CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto el Ramo 23 “se ha convertido en un espacio creciente de discrecionalidad en el gasto público, generando graves distorsiones”. En su mensaje semanal, el organismo presidido por Gustavo de Hoyos Walther señaló que lejos lograr el equilibrio de las finanzas públicas, cada ejercicio el gobierno federal desatiende y se aparta de lo autorizado en el Proyecto de Egresos de la Federación (PEF) y existen fuertes discrepancias entre el gasto aprobado y el gasto ejercido. Un ejemplo, es el Ramo 23, el cual “se utiliza en un instrumento de control político del gobierno federal sobre los gobiernos estatales, permite el ejercicio presupuestal con inspiración político-electoral y erosiona el equilibrio en las finanzas públicas porque permite endeudamientos inoperantes para los gobiernos federal y locales” acusó De Hoyos Walther. Esta semana, en el número 2158 de Semanario Proceso, el especialista en el presupuesto Juan Moreno Pérez explica con detalle la forma en que son utilizados los recursos de dicho Ramo, en forma “discrecional” y con fines “electorales”. En este contexto, hoy la Coparmex detalló que el gasto que se ejerce mediante el Ramo 23 es cuantioso y creciente. Tan sólo en 2017, tuvo un incremento seis veces mayor que el incremento del gasto en educación. Mientras que en lo que va de la presente administración, cerca de 318 mil millones de pesos, un equivalente al 30% de los nuevos ingresos, derivados de la reforma hacendaria, se han transferido discrecionalmente a solo tres programas del Ramo 23. Citó el análisis de la organización México Evalúa en el que se precisa que un año antes de los procesos electorales para la Presidencia de la República, (2011 y 2017, respectivamente), las transferencias en subsidios se concentran en las entidades con gobiernos estatales que comparten filiación partidista con el gobierno federal en turno. “Es decir, el uso discrecional del gasto no sólo implica un gasto ineficiente del presupuesto, sino que pareciera tener motivaciones de índole política electoral”, acotó. Para Coparmex, existen otros indicadores que nos obligan a exigir soluciones para frenar esta dinámica. En 2018, el costo financiero del sector público presupuestario alcanzará su máximo histórico, creciendo 25% en sólo un año, y con un incremento del 82% respecto al año 2012, cuando Enrique Peña Nieto inició su mandato el actual gobierno. En contrapartida, el gasto del gobierno en inversión fija va en franco declive, manteniéndose en un nivel históricamente bajo, como participación en el gasto en bienes y servicios públicos. El organismo propuso una regulación secundaria del Ramo 23 para definir claramente cómo y a quién se otorgarán los recursos. Lo anterior acompañado de fortalecer el profesionalismo y desvinculación partidista de los servidores púbicos vinculados al diseño e implementación del gasto público. También planteó regular con mayor contundencia el destino de los ingresos excedentes y las reasignaciones presupuestales, conformar un Consejo Fiscal Independiente, así como la Conformación de un Catálogo Nacional de Programas Sociales, un Padrón Universal de Beneficiarios y la Clave Única de Identidad.