El CDHZL exige suspender la construcción del Tren Interurbano México-Toluca

martes, 20 de febrero de 2018 · 18:54
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) exigió suspender la construcción del Tren Interurbano México-Toluca “hasta que se garantice el respeto irrestricto del marco constitucional”. De igual manera, pidió a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, así como al propio gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, “su intervención inmediata a favor de los afectados”. En un comunicado, el organismo sostuvo que la empresa que desarrolla el proyecto demolió varias viviendas en el municipio de Ocoyoacac, pese a que los propietarios contaban con un amparo. Con esa acción violentaron los derechos humanos y fundamentales de las personas, además de ponerlas en peligro al utilizar maquinaria pesada para evitar la protesta de los vecinos, recalcó el coordinador del CDHZL, José Antonio Lara Duque. “Pese a que los agraviados son vecinos que han habitado esa zona por años, los trabajos de construcción del proyecto han continuado despojándolos de sus propiedades y vulnerando sus derechos”, agregó. Y detalló que esta mañana, en el paraje Mina Viaja, a la altura de los kilómetros 25 y 26 de la carretera México-Toluca, de la Ciudad de México, los pobladores “fueron desalojados con violencia y destruidas sus viviendas”. Personas ajenas a la construcción del Tren Interurbano, “disfrazados de trabajadores”, agredieron verbalmente e intentaron amedrentar a los habitantes de la localidad, insistió. El abogado Lara Duque anunció que se reunirá con habitantes de la localidad mexiquense, del pueblo de San Lorenzo Acopilco y de otras poblaciones afectadas, incluso de la Ciudad de México, para estudiar las acciones legales que emprenderán para frenar este despojo y la violación del mecanismo de protección e instrumento jurídico que el Estado mexicano y particulares deben de cumplir para garantizar el acceso a la justicia a los particulares.

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