CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en la Cuenta Pública de 2016 por 104 mil 241.2 millones de pesos, recursos de los que sólo se han recuperado 7 mil 896.9 millones. El año anterior las inconsistencias involucraron 164 mil 716 millones. Al entregar a la Cámara de Diputados el tercer informe sobre ese año, el encargado de despacho de la ASF, Juan Javier Pérez Saavedra, dijo que las revisiones de cumplimiento financiero realizadas incluyen una auditoría con enfoque de desempeño, dos de inversiones físicas, tres forenses, cuatro de tecnologías de la información y comunicaciones, cinco de control interno, así como seis de gasto federalizado. Ante el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF de San Lázaro, que encabeza el diputado Luis Maldonado Venegas, el auditor en turno dijo que las acciones de mayor riesgo detectadas tienen que ver con la aplicación de la Ley de Adquisiciones, es decir, la contratación de obra pública y donde la “excesiva discrecionalidad” fue la regla. Ello, dijo, “propicia condiciones para la comisión de irregularidades, ya que no se cuenta con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas”. Esos esquemas, añadió, han sido utilizados por universidades públicas como presuntas proveedoras de bienes y servicios. No obstante, en revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016 se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos en estos mecanismos, como son empresas paraestatales de entidades federativas y, en ocasiones, de la propia Federación. Otro aspecto peligroso detectado por la ASF y que representa “un alto riesgo” es la obra pública. “La ASF ha identificado cuatro causas principales que propician las deficiencias en proyectos de infraestructura: problemáticas en la planeación y programación de los trabajos, debilidades de carácter técnico, insuficiencias económicas y fallas de ejecución. La ASF también detectó, como “área de riesgo”, las operaciones realizadas por las ahora llamadas empresas productivas del Estado, es decir, Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Destaca sobre todo “la toma de decisiones” para obtener “utilidades” en beneficio del Estado mexicano. Y, aunque la ASF no lo establece así, la nueva forma de toma de decisiones en estas “empresas productivas del Estado” se modificó tras la reforma energética aprobada en diciembre de 2013. La “toma de decisiones” para obtener mayor “utilidad” tiene que ver también con la aplicación de las llamadas rondas para explorar tierra firme, aguas profundas o someras en busca de hidrocarburos. “Se apuntan cuestionamientos sobre la idoneidad del proceso de toma de decisiones tendientes al logro del objetivo anotado, ya que en un conjunto de operaciones trascendentes se ha constatado que ha habido, desafortunadamente, resultados negativos”, sostiene la ASF. Y enumera donde se han confirmado “resultados negativos”: adquisición de Agronitrogenados y plantas de tipo fosfórico, venta de gasoductos en operación, adquisición de etano y coque, y adquisición de energía limpia a precios muy superiores a los costos de generación propios. Pero, sobre todo, las adjudicaciones en la refinería de Tula, Hidalgo, bajo “supuesta emergencia”. Aquí el detalle: “Adquisiciones de complejos industriales no vinculados directamente con los objetos sociales de las empresas, en condiciones desfavorables, con costos de reparación irrecuperables y bajo supuestas sinergias que no se han alcanzado, como son los casos de las plantas de fertilizantes Agronitrogenados y de tipo fosfórico. “Enajenación de activos vinculados con los procesos industriales de las empresas –rentables y productivos-- para superar problemas temporales de liquidez que se traduce en que deban, posteriormente, pagar por su utilización en condiciones desfavorables, como son los casos de venta de gasoductos en operación. “Contrataciones a largo plazo para suministrar insumos para operación de otras cadenas productivas con precios de referencia muy por debajo de los de mercado internacional, como son las obligaciones de suministro de etano y coque. “Existen contrataciones también a largo plazo para obtener insumos para las empresas productivas con precios que difícilmente ayudan a los objetivos sociales de lucro, como es el caso de adquisiciones de energía limpia a precios muy superiores a los costos de generación propios. “Por último, existen adjudicaciones para mantenimiento de plantas industriales que, justificadas en supuestas emergencias, autorizan precios unitarios fuera de mercado, como es el caso de la refinería en Tula”, reveló el encargado de despacho de la ASF. En cuanto a las transferencias de participaciones, la ASF detalló que aún persisten los subejercicios, transparencia insuficiente y un reducido avance del Sistema de Evaluación del Desempeño. “Respecto de las participaciones, la ASF identificó que existe un sesgo poblacional en las fórmulas y criterios de distribución establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal, y que en la distribución que realizan los gobiernos estatales a los municipios, son frecuentes los errores en la aplicación de las fórmulas de asignación y los retrasos en la ministración de los recursos”. Pérez Saavedra dijo que, aunque la ASF no cuenta con titular designado, el equipo técnico de la entidad cuenta con fortaleza institucional que permite asegurar que el mandato constitucional se está cumpliendo a cabalidad.