CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre 2011 y 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dejó sin castigo a 92.2% de las denuncias que recibió y cobró 158 millones de pesos en sanciones económicas, apenas 0.45% de los 34 mil 855 millones de pesos del total de multas que impuso a funcionarios públicos, señaló un estudio que publicó hoy el colectivo ImpunidadCero. Elaborado por el académico Luis Darío Ángeles González, el estudio recopiló una serie de datos estadísticos aterradores sobre las sanciones en la administración pública y llegó a la conclusión de que, si bien cada año miles de servidores públicos interponen denuncias ante los Órganos Internos de Control, la enorme mayoría de éstas se pierde en la maquinaria burocrática. De acuerdo con el documento, entre 2011 y 2016, la SFP sancionó un promedio de 13.4% de las quejas que recibió. De éstas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló 41.8%, por lo que solamente 7.8% de las denuncias desembocaron en una sanción. En 40% de los casos, las sanciones impuestas durante el mismo lapso resultaron amonestaciones públicas o privadas, es decir, simples jalones de orejas, y solo cuatro de cada 10 sanciones tuvieron el carácter de “firme”, mientras que las otras seis pasaron a controversia. Al igual que la procuración de justicia, la principal falla del sistema de justicia administrativa se encuentra en la mala integración de expedientes que, a su vez, genera la nulidad de las sanciones, abundó el documento. El autor recordó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla una lista de faltas consideradas como graves –entre ellos el cohecho, el peculado, el desvío de recursos públicos, la contratación indebida, el tráfico de influencias o el encubrimiento–, pero que esta ley “no establece parámetros claros para determinar qué sanción corresponde a qué conducta”.