CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización campesina Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) denunció hoy la ausencia de avances y de voluntad política respecto a la desaparición –“forzada”, según sus integrantes-- de dos comuneros oaxaqueños el pasado 27 de diciembre, y el encarcelamiento –por fines políticos, todavía según ellos-- de María Ana Ochoa Castillo, originaria del ejido de San Nicolás, en Querétaro, desde hace un año. Álvaro Bernardo Cruz Pérez y Federico Cruz Morales, respectivos presidente del Comisariado de Bienes Comunales y Secretario del Consejo de Vigilancia de la comunidad de San Miguel Cajonos, en Oaxaca, están desaparecidos desde el pasado 27 de diciembre, fecha en la que estalló un enfrentamiento violento con comuneros de la comunidad vecina de San Pedro Cajonos. De acuerdo con recortes de prensa local, en el enfrentamiento perdieron la vida dos comuneros de San Pedro Cajonos, los dos comuneros de San Miguel desaparecieron y dos más fueron heridos, mientras que siete personas fueron detenidas; las autoridades estatales atribuyen el conflicto a una disputa por recursos forestales. Los pobladores de San Miguel Cajonos negaron la responsabilidad de las muertes. Afirmaron que ellos fueron atacados por un grupo de traficantes de madera de San Pedro, quiénes estaban talando árboles en la zona. “Han pasado 83 días y me preocupa saber en qué condiciones está mi papá. Mi familia la ha pasado mal”, dijo con la mirada firme Obed Cruz Ortega, el hijo de Cruz Pérez. La voz del joven se quebró; respiró hondamente y, tratando de impedir que las lágrimas corrieran, insistió: “yo necesito saber de él”. El abogado Leonel Rivero Rodríguez, quien acompaña a la CNPA en estos dos casos, deploró que en lugar de buscar a los comuneros vivos, las autoridades oaxaqueñas presuman su muerte. Juan Ochoa, por su parte, clamó la inocencia de su hermana, la ejidataria queretana María Ana Ochoa Castillo, y denunció que las autoridades estatales encarcelaron a su familiar como un favor a Gustavo Pérez Rojano, exregidor del municipio de Tequisquiapan –del que depende el ejido San Nicolás-- quién busca ahora la presidencia del municipio por el PAN. Ochoa Castillo forma parte de un grupo de ejidatarios que se opone a la perforación de pozos que realiza la familia Pérez Rojano en la región y que se amparó contra la adjudicación de tierras del predio Centenario la Soria a la familia panista. La mujer, de 40 años, se encuentra en “detención preventiva” en el penal de San Juan del Río desde el 17 de febrero de 2017, acusada del delito de despojo. Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de la CNPA, sostuvo que Ochoa Castillo fue arrestada en casa de su madre por policías vestidos de civiles, y reiteró que se trata de una presa política. Recordó que, a raíz de las protestas que realizó la organización agrarista en enero y del 5 al 9 de marzo pasados, la Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió a revisar los casos; sin embargo, lamentó la “poca sensibilidad” en general del gobierno federal.