CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documentó 391 ataques contra defensores del medio ambiente de 2010 a diciembre de 2017, de los cuales 342 (87.5%) ocurrieron en el gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con un reporte de la organización dado a conocer este lunes, los defensores del agua y los que se enfrentan a consorcios mineros son quienes han sufrido las mayores agresiones. Sólo entre junio de 2016 y diciembre del año pasado, apuntó, se registraron 88 ataques contra los activistas, 29 de los cuales perdieron la vida. Entre 2010 y 2012 el Cemda registró 49 agresiones, pero a partir del primer año de gobierno de Peña Nieto la violencia se acrecentó. Así, en 2013 la cifra superó los ataques ocurridos en los dos años anteriores, al sumar 53, mientras que en 2014 el número subió a 89 casos y un año después descendió a 78. Para 2016 y 2017 las agresiones contra ambientalista habrían disminuido, al reportarse 74 y 48 casos, respectivamente. Según el reporte del Cemda, entre junio de 2016 y diciembre del año pasado se contabilizaron 88 ataques, y el mayor número de denuncias fueron presentadas en el Estado de México, con diez, seguido de Oaxaca y Puebla, con ocho en cada entidad, y Sonora con seis. La organización precisa que en cada caso registrado puede haber más de una agresión, de tal manera que esos 88 ataques se convirtieron en 110, siendo los físicos los más recurrentes, con 18%; criminalización, 16%, y homicidio, con 15%. Califica “de suma gravedad” que representantes de los tres niveles de gobierno sean considerados “el principal agresor contra las personas defensoras de los derechos humanos ambientales”, tomando en cuenta que 36% de los ataques provino de dichas autoridades. De las 110 agresiones arriba señaladas, en 57% de los casos se identificó a autoridades estatales como autores de las mismas, mientras que en 26% se señaló a servidores públicos municipales, y en 17% a autoridades federales. “Durante este periodo (2016-2017) se pudo observar un mayor nivel de violencia con relación a los años anteriores en los ataques en contra de los defensores, incrementándose los casos de agresiones físicas, la criminalización y el homicidio”, puntualiza. En cuanto a los homicidios, el Cemda ejemplifica con el caso de Isidro Baldenegro, el indígena rarámuri que fue galardonado con el premio Goldman por su labor en defensa del bosque y el territorio. Baldenegro fue asesinado en enero de 2017 en la comunidad Coloradas de la Virgen, Chihuahua, donde los pobladores se organizaron a partir de 1980 para protestar contra los taladores. Y por primera vez el Cemda incluyó en su documento un capítulo sobre la situación de mujeres defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, “quienes se enfrentan a un contexto de mayor discriminación y vulnerabilidad, lo cual obstaculiza su labor como defensoras, además de que son víctimas de varios tipos de violencia que producen impactos diferentes en su persona”, resalta. Para la organización es cada vez más preocupante la situación de amenaza y violencia contra los defensores ambientalistas en México, porque “el Estado no está tomando las acciones necesarias, contundentes, ni de relevancia, para generar una política de protección”. De igual manera, considera que el instrumento para atender la violencia contra los defensores --el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas--, a cargo de la Secretaría de Gobernación, “no resuelve el problema de fondo que provoca el conflicto social y el riesgo”. En su informe, el Cemda hace seis recomendaciones a las autoridades, entre ellas “alinear y armonizar el marco legal, así como las políticas públicas del sector agropecuario, ambiental, de agua y de pueblos indígenas, bajo un enfoque de derechos humanos”, así como incorporar la perspectiva de género en la legislación ambiental y en las políticas públicas. También, garantizar el derecho a los pueblos y comunidades indígenas “al consentimiento previo, libre e informado”, y suspender proyectos de desarrollo “cuando existan evidencias de ataques y agresiones contra las y los defensores ambientales”. Asimismo, sugirió realizar “las evaluaciones de impacto social y ambiental en las primeras etapas del proyecto para poder conocer el nivel de riesgos y desafíos existentes en la región”, fortalecer presupuestariamente el Mecanismo de Protección para su funcionamiento y garantizar el derecho a la reparación integral del daño. Finalmente, pide al Estado mexicano que adopte el Tratado Regional sobre Acceso a la Información, Participación y Justicia en materia ambiental, que entre sus consideraciones incluye disposiciones para la protección de defensores del medio ambiente, que pueden servir como base de una política pública en la materia.