CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) urgió a la Procuraduría General de la República (PGR) a establecer responsabilidades puntuales en la investigación sobre el ataque armado a una familia de Nuevo Laredo, la noche del 24 al 25 de marzo, hechos atribuidos a efectivos de la Secretaría de Marina (Semar). En un pronunciamiento signado por su representante, Jan Jarab, también reprobó la pretensión de la dependencia de evadir su responsabilidad y de calificar como “hecho circunstancial” la tragedia en la que murieron dos niñas y su madre y resultaron lesionados el padre y una sobrina menor de edad. “Las medidas disciplinarias que fueran pertinentes y la investigación de la PGR debe incluir quién efectuó los disparos, quién ordenó disparar y quién, cuándo y cómo se realizó el informe de lo sucedido”, considerando que “en los días siguientes a los hechos no se informa de las personas muertas y heridas por los disparos realizados desde un helicóptero”, apuntó el organismo. Jan Jarab recordó que las fuerzas armadas mexicanas están sujetas a la aplicación de los “Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego” de Naciones Unidas. Sin embargo, dijo, “la información hecha pública por la Semar que niega que se hubiera realizado disparos desde el aire y luego la que atribuye la causa de las muertes por disparos de efectivos de la Semar a la presencia de grupos delincuenciales, irían en contra de estas obligaciones”. Tras advertir que no es la primera ocasión en que “un uso excesivo de la fuerza provoca la muerte de civiles ajenos a los hechos violentos, incluso en Nuevo Laredo”, el representante de la ONU-DH destacó que esos errores no han impactado en un cambio en la estrategia del gobierno mexicano en el combate al crimen organizado. “La gravedad de lo sucedido debe conducir a la superación del paradigma militar de la seguridad y de cualquier posible acción de encubrimiento”, apuntó. Aunque consideró “positivo” el comunicado de reconocimiento de responsabilidad la Semar, divulgado después de que la PGR confirmó la participación de marinos en la muerte y lesiones de la familia Flores Ruiz, Jan Jarab lamentó que la dependencia calificara como “hecho circunstancial” la muerte de dos niñas y la madre y que “el comunicado no ofrezca ninguna disculpa por haber pretendido evadir su responsabilidad en declaraciones anteriores”. El organismo de la ONU expresó su preocupación porque “se haya querido criminalizar y desprestigiar a las víctimas y defensores de derechos humanos de la localidad”, de manera particular al personal del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), presidido por Raymundo Ramos Vázquez, representante de las víctimas. Al expresar sus condolencias a la familia agredida y solidaridad al CDLNL, además de demandar medidas de protección para ambos, la ONU-DH puntualizó que “la familia tiene derecho a la verdad, la justicia y la reparación, que no se reduce a una atención médica y una indemnización económica”.