CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ximena Puente de la Mora presentó el pasado 18 de marzo su renuncia, con carácter de irrevocable, como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) –un organismo autónomo–, para buscar una diputación plurinominal bajo las siglas del PRI, aunque no es militante. Pese a que su encargo concluía hasta el 31 de marzo, la expresidenta de dicho Instituto adelantó una semana su dimisión al entregar una carta dirigida a Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, en la que defendió su labor: “La generación de la que formé parte en el Instituto tuvo la oportunidad histórica de desarrollar su encomienda en el momento en que el Poder Revisor de la Constitución redimensionó los Derechos Humanos, especialmente los que nos ha correspondido tutelar”. El pasado domingo fueron difundidos los nombres de los candidatos del PRI al Congreso de la Unión. Puente de la Mora fue inscrita en el número seis de la lista de la quinta circunscripción por Colima, su estado natal, como diputada plurinominal. Ximena Puente fue comisionada presidenta del INAI de mayo de 2014 a mayo de 2017. Entre los últimos asuntos que presentó ante el pleno del INAI se recuerda el proyecto por el que se ordenó al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) difundir los informes y anexos de los años 2007, 2008 y 2016 de la administración de bienes muebles de procedimientos penales transferidos por la Procuraduría General de la República (PGR) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). La renuncia de la ahora exfuncionaria generó diversas reacciones en las redes sociales, donde cuestionaron su presunta opacidad en favor del gobierno federal y del PRI, partido que la abanderará en las próximas elecciones del 1 de julio. De acuerdo con información del portal Animal Político, como comisionada del INAI, Puente votó resoluciones que favorecieron al gobierno federal. Por ejemplo, en noviembre de 2017, votó a favor de mantener en secreto la información sobre la compra que hizo Emilio Lozoya cuando era titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la planta Agro Nitrogenados por 275 millones de dólares. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió sobrecostos en la compra y dijo que 60% del complejo era chatarra. Además, la hoy aspirante a diputada federal votó, junto con otros dos comisionados en favor de la Presidencia para mantener cerradas las bitácoras de vuelo de los helicópteros de la flota presidencial. Entonces, argumentó que difundir esa información vulneraba la seguridad del presidente Peña Nieto. En noviembre de 2016, contendió para ser titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, presuntamente por pacto del PRI y PAN. Sin embargo, legisladores de ambos partidos lo desmintieron y días después, ella retiró su candidatura. El argumento de su “decisión personal” fue “contribuir a que se construyan, a la brevedad los acuerdos necesarios para que esta Fiscalía opere con fuerza y a plenitud”. Tras la renuncia de Ximena Puente, este martes el presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, pidió que el Congreso de la Unión modifique la Constitución para que en su artículo 55 exista una “cláusula de enfriamiento” que impida que en el futuro los comisionados del Instituto salten a puestos de elección popular, sin dejar pasar un tiempo de terminado su encargo.