CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de una década de lanzada la guerra contra el narcotráfico y tras la erogación de más de un billón de pesos en seguridad en los últimos 21 años, “el Estado mexicano ha fracasado en su función básica de procurar la protección de la vida, integridad y bienes” de los habitantes del país, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. Durante su participación en la inauguración de la “Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia”, organizada en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio un crudo diagnóstico sobre el incremento de la violencia, pese al despliegue militar al que han recurrido las últimas dos administraciones como respuesta a los altos índices delictivos. Al manifestar su respaldo a la comunidad universitaria luego de los hechos violentos registrados en los últimos días, el ombudsman nacional resaltó que, a la par de que se ha abandonado la capacitación para los cuerpos policiales, han decrecido las aportaciones a la prevención del delito. Y prueba de ello es que “el Programa Nacional de Prevención mereció sólo 1% del presupuesto del Ejecutivo federal en 2016 y para el 2017 se canceló completamente el subsidio”. Luego, lamentó que “en México la inversión en prevención es insuficiente y crece mucho más el gasto en medidas de control y de uso de la fuerza”, sin que en una década se haya encontrado solución al grave problema de inseguridad. Y, por el contrario, esta situación “lleva implícita una violación a los derechos humanos o ha propiciado que tales vulneraciones se presenten”. González Pérez resaltó que entre 2006 y 2016, el gobierno federal pasó de erogar 130 mil millones en 2006 a 264 millones en 2016, un incremento que “representa un rito de crecimiento mayor al del gasto neto federal y al de la economía en su conjunto”. Si a esa cifra, agregó, se suman los fondos invertidos desde 1996, se habrían “superado el millón de millones de pesos en un ámbito en el que los resultados están lejos de ser, cuando menos aceptables”. Para el presidente de la CNDH, “lo anterior es un indicador claro de que la situación de inseguridad pública que hoy vivimos no es consecuencia de la baja asignación presupuestaria, sino de que no hemos tomado las mejores decisiones en la manera de hacer frente y prevenir que el delito y la violencia crezcan”. Operativos no dan seguridad Crítico de la Ley de Seguridad Interior –contra la que la CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)–, González Pérez advirtió que el modelo de seguridad implementado en el país desde hace más de 10 diez ha significado un crecimiento exponencial de la presencia militar en las calles, que tampoco se ha traducido en mayor seguridad para los ciudadanos. El funcionario retomó el informe de fiscalización de la cuenta pública 2014, en la que se informa que “los operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) crecieron casi en 400% entre 2007 y 2014, mientras que el número de militares desplegados en promedio creció casi 70% entre 2007 y 2013”. Ello contrasta con que “la dotación de recursos y la generación de capacidades” para las corporaciones civiles “para hacer frente a las actividades de las organizaciones criminales, no presentó tasas de crecimiento o desarrollo”. González Pérez recordó que hace siete años, la UNAM impulsó la “Primer Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia”, cuyas conclusiones fueron entregadas a distintos entes de Estado para incorporarlas a las políticas públicas para atender el problema de inseguridad. No obstante, dijo que “la realidad ha puesto en evidencia que las acciones emprendidas desde los distintos niveles y órdenes de gobierno no fueron ni eficaces ni eficientes”. Prueba de los postulados de aquel evento, coordinado por el extinto Jorge Carpizo MacGregor, es que “tan solo entre 2015 y 2016, la cifra de víctimas del delito en nuestro país creció en 900 mil, pasando de 23.3 a 24.2 millones”, en tanto que en 2016 se cometieron cerca de 31 millones de delitos y más de 90% no fue denunciado. El ombudsman nacional hizo un llamado a que ante “la coyuntura crítica del país”, se establezca un “diálogo nacional, a la vez plural, abierto y honesto, que de inmediato ayude a determinar las causas y la naturaleza de la crisis”. Por último, resaltó que las conclusiones de la conferencia “se pondrán a disposición de la sociedad y se entregará a las autoridades y a los miembros de distintos poderes públicos que tendrán en sus manos el futuro de México en los próximos años”.