CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de la República informó que participará en el 167º período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en cuyo marco se realizarán dos audiencias públicas y distintas reuniones de trabajo en la ciudad de Bogotá, Colombia, los días 1 y 2 de marzo. En un comunicado conjunto, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob), y la Procuraduría General de la República (PGR), precisaron que la representación del gobierno de México incluirá funcionarios de alto nivel de esas dependencias, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De acuerdo con el texto, las dos audiencias públicas abordarán aspectos relacionados con la Ley de Seguridad Interior --aprobada por el Congreso de la Unión y actualmente bajo consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-- y sobre el seguimiento a las medidas cautelares de la CIDH en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos en septiembre de 2014. En el primer caso, apunta, la audiencia ofrecerá una oportunidad para compartir con la CIDH información actualizada sobre la Ley de Seguridad Interior y sobre su contenido y alcances, incluido lo que se refiere a los aspectos que contempla en materia de respeto y protección de los derechos humanos, entre otros. En el caso de la audiencia sobre el caso Ayotzinapa –abunda–, la representación gubernamental ofrecerá información actualizada a la CIDH y a los representantes y familiares de los normalistas, sobre los desarrollos en materia de investigación, búsqueda y atención a víctimas. “En específico, se compartirán los desarrollos en el seguimiento a un cronograma detallado de acciones que en su momento fue acordado por las partes, así como en lo que se refiere a la voluntad del gobierno de procurar la atención integral a las víctimas, a través de esquemas acordados de atención psicosocial”, puntualiza el comunicado. Y recalca que la participación en las audiencias y en las reuniones de trabajo sobre otros casos de medidas cautelares y soluciones amistosas “permitirá reafirmar el compromiso del gobierno de la República con el importante mandato de la CIDH en materia de promoción y protección de los derechos humanos en el hemisferio”.