CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Investigadores de la UNAM y legisladores de diferentes partidos concluyeron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe resolver como anticonstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI) por considerarla violatoria de los derechos humanos. En el seminario “Ley de Seguridad Interior” en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), personalidades como Pedro Salazar, director del mismo; John Ackerman, académico y articulista; Alejandro Encinas, senador independiente; Marcela Torres y Angélica de la Peña, senadoras del PAN y PRD, respectivamente; reflexionaron en torno a la ley que se aprobó a finales de diciembre del año pasado, pese a las movilizaciones sociales en contra. Los ponentes coincidieron en tres puntos sobre dicha legislación: es violatoria de los derechos humanos, legaliza la militarización del país en favor de naciones extranjeras y presenta serias “inconsistencias” jurídicas. En su participación en el auditorio “Héctor Fix-Zamudio”, el director del IIJ indicó que la ley abona en el terreno de un Estado autoritario de Derecho. Argumentó que el principal temor respecto a la nueva legislación es que se abandone la ruta de las instituciones civiles de procuración de justicia y se consolide la política de la militarización. La senadora panista Marcela Torres Peimbert sentenció que la intervención militar ha tenido “escasos resultados” en materia de seguridad. Subrayó que, contrariamente, han aumentado las violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, detenciones arbitrarias, ejecuciones, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado y abuso de migrantes. El senador del PT-Morena, Manuel Bartlett Díaz, consideró que LSI forma parte de una estratega de Estados Unidos en México, pues “la única forma de mantener la seguridad de sus empresas es la militarización de México y que la policía sea la Marina o las fuerzas armadas, por lo que es necesario quitar a los policías municipales sus armas”. Como parte de las conclusiones, los participantes insistieron en que el máximo órgano de procuración de justicia de México debe anular la ley. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar inconstitucional esta ley. De lo contrario, será evidente que dicho órgano actúa en favor del Ejecutivo y no de la población en general”, coincidieron. A la fecha, se han presentado ocho controversias constitucionales contra la LSI, cuya resolución está pendiente en la Corte.