CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luis Ayala Puente, quien trabajó en la Procuraduría General de la República (PGR) cuando Jesús Murillo Karam encabezaba la dependencia, fue socio fundador de la compañía CITELAE del Centro SA de CV, ligada al grupo empresarial que vendió en 32 millones de dólares a la propia PGR el malware espía Pegasus. De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), dicha empresa registró el nombre y el logotipo de Balam Seguridad Privada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Y cuando se vendió el malware Pegasus a la PGR, Ayala Puente trabajaba como director de área en la oficina encargada de custodiar los bienes decomisados a delincuentes. Según el texto de MCCI, firmado por el periodista Raúl Olmos, Balam nació como empresa el 15 de mayo de 2012, mientras transcurría la pasada campaña presidencial, y el trámite de inscripción de su nombre comercial fue realizado por intermediación de CITELAE el 3 de julio del mismo año. En octubre de 2014, una empresa filial de Balam, de nombre Grupo Tech Bull SA de CV, obtuvo de la PGR un contrato por 32 millones de dólares (equivalente a 450 millones de pesos de entonces) para surtir el malware de espionaje Pegasus, que ha sido utilizado para infectar teléfonos inteligentes de defensores de los derechos humanos, políticos de oposición y periodistas. Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, uno de los accionistas de Balam, tiene vínculos con encumbrados personajes de la política. Un hermano de su papá es Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, coordinador de Puertos y Marina Mercante, cercano al círculo político del senador Emilio Gamboa, y su primo Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal trabajaba en la oficina de la Presidencia de la República cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull. CITELAE del Centro inscribió en mayo de 2012 el nombre de Balam Seguridad Privada, cuya supuesta filial vendió el malware espía Pegasus a la PGR. El accionista de Balam ha negado reiteradamente el vínculo con Tech Bull, pese a que una cadena de correos filtrados por Wikileaks ha mostrado los nexos empresariales. Además, en esta investigación se corroboró que el hermano de uno de los presuntos prestanombres de Tech Bull trabaja para Balam. Cuando se asignó el contrato de Pegasus a Tech Bull, el socio fundador de CITELAE –la empresa ligada a Balam-- tenía ocho meses de haberse incorporado como funcionario de segundo nivel en la PGR. Ayala Puente se incorporó a la dependencia federal el 1 de febrero de 2014 por invitación de Aurelio Gancedo, quien se desempeñaba como director de Aseguramientos Ministeriales. Antes de ser funcionario de la PGR, Luis Fernando Ayala Puente había fundado la empresa CITELAE del Centro en San Luis Potosí. Gancedo y Ayala se conocieron en esa ciudad –de donde ambos son originarios--, y antes de entrar a la PGR habían trabajado juntos en la Dirección de Desarrollo Social de la capital potosina, el primero como titular de la dependencia y el segundo como su administrador. Gancedo, a su vez, creció a la sombra de Jesús Murillo Karam desde 2009, cuando el primero era presidente del PRI en San Luis Potosí y el segundo secretario general del mismo partido. Aurelio Gancedo, quien mantiene un vínculo cercano con Jesús Murillo Karam, era el jefe directo de Luis Felipe Ayala Puente, el funcionario de la PGR cuya empresa inscribió el nombre de Balam Seguridad Privada ante el IMPI. Desde el inicio de su gestión como procurador, Murillo Karam invitó a Gancedo a incorporarse a la PGR, primero como director de área en la Oficialía Mayor y luego como director de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales. Cuando Murillo ascendió a Gancedo, en febrero de 2014, éste incorporó a la PGR a Ayala Puente (el socio fundador de CITELAE) y a otros dos amigos que habían sido sus subordinados en el ayuntamiento de San Luis Potosí: Víctor Hugo Salgado Delgadillo y José Israel Guerrero Cerrillo. CITELAE del Centro SA de CV fue creada el 30 de noviembre de 2009 en la ciudad de San Luis Potosí por dos empleados de Delta Servicios del Sureste, una empresa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó desde 2014 como presunta ‘fantasma’, por expedir comprobantes fiscales sin tener infraestructura o por realizar operaciones simuladas. En la declaración patrimonial que presentó cuando ingresó a la PGR, Luis Fernando Ayala Puente reportó que entró a trabajar en Delta Servicios del Sureste en junio de 2009, cuando tenía 24 años de edad, y que permaneció en esa empresa hasta febrero de 2011, donde desempeñaba el cargo de asistente administrativo. A los cinco meses de que declaró haberse incorporado a Delta, ayudó a crear CITELAE del Centro, en cuya acta constitutiva fue registrado como socio con el 33% de las acciones y una aportación de 16 mil 500 pesos al capital social. Como sus socias en CITELAE fueron registradas María Patricia Castillo Rodríguez, quien era la encargada de la contabilidad de Delta Servicios del Sureste, con el 34% de las acciones, y Rosa Elena Herrera Rodríguez, una joven de 23 años, estudiante de contaduría, con el 33%. En el acta quedó asentado que CITELAE se dedicaría a dar todo tipo de servicios, incluida la vigilancia industrial, comercial y bancaria; asesorías e investigaciones privadas a particulares y todo lo relacionado con la seguridad. En asambleas realizadas en febrero de 2011 y agosto de 2013 se retiraron de la empresa las dos socias fundadoras, pero en los documentos inscritos en el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí no aparece cesión o venta alguna de acciones por parte de Luis Fernando Ayala Puente. En octubre de 2013 se acordó liquidar CITELAE en una asamblea extraordinaria de la que dio fe el notario Javier Manuel Gutiérrez Dávila, de Guadalajara, Jalisco. Coincidentemente el mismo mes en que fue liquidada CITELAE, nació en la Ciudad de México otra empresa de seguridad ligada a Balam, de nombre Grupo Tech Bull SA de CV, también con un capital social de 50 mil pesos y con un contador público recién egresado como accionista y administrador único. Esa empresa fue la que en octubre de 2014 –a un año de haber sido creada-- obtuvo un contrato por 32 millones de dólares de la PGR para vender el malware espía Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO. Tech Bull se creó el 10 de octubre de 2013 en la Ciudad de México, con dos presuntos prestanombres como socios: Miguel Cayetano Miguel, un joven de 26 años de edad recién egresado de la carrera de contaduría en el Instituto Politécnico Nacional, y Jorge de Jesús Sánchez, de 29 años, un técnico en informática egresado del Conalep. Ambos residen en colonias modestas ubicadas en las cañadas de Mixcoac, en la delegación Álvaro Obregón. En julio de 2017, MCCI entrevistó a Cayetano Miguel, quien confesó que no sabía que la empresa en la que aparecía como socio había vendido el malware Pegasus. El vínculo de Balam y Tech Bull quedó al descubierto en una cadena de correos electrónicos filtrados por la organización Wikileaks el 8 de julio de 2015. En uno de esos correos, fechado el 28 de noviembre de 2014, el administrador de Tech Bull, Armando Pérez Herrero, describió a Balam y a su filial como “la número uno en la PGR y en la Marina”, además de ser proveedores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y de la Policía Federal. “Acabamos de vender a la PGR (contrato ya firmado y ellos ya enviaron el dinero) el sistema NSO Pegasus”, confió en ese mismo mensaje. El pasado fin de semana Luis Fernando Ayala Puente, cuya empresa registró a Balam Seguridad Privada, negó ser él mismo cuando MCCI intentó entrevistarlo a una cuadra de su casa en San Luis Potosí, para que hablara de la empresa CITELAE. Momentos antes los reporteros habían visitado el domicilio que el exfuncionario aportó al momento de crear dicha empresa, y su papá primero aseguró que no estaba disponible, y luego dijo que se encontraba en el extranjero. En realidad, el exfuncionario de la PGR estaba a media cuadra de su casa, oculto de los periodistas. Después de negar ser él mismo, Luis Felipe Ayala dio vuelta a la cuadra para simular que vivía en otra casa. Sin embargo, MCCI constató que a los cinco minutos entró a su vivienda, donde ya lo esperaba en la puerta su papá, quien minutos antes había asegurado que estaba en Europa. Las prestanombres Rosa Elena Herrera, quien en actas aparece como socia fundadora de CITELAE con una tercera parte de las acciones, aseguró que utilizaron su identidad sin su consentimiento. Al enseñarle los documentos en los que aparece su nombre y domicilio, se mostró sorprendida y negó haber sido socia de CITELAE o de cualquier empresa. “Es que no, no me suena”, dijo. La contadora Rosa Elena Herrera Rodríguez se sorprendió al conocer los documentos en los que aparece como socia fundadora de CITELAE. Negó ser accionista, y dijo que en todo caso le robaron la identidad. También negó conocer a Luis Fernando Ayala Puente, el exfuncionario de la PGR que era su supuesto socio en la empresa. Tras revisar los documentos, dijo que tal vez cuando era estudiante por alguna razón firmó algo sin estar plenamente consciente. Patricia Castillo Rodríguez, otra de las socias de CITELAE, se negó a hablar. A través de una pariente dijo que estaba indispuesta por problemas de salud. También se negó a opinar Leticia Ivonne Ramírez, quien fungía como administradora de la misma empresa.