CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La epidemia de sobrepeso y obesidad, flagelos que afectan a siete de cada 10 adultos mexicanos, provocan la muerte de más de 100 mil personas cada año y representan un gasto de más de 240 mil millones de pesos, simplemente no aparece en la agenda electoral, deploró hoy el colectivo Alianza para la Salud Alimentaria (ASA). Para revertir esta situación, la persona que encabece el gobierno federal a partir del próximo 1 de diciembre tendrá que implementar una Ley General contra la Obesidad y el Sobrepeso, respaldada por un fondo específico, aseveró el colectivo al presentar un plan de trabajo para el sexenio entrante. Este documento plantea, entre otros, la implementación de nuevas regulaciones –un incremento del impuesto a los alimentos dañinos y un mejor sistema de información–, la reducción de la publicidad destinada a los niños, el incentivo a la agricultura de pequeña escala, así como un control más estricto de la venta de comida chatarra y refrescos en las escuelas y la promoción de actividades físicas. El colectivo advirtió que el próximo gobierno deberá evitar que los poderosos grupos de la industria refresquera y de la comida chatarra echen a perder el esfuerzo. La ASA elaboró el documento porque consideró que fracasó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD) -la iniciativa que lanzó el gobierno de Enrique Peña Nieto en octubre de 2013- y que el tema quedó olvidado en las propuestas de los cinco candidatos a la Presidencia de la República. EPC señaló que la ENSOD tiene profundas fallas, entre ellas: un deficiente etiquetado frontal, que desinforma los consumidores; un débil marco regulatorio sobre la publicidad dirigida a los niños; o un insuficiente impuesto a los refrescos –propone que, de 10%, se eleve a 20%–; y, más grave, la ausencia de un cuerpo científico para elaborar sus lineamientos. Una estrategia eficaz, subrayó el colectivo en su documento, debe revertir el “ambiente obesogénico” que existe en el país, el cual se caracteriza por la omnipresencia de productos ultraprocesados y cargados en grasas en azúcar, la ausencia de etiquetados que informen a los consumidores sobre lo que ingieren. Sin embargo, terminar con el ambiente obesogénico implica tocar los intereses de la industria, que se entrometió en las políticas públicas para combatir las medidas que reducirían el consumo de comida chatarra y refrescos, como lo denuncia la organización El Poder del Consumidor (EPC) desde hace cinco años. El poder de la industria quedó ilustrado a principios de 2017, cuando el Citizen Lab reveló que dos activistas y un científico del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), todos promotores del impuesto a los refrescos, fueron víctimas de tentativas de espionaje mediante el software espía Pegasus, que la empresa israelí NSO Group vende únicamente a agencias gubernamentales.