que hacía el SAE, principalmente en lo tocante a los despidos de trabajadores, la quita del 96% de deuda de acreedores y la renta de barcos a privados, recalcaron. “Ahora, cuando el nuevo gobierno enarbola la bandera de la anticorrupción, pone sus barbas a remojar contratando a este senador y despachos de abogados para tratar de salvarse de ir a la cárcel nuevamente, riesgo inminente por las averiguaciones que realiza la PGR y la Contraloría, derivadas de las denuncias penales interpuestas por los trabajadores y la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados”. También resaltaron que sobre el empresario, “ahora repentino simpatizante de López Obrador y socio de Miguel Alemán”, pesan “cientos de demandas laborales, denuncias penales contra el SAE por delitos que solapó, denuncias y quejas en derechos humanos por amenazas e intento de homicidio contra trabajadores que exigen el pago de sus liquidaciones, amparos ganados por Banamex, y ahora que diputados y senadores están recibiendo documentos de los trabajadores que lo acreditan, simula que le duele la injusticia contra ellos”. También le reprocharon su silencio cuando el SAE despidió a miles de trabajadores de Oceanografía sin liquidación. “Mientras el SAE sacaba del concurso y operaba nueve embarcaciones para cobrar rentas de millones de pesos, Amado Yáñez no dijo nada en contra de Orozco o Maza, ya que esperaba recibir parte de este dinero”, señalaron. Y más: “Mientras su amigo Felipe Consuelo, juez del concurso 265/2014, simulaba aceptar la quiebra de Oceanografía para que los trabajadores no pudieran vender los barcos embargados, los empleados de confianza de Amado Yáñez saqueaban los patios del puerto pesquero, sustrayendo equipos de buceo y de construcción asegurados por la PGR, y el SAE fingía no darse cuenta”. Yáñez –insistieron-- nunca se preocupó por los trabajadores que le hicieron ganar millones de dólares por casos fortuitos, reclamos y trabajos sin realizarse, bajo la compra de firmas de supervisores, superintendentes y subgerentes de Pemex. Por el contrario, “amenazó y agredió a un grupo que buscaba un acercamiento con él precisamente para denunciar al SAE y a la PGR por violar leyes y derechos, y hasta la muerte encontró José Pérez en Playa Norte de Ciudad del Carmen, Campeche, en mayo de 2018. “Nadie puede creerle porque tiene tatuado el sello de corrupción en todo negocio o asociación que emprende”. Y lo retaron públicamente a “sentarse inmediatamente en una mesa de trabajo, donde guste, con presencia de autoridades y representantes del nuevo gobierno como testigos, para ventilar y deslindar las responsabilidades de todos los actores ante los despidos injustificados, y se establezca fecha de pago de las liquidaciones correspondientes”. Además, lo instaron a que sea él quien se sume a las demandas penales presentadas desde el año pasado por los trabajadores.