CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDMx) reprochó que el encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, no tomara en cuenta a las familias de las víctimas en el diseño de la nueva Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. En un comunicado, los más de 50 colectivos de familiares de desaparecidos de 18 entidades mexicanas, así como de Guatemala, Honduras y El Salvador, lamentaron que el pasado viernes 16 se publicara el acuerdo de creación de la Fiscalía Especializada, pese al compromiso que hace tres meses hizo el presidente Enrique Peña Nieto de integrarlos en todos los procesos de implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. En un análisis del acuerdo de creación de dicha Fiscalía, el Movimiento consideró que tal documento no garantiza que la nueva dependencia cuente con suficiente personal ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial, como se establece en la Ley General, además de que sólo menciona el perfil que deberá tener su titular, sin determinar la obligatoriedad de los fiscales de ingresar al servicio profesional de carrera. Señaló que tampoco se considera un tiempo límite para que el encargado del despacho de la PGR fije las bases de los perfiles de los titulares de las fiscalías estatales en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, y destacó que mientras no opere la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Fiscalía federal sigue teniendo la responsabilidad de “realizar en su totalidad las diligencias tanto de búsqueda de personas desaparecidas, como de la investigación de los casos”. Los colectivos de familiares integrados en el Movimiento criticaron que el acuerdo de creación “no establece que la Fiscalía debe coordinarse con las comisiones locales de búsqueda, pese a que resulta indispensable la coordinación con dichas entidades”, y tampoco aclara que esa instancia federal “debe recibir y atender las solicitudes de los grupos de búsqueda de la CNB para realizar actos de investigación específicos”. Consideraron de suma gravedad que no se contemplaran criterios sobre la atracción de los casos de la instancia federal, por lo que “preocupa que los casos se fragmenten, ocasionando los problemas que actualmente se viven al dividir la información entre varias áreas de la institución que no trabajan en conjunto ni se coordinan entre sí”. Para los integrantes del Movimiento, “el acuerdo debió establecer reglas de coordinación claras para este tipo de casos complejos, remitir a las reglas de competencia de la ley y, al mismo tiempo, marcar como excepción los delitos conexos”. Tras agregar que debe fijarse como regla de operación “no fragmentar las investigaciones”, el Movimiento criticó que, contra lo dispuesto por la Ley General, el acuerdo en cuestión no establece que la Fiscalía Especializada “debe coordinarse con el Mecanismo de Apoyo Exterior y las diversas instituciones que lo componen”. Los colectivos de familiares de desaparecidos también hicieron observaciones sobre lo que el acuerdo institucional refiere en torno de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación. Entre los elementos que preocupan a las familias destaca la eliminación de las facultades de búsqueda de la Unidad de Migrantes, “aun cuando la CNB no entra en funciones”, siendo que la Ley General indica que, en la investigación de los delitos por parte de las procuradurías, deberá “dar un impulso permanente a la búsqueda de personas desaparecidas”. Y resaltaron que “algunas facultades de coordinación o incidencia para la búsqueda no se deben excluir del mandato de la Unidad de Migrantes”. También les preocupa que a la Unidad de Migrantes se le retiraran las facultades de intervención de comunicaciones, la realización de operaciones encubiertas y el uso de tecnología e inteligencia para la investigación. De la misma manera, “se hace depender a la Unidad de la Fiscalía, siendo que la primera tiene un mandato más amplio, incluso para delitos que no son desaparición forzada, sino todos aquellos cometidos por o en contra de personas migrantes”, puntualizaron. Peor aún, siendo que la Unidad de Migrantes contaba ya con un presupuesto de un millón de pesos “que la hace inoperante”, al ponerla bajo la subordinación de la Fiscalía “limitaría su crecimiento presupuestal de acuerdo con las necesidades y hará prácticamente imposible la rendición de cuentas”. Los familiares de desaparecidos exhortaron a la PGR y demás instituciones y dependencias de gobierno “a no hacer de lado el valioso aporte de experiencia que desde las familias hemos venido ofreciendo para garantizar que estas herramientas, como la Fiscalía Especializada, sean efectivas en la construcción de verdad y justicia”.