CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los responsables del servicio público, profesionales de la salud y el resto de la población deben garantizar el respeto a los derechos humanos de las niñas y mujeres con discapacidad que, por su condición, enfrentan una doble discriminación. Así lo señaló Adriana Soto Andalón, jefa del Departamento de Salud del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), al precisar que se trata de un sector de la población que ha vivido marginado, “invisibilizado”. “Se impone la tarea de diseñar políticas públicas a corto, mediano y largo plazos, dirigidas a combatir las causas históricas y estructurales que impiden y obstaculizan su desarrollo al limitarlas, segregarlas, discriminarlas y excluirlas en diversos ámbitos como la escuela o la familia”, refirió. Durante su participación en la mesa “Las necesidades de la salud de las mujeres con discapacidad”, organizada por el Seminario Permanente de Género y Salud en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la especialista explicó que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad refiere que en ese concepto se incluye a quienes presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Se mencionan cinco tipos: física o motriz; auditiva; visual; mental o psicosocial (como depresión, esquizofrenia), e intelectual (alteración en el desarrollo caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en conductas adaptativas; por ejemplo, quienes sufren síndrome de Down). Hay personas que presentan múltiples discapacidades, abundó. En su oportunidad, Verónica López, titular de la División de Unidades de Rehabilitación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mencionó que hay situaciones y grados diversos de funcionalidad y, por ende, de la forma en que se expresa la discapacidad; por ello, la necesidad de acceso a los servicios es diferente. Por ejemplo, la discapacidad mental o intelectual requiere adherencia a tratamientos y redes de apoyo, acotó. María Juana Soto Santana, del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, lamentó que las necesidades específicas de atención en la salud para las diferentes discapacidades no estén contempladas en las políticas públicas. Se requiere, por ejemplo, fortalecer el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres en esa condición. Hay que poner en la mesa esa problemática y hacer las políticas con igualdad y equidad, destacó en el auditorio Fernando Ocaranza la deportista paralímpica mexicana con más medallas en juegos oficiales internacionales. Adriana Soto Andalón recordó que en 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que 15% de la población del planeta presenta una condición de discapacidad. Y el aumento de esa cifra, dijo, se debe al proceso de envejecimiento y al incremento de enfermedades crónicas. En México, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, hay 7.1 millones de personas con alguna condición de discapacidad, es decir, 6% de la población total (3.3 millones de hombres y 3.8 millones de mujeres. El Censo de Población y Vivienda 2010 reportó que la principal causa de limitación en la actividad es por enfermedad, en 42.5% de las mujeres y en 36.2% de los hombres; por edad avanzada, en 25.9 y 20.2%, respectivamente, y en 11.3 y 18.8%, por accidente. La discapacidad femenina más común es la motriz, en 62.2% de los casos, resaltó. Por fortuna, ya hay un marco normativo que señala que las personas con discapacidad deben tener garantizados sus derechos, y México ha suscrito convenciones e instrumentos internacionales, como la mencionada Convención, donde se ha comprometido a generar acciones para que así suceda, expuso la experta. Luego de puntualizar que aún hay necesidades insatisfechas, Verónica López detalló que una encuesta reciente acerca de personas con trastornos mentales graves refiere que entre 35 y 50% en países desarrollados, y entre 76 y 85% en países en desarrollo, no recibieron tratamiento en el año anterior del estudio. En muchas ocasiones hay una oferta limitada de servicios, no hay equipos especializados, hay obstáculos físicos, además de aptitudes y conocimientos inadecuados del personal sanitario. Ante ello, se debe identificar claramente a la población con alguna discapacidad; evaluar políticas vigentes y mejorar el acceso e inclusión para ese sector de la población, concluyó.