CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de México no sólo obstaculiza el trabajo de los defensores de los derechos humanos, también lo criminaliza, acusó el relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, Michel Forst. “Las actividades de los defensores de los derechos humanos en México han sido criminalizadas a través de un mal uso deliberado de la legislación criminal y de la manipulación de los poderes punitivos de las autoridades, tanto por actores estatales como no estatales, para entorpecer e incluso paralizar los esfuerzos de ejercer su legítimo derecho a promover y proteger los derechos humanos”, afirmó Forst al presentar su informe sobre México ante el pleno de Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El relator especial presentó hoy su informe tras una visita a México el año pasado, en la que se entrevistó con diversas autoridades de todos los ámbitos y poderes del Estado, y se reunió con 800 defensores de los derechos humanos. “El relator especial quedó atónito por la extrema violencia en México, el clima de casi absoluta impunidad y la supuesta corrupción e infiltración de las fuerzas fiscales y de seguridad por elementos criminales”, afirma Forst en el informe redactado tras su visita al país. Forst, cuyo mandato se refiere específicamente a la actividad de los defensores de los derechos humanos, refirió que la situación de los defensores “es muy precaria”, dada la criminalización a la que son sometidos, según le contaron la mayoría de los que hablaron con él. Prueba de ello, es que durante los primeros q0 meses de 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 285 ataques a defensores, mientras que la sociedad civil denunció 730 casos de que violaciones se cometieron contra este colectivo solo de enero a mayo de 2017. “Esta criminalización normalmente empieza con la denuncia de alegaciones infundadas (…) después siguen múltiples violaciones a los derechos humanos, que incluyen acoso, persecución por cargos inventados, y detención sin una orden judicial”, abundó. Por si fuera poco, Forst denunció que a menudo el sistema judicial impone medidas contra los defensores sin respetar sus derechos y el debido proceso. “Parece que la criminalización del trabajo de derechos humanos se lleva a cabo tanto por elementos federales como estatales, incluyendo la Policía, el Ejército, la Marina, las autoridades de Gobierno, y la Judicatura. “El bajo nivel de independencia del sistema judicial, la corrupción entre los funcionarios públicos, y la explotación del sistema de justicia por compañías, que presentan quejas criminales contra los defensores de derechos humanos, todo contribuye a la criminalización de su trabajo”, subrayó Forst en su informe. Además, acusó que a veces la criminalización es precedida por “pronunciamientos de funcionarios públicos” y lamentó que esa criminalización socave la confianza de la sociedad civil en las autoridades. “El resultado de este clima de miedo afecta a toda la sociedad y puede llevar a la autocensura”, advirtió el relator de la ONU. El informe también hace referencia a que México es uno de los lugares más peligrosos para los periodistas. Detalló que más de 120 reporteros han muerto en los últimos tres lustros y muchos de ellos padecen procesos judiciales a causa del uso que hacen los políticos de las leyes sobre difamación. Con información de EFE