COLIMA, Col. (apro).- La senadora perredista Angélica de la Peña Gómez planteó que la Procuraduría General de la República (PGR) informe sobre los avances en las investigaciones del caso de la red internacional de tráfico de menores que operaba en los estados de Jalisco, Colima y Aguascalientes, ofreciendo a niñas y niños en adopción a parejas extranjeras. A través de una iniciativa de punto de acuerdo, la legisladora federal propuso que el Senado exhorte a la dependencia a remitir un informe sobre ese caso que se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia para su dictaminación. El asunto fue retomado por De la Peña Gómez para argumentar su rechazo a que se otorguen recursos públicos a Vida y Familia A.C. (Vifac), organización antiabortista ligada a la Iglesia católica, presuntamente implicada en el supuesto tráfico internacional de menores a través de la adopción. En su propuesta de punto de acuerdo, la senadora recordó que en el Presupuesto de Egresos de Chihuahua para el ejercicio 2018 se incluyó una partida de 500 mil pesos para el programa “Saber amar”, con el que Vifac promueve en las escuelas la prevención del embarazo “desde la perspectiva de la abstinencia y la postergación”. “Pese a que Vifac se autodenomina una asociación civil sin fines de lucro, la realidad es que forma parte de un conglomerado de grupos de antiabortismo católico y recibe apoyo no sólo de empresarios y políticos; en los últimos años ha recibido dinero público de diferentes entidades federativas que han contemplado dentro de sus partidas presupuestales una cantidad destinada a esta organización”, señaló. Por lo anterior, la legisladora propuso que el Senado de la República exhorte a los 32 congresos de las entidades federativas a “respetar en todo momento el principio de laicidad contenido en nuestra Constitución, así como garantizar lo establecido en la Ley Federal del Fomento a las Actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, al momento de asignar recursos dentro de sus presupuestos estatales, siempre y cuando éstas no realicen proselitismo o propaganda con fines religiosos”. Asimismo, planteó exhortar al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una investigación exhaustiva acerca de los procedimientos de atención, apoyo, asesoría, capacitación, talleres y cursos, así como los programas educativos que realiza la asociación Vifac, a fin de que éstos sean diseñados e implementados de conformidad con el principio constitucional del Interés Superior de la Niñez, con la finalidad evitar las prácticas que violen sus derechos humanos. De la Peña también se pronunció por que se exhorte al gobernador de Chihuahua y al Congreso del estado a que retiren el recurso que le fue otorgado en el presupuesto de egresos de 2018 al programa "Saber Amar" de la asociación Vifac, “por contar con una averiguación previa, por parte de la Procuraduría General de la República, por supuesto tráfico de menores, y estar catalogada como una organización que realiza propaganda con fines religiosos en todo el país”. De acuerdo con el documento presentado por la senadora, desde 2006 la delegación de la PGR en el estado de Colima inició una averiguación previa en relación con ocho adopciones que se realizaron a favor de parejas irlandesas, en las que, según el delegado Tomás Coronado Olmos, “las dos principales organizaciones inmiscuidas en estas adopciones eran: SOS Bambinos y Vifac”. Conforme a las indagatorias, las personas implicadas contactaban a las mujeres embarazadas, de escasos recursos, a fin de darles un apoyo económico para, después de nacidas sus hijas o hijos, tomarles fotografías con fines publicitarios. Posteriormente los bebés se entregaban a parejas de origen irlandés, por medio de un proceso de adopción que se llevaba a cabo en Colima. “La Fundación de Niños Robados y Desaparecidos (FIND), que ha denunciado durante décadas las anomalías e ilegalidades en torno al manejo de las y los niños institucionalizados en Jalisco, interpuso denuncia penal ante la PGR y la Procuraduría de Justicia del estado de Colima. En dicha denuncia se señala a 12 parejas irlandesas y funcionarios públicos de diferentes dependencias federales y estatales, por actos de acción y omisión al haber avalado los procedimientos de adopción sin haber cumplido los procedimientos legales”. La propuesta de punto de acuerdo refiere, además, que un abogado acusado de ser el líder de una banda de tráfico de menores --que tramitaba adopciones de niños en Jalisco y Colima-- acusó a una trabajadora social de Vifac de ser el enlace con las madres biológicas que supuestamente vendían a sus hijos e hijas. Después de 12 años de iniciada la averiguación previa, en la PGR no se han conocido los hallazgos de esas investigaciones, por lo que la senadora Angélica de la Peña propuso que el Senado pida a la institución un informe sobre los resultados.