CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Unidas por la tragedia y la impunidad, madres de dos jóvenes víctimas de feminicidio urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acelerar los procedimientos que iniciaron en esa instancia en busca de justicia. Acompañadas por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (GADHJS), María Antonia Márquez y Norma Andrade Ledezma lanzaron una campaña a nivel nacional para solicitar que la CIDH se pronuncie sobre la admisibilidad del feminicidio de Nadia Alejandra Muciño Márquez --ocurrido en 2004 en Cuahutitlán Izcalli, Estado de México-- y el informe de fondo en el caso del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, el 14 de febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua. A través de la plataforma Change.org, las familias de las víctimas buscan firmas que se sumen a la petición y enviarlas a la CIDH, a la que también solicitaron audiencia para el próximo periodo de sesiones que se realizará en República Dominicana. Y a través de un comunicado anunciaron que el próximo 6 de marzo entregarán el reconocimiento “Siempre por ellas” dirigido a las familias que siguen luchado por el acceso a la justicia de niñas y mujeres que han sido desaparecidas y/o asesinadas en México. Además, el próximo sábado 24 se realizará un performance frente al Hemiciclo a Juárez, en esta capital, para solicitar el apoyo ciudadano. La madre de Nadia Muciño y sus abogados presentaron una petición de intervención de la CIDH en 2010, pero hasta ahora no han recibido respuesta. Sobre el recurso presentado por la madre de Lilia García, el organismo lo admitió en 2012, pero aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto: la responsabilidad internacional del Estado Mexicano en el feminicidio. En el caso de Nadia Muciño, asesinada el 12 de febrero de 2004, fue posible identificar a los responsables: su concubino, Bernardo López Gutiérrez, y el hermano de éste, Isidro. El crimen fue atestiguado por los tres hijos de Nadia y Bernardo, entonces menores de edad. Después de seis años de lucha legal, María Antonia Márquez logró que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México redireccionara la investigación, que inicialmente había sido abierta por suicidio. Uno de los responsables, Isidro, fue detenido, juzgado y sentenciado, pero la Sala Penal del Estado de México revocó la condena y lo dejó en libertad. Bernardo, expareja de Nadia, fue arrestado en 2012, y aunque fue condenado persiste una impugnación que también podría dejarlo libre. “La Procuraduría General de Justicia del Estado de México realizó una investigación negligente en la que no se incluyó la perspectiva de género ni se reconoció la situación de violencia por la que atravesaba Nadia en su relación sentimental, permitiendo con ello que el caso se perfile como uno más de los miles que se mantienen en la impunidad”, destacó el GADHJS en un comunicado. Por ello, la familia de Nadia acudió a la CIDH en 2010, con el argumento de que, si bien hubo un proceso judicial contra los responsables, el caso “demuestra la forma en la que el sistema de procuración e impartición de justicia niega sistemáticamente el derecho de acceso a la justicia para las víctimas”. En cuanto al caso de Lilia Alejandra García Andrade, la organización civil destacó que el 21 de febrero de 2001 el cuerpo de la joven de 17 años fue hallado en un lote baldío en Ciudad Juárez, con signos de violencia sexual y tortura. Tras recordar que en la búsqueda de justicia Norma Andrade ha sido víctima de dos atentados contra su vida, el GADHJS resaltó que en este caso las investigaciones de los familiares y los abogados “han logrado probar que el mismo grupo que asesinó a Lilia Alejandra participó en otros cuatro feminicidios de niñas en Ciudad Juárez y que por el modus operandi podrían haber participado en otros crímenes más”. Pese a que Andrade y sus representantes legales han confirmado “la existencia de un grupo de feminicidas seriales en la ciudad fronteriza”, además de que cuentan con información para identificar a los responsables, el caso se mantiene en la impunidad, sin que hasta el momento la CIDH se haya pronunciado sobre el fondo del asunto, no obstante que en 2012 admitió la petición. Hasta ahora México sólo ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por su responsabilidad en el caso conocido como “Campo Algodonero”, relacionado con las muertes de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, clasificados como feminicidios.