BOGOTÁ (apro).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresó este jueves su preocupación por el alto número de víctimas del conflicto y la violencia en Colombia –77 mil el año pasado--, pese al acuerdo de paz firmado hace 15 meses con la guerrilla de las FARC. En el informe “Llamados a la acción en Colombia: retos humanitarios 2018”, presentado en Bogotá, el CICR destacó que en 2017, primer año de la implementación del pacto de paz con las FARC, conoció 748 casos de desaparecidos --dos diarios en promedio--, cifra que duplica con creces los 321 reportados en 2015. “Es alarmante que continúen los casos de desaparición, las amenazas, los homicidios selectivos, la violencia sexual, los desplazamientos masivos y, gota a gota, las extorsiones, el confinamiento, las minas antipersonal y otros explosivos, el control social y la vinculación de menores de edad a grupos armados y pandillas”, puntualizó. Agregó que durante 2017 el CICR atendió más de 550 casos de violaciones al derecho internacional humanitario (DIH) y a los derechos humanos, tanto en zonas históricamente vulnerables como en lugares donde hubo reordenamiento de grupos armados por la salida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) del conflicto armado. De acuerdo con el organismo internacional, el reto humanitario más importante que enfrenta el país en este momento es encontrar a quienes desaparecieron por causa del conflicto y la violencia. “El drama de la desaparición se mantiene entre nuestras principales preocupaciones”, sostuvo. Señaló que ya han pasado más de dos años desde que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC acordaron medidas para la búsqueda de personas desaparecidas, pero “este esfuerzo no ha sido suficiente: miles de familias aún esperan una respuesta sobre lo que ocurrió con sus seres queridos”. Frente a las desapariciones, que siguen ocurriendo, debe priorizarse la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidos, una entidad de carácter extrajudicial y humanitario contemplada en los acuerdos de paz y que hasta ahora no ha sido activada por falta de recursos, subrayó el CICR. Sostuvo que el crecimiento de 133% en las denuncias de desaparecidos que se registró entre 2015 y 2017 no implica, necesariamente, que se hayan presentado más casos, sino que más personas han podido reportar desapariciones tanto recientes como antiguas. El acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC entró en vigencia el 1 de diciembre de 2016, pero su implementación se topó el año pasado con varios obstáculos en el Congreso, donde los derechistas partidos Cambio Radical, Centro Democrático y un sector del Conservador unieron fuerzas para detener varias de las leyes necesarias para poner en marcha lo pactado. El jefe de la delegación del CICR en Colombia, Christoph Harnisch, señaló que la implementación del acuerdo “no ha avanzado con la rapidez y ambición que se esperaba”, y se requiere “un mayor nivel de compromiso y voluntad política para que se cumpla lo acordado”. Luego de más de 50 años de conflicto, agregó, las víctimas “merecen mucho más de lo que hemos visto hasta ahora”. En su informe, el CICR sostuvo que la paz en Colombia todavía es una frágil posibilidad porque, si bien el conflicto entre el gobierno y las FARC llegó a su fin, los enfrentamientos entre grupos armados, o entre estos y la fuerza pública, “no dieron respiro” en algunas zonas campesinas, afrocolombianas e indígenas. Indicó que el Estado colombiano ha hecho esfuerzos para llegar a las comunidades más apartadas, pero los intereses de control territorial de antiguos y nuevos grupos armados han dejado una estela de civiles afectados. “Aún queda mucho por hacer para eliminar la zozobra de las regiones que deberían haberse visto más beneficiadas tras la firma del acuerdo de paz. En ellas se vive un vacío de poder que, hasta ahora, el Estado colombiano no ha podido afrontar con una presencia territorial que incluya oportunidades de desarrollo y servicios básicos”, recalcó. Christoph Harnisch reconoció que se ha registrado una importante disminución de las acciones armadas en varias regiones del país, “pero aún queda un camino largo y complejo para que podamos hablar de una Colombia que ha superado la guerra”. El conflicto, indicó el reporte del CICR, continúa con grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Clan del Golfo --el cartel de las drogas más grande y poderoso de Colombia-- y las disidencias de las FARC que optaron por no acogerse a los acuerdos de paz. “La población más afectada necesita, más que nunca, acuerdos humanitarios firmes con un impacto real en sus condiciones de vida. En varias ciudades, el control social por parte de ‘combos’ y pandillas, las fronteras invisibles, las amenazas, la violencia sexual y el uso de niños para actividades delictivas causan estragos humanitarios”. Sin embargo, estos fenómenos muchas veces pasan desapercibidos o, en el peor de los casos, son vistos como consecuencias naturales de la desigualdad y la pobreza, señaló, y consideró que “es inadmisible que tales abusos sean el estatus quo en distintos núcleos urbanos del país”. Harnisch recordó que Colombia realizará elecciones legislativas el mes próximo, y en mayo habrá comicios presidenciales. Independientemente de quiénes resulten los ganadores y de cuáles sean sus agendas, “como institución humanitaria hacemos un llamado para que todos los candidatos sitúen a las víctimas del conflicto y la violencia armada en el centro de sus programas políticos”, apuntó. Consideró que los dirigentes del país en los próximos años deben comprometerse a respetar las dimensiones humanitarias del acuerdo de paz y garantizar recursos para su implementación. Además, llamó a la fuerza pública y a todos los grupos armados a respetar el DIH y las normas humanitarias y a mantener a la población civil al margen de las hostilidades. Crisis carcelaria En una parte del informe, el CICR señaló que existe una crisis carcelaria en Colombia que tiene como punta del iceberg el hacinamiento. La sobrepoblación en los penales es de 36 mil 400 internos, lo que equivale al 46%, precisó. “Las graves consecuencias humanitarias de esta ineficiente política criminal van más allá e incluyen la deficiente atención médica y la falta de condiciones sanitarias, lo cual acelera la propagación de enfermedades”, según el reporte. Existe un consenso de las instituciones colombianas en considerar que la política criminal del país es “incoherente e ineficaz”, añadió. La Corte Constitucional de Colombia ha alertado sobre el aspecto excesivamente punitivo de la política criminal y en que las condiciones de los reclusos “violan la dignidad humana y los derechos de los detenidos”. De acuerdo con el CICR, en un intento de reducir el delito, las autoridades colombianas han cuadruplicado el uso de la privación de la libertad desde 1993, pero “no existe evidencia que demuestre que un endurecimiento de las penas haya mejorado los índices de seguridad ciudadana”. Por ello, el organismo hizo un llamado para que se avance hacia una aplicación más sistemática de penas alternativas a la privación de libertad, según lo que ya está previsto en la legislación colombiana. “Exhortamos al nuevo gobierno (que asumirá en agosto próximo) a comprometerse de manera firme a conseguir avances concretos que contribuyan a solucionar la crisis del sistema penitenciario”, remató.